El tribunal impone a las acusaciones populares pagar la defensa de un PP condenado por la caja b

Las cinco acusaciones populares personadas en el juicio recibieron el jueves una de cal y otra de arena. Lograron que la Audiencia sentenciara a B¨¢rcenas y al PP, as¨ª como a los dos due?os de la empresa de arquitectura que ejecut¨® la obra de G¨¦nova, Unifica. Pero el tribunal tambi¨¦n conden¨® a las acusaciones populares a pagar las costas de la defensa de la formaci¨®n conservadora y de uno de los cinco procesados ¡ªLaura Montero, trabajadora de Unifica, que result¨® absuelta¡ª.

Una decisi¨®n de la Audiencia que han recibido con sorpresa las acusaciones populares, que impulsaron con fuerza la investigaci¨®n de esta derivada del caso G¨¹rtel y cuya iniciativa permiti¨® reabrir la parte de la causa que a¨²n sigue en instrucci¨®n, sobre las supuestas donaciones de empresarios a la caja b a cambio de la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica.

En su resoluci¨®n, los magistrados concluyen que estas cinco acusaciones actuaron con ¡°temeridad y mala fe procesal¡±. En referencia al PP, por ejemplo, el tribunal afirma que pidieron ¡°condenas indemnizatorias¡± por ejercicios fiscales ¡°prescritos¡±; y solicitaron penas por delitos sobre los que no estaban ¡°legitimadas¡± para ejercer la acci¨®n en solitario ¡ªporque la Fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado no ve¨ªan ah¨ª irregularidades¡ª. Por otra parte, en referencia a Montero, a la que el ministerio p¨²blico y la Abogac¨ªa del Estado no atribu¨ªan ning¨²n delito, los magistrados insisten en que las acusaciones populares mantuvieron hasta el final peticiones de penas ¡°exacerbadas¡±, de hasta 19 a?os de prisi¨®n, aunque en la ¨²ltima fase de la vista oral todas decidieron retirarlas.

Pese a ello, el tribunal condena a las cinco acusaciones a pagar de forma ¡°proporcional¡± el coste de la defensa del PP, pese a que este ha acabado sentenciado como responsable civil subsidiario a abonar 123.669 euros; y la de Laura Montero. Entre las acusaciones populares se encuentran IU; la Asociaci¨®n de Abogados Dem¨®cratas por Europa (Adade), vinculada al PSOE; y el Observatori DESC, representada por el abogado Gonzalo Boye, letrado tambi¨¦n del expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont. Estas estudian ahora si recurren al Tribunal Supremo, seg¨²n confirman diferentes fuentes jur¨ªdicas.

Fuentes de IU detallan que su intenci¨®n es recurrir la decisi¨®n de que tengan que pagar los abogados del PP, pero que a¨²n estudian si har¨¢n lo mismo respecto a los gastos derivados de la defensa de Montero. Boye apunta que pedir¨¢ a los jueces una aclaraci¨®n de sentencia, ya que Desc intent¨® retirar al inicio del juicio la acusaci¨®n contra Montero, ¡°pero lo rechaz¨® la Sala¡±, as¨ª que ¡°lo hicimos en la fase de conclusiones nuevamente¡±.

La sentencia de la Audiencia Nacional, que llega despu¨¦s de que el Gobierno impulsara el pasado a?o una reforma para impedir a partidos y sindicatos ejercer la acusaci¨®n popular, se encuentra mucho m¨¢s cerca de las pretensiones de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y de la Abogac¨ªa del Estado. Aun as¨ª, todos solicitaban penas mayores que las impuestas finalmente por el tribunal. Para B¨¢rcenas, sentenciado a dos a?os de c¨¢rcel, la Fiscal¨ªa planteaba cinco a?os de prisi¨®n; y la Abogac¨ªa, tres a?os. Para los due?os de Unifica, condenados a dos a?os y nueve meses, el ministerio p¨²blico ped¨ªa tres a?os y 10 meses; y la Abogac¨ªa, cinco a?os y nueve meses. Y para Crist¨®bal P¨¢ez, exgerente del PP y que ha resultado absuelto, la Fiscal¨ªa solicitaba 18 meses de prisi¨®n, y la Abogac¨ªa, un a?o.