La comisi¨®n de investigaci¨®n sobre enchufismo en la Junta culmina antes de las elecciones auton¨®micas

El popular Juan Manuel Moreno inici¨® la ¨²ltima campa?a electoral andaluza, en 2018, delante de un prost¨ªbulo sevillano donde un directivo de la Fundaci¨®n Andaluza de Formaci¨®n y Empleo (Faffe), un ente p¨²blico, pag¨® con una tarjeta de cr¨¦dito de la Junta consumos indeterminados. Y va a comenzar la pr¨®xima campa?a, a¨²n sin fecha, con un regalo debajo del brazo: las conclusiones de la investigaci¨®n que durante tres a?os ha realizado una comisi¨®n parlamentaria en la que todos los grupos, salvo el PSOE, coinciden en el nombre de Manuel Chaves como m¨¢ximo responsable pol¨ªtico de una fundaci¨®n que est¨¢ siendo investigada en los juzgados por enchufismo y uso fraudulento de dinero p¨²blico.

El nombre de Chaves aparece en todas las propuestas de dictamen registradas este jueves por cuatro de los cinco grupos parlamentarios a la hora de fijar las responsabilidades pol¨ªticas, tras la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la Faffe, una instituci¨®n p¨²blica destinada al asesoramiento y formaci¨®n de los desempleados desde 2003 hasta 2011, fecha en la que se liquid¨®. El PSOE deja fuera a todos los ex altos cargos de los anteriores gobiernos socialistas y solo apunta al exdirector de la Faffe, Fernando Vill¨¦n, quien est¨¢ siendo juzgado por usar tarjetas de cr¨¦dito institucionales en gastos por unos 32.000 euros en 12 fiestas en prost¨ªbulos de Sevilla, C¨¢diz y C¨®rdoba.

Lo m¨¢s llamativo de las conclusiones es que PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalici¨®n en Andaluc¨ªa, difieren a la hora de establecer las responsabilidades pol¨ªticas. El partido liberal deja fuera en su listado a la expresidenta Susana D¨ªaz, a la que apoy¨® desde el Parlamento en la anterior legislatura. ¡°Fue una p¨¦sima gestora, pero no podemos considerarla responsable porque cuando ella era presidenta, la Faffe ya se hab¨ªa liquidado. No ha sido la precursora y colabor¨® en la comisi¨®n¡±, ha dicho la portavoz de Cs, Teresa Pardo.

Por el contrario, para el PP D¨ªaz ¡°no colabor¨®¡± cuando los juzgados requirieron informaci¨®n a la Junta ni impuls¨® los expedientes de reintegro de subvenciones. La portavoz popular en la comisi¨®n, Ana Vanesa Garc¨ªa, ha cuantificado en 115 millones de euros los gastos que a¨²n est¨¢n pendientes de verificaci¨®n, aunque el d¨ªa anterior el portavoz del grupo, Jos¨¦ Antonio Nieto, asegur¨® que hab¨ªa habido un ¡°derroche¡± de 480 millones de euros que ¡°o bien se lo llevaron algunos o se malgast¨® en decisiones incomprensibles¡±.

El PP se?ala en sus conclusiones como responsables pol¨ªticos a los tres ¨²ltimos presidentes de la Junta (Manuel Chaves, Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y Susana D¨ªaz) y a ocho exconsejeros de las ¨¢reas de Empleo y Hacienda: Mar¨ªa Jes¨²s Montero ¡ªactual ministra de Hacienda¡ª, Jos¨¦ Antonio Viera, Antonio Fern¨¢ndez, Manuel Recio, Jos¨¦ S¨¢nchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio ?vila. ¡°La Faffe fue impulsada, tolerada y protegida por el PSOE. Sus presidentes lo conoc¨ªan y fueron pasivos con la corrupci¨®n y, por la tanto, c¨®mplices¡±, ha asegurado Garc¨ªa, quien junto con el diputado Erik Dom¨ªnguez ha llevado el peso de los trabajos por parte del PP.

Ciudadanos incluye a Chaves y a Gri?¨¢n y a los exconsejeros Montero, Antonio Ram¨ªrez de Arellano y Javier Carnero, estos dos ¨²ltimos actuales diputados socialistas en el Parlamento andaluz. Pero este grupo no incorpora ninguna cifra de supuesto dinero malversado. ¡°Hab¨ªa un plan para huir de la legalidad, pero no hemos incluido ninguna cifra porque ser¨¢n los jueces los que tendr¨¢n que delimitar¡±, ha dicho el diputado de Cs Juan de Dios S¨¢nchez. Ciudadanos tambi¨¦n deja su toque propio y de diferenciaci¨®n con su coaligado en el apartado de las recomendaciones al instar al gabinete jur¨ªdico de la Junta a prestar ¡°su m¨¢xima colaboraci¨®n con toda investigaci¨®n judicial sobre posible enchufismo en la Junta de Andaluc¨ªa¡±. Los servicios jur¨ªdicos de la Junta se han opuesto a remitir al juzgado los contratos de todos los trabajadores de la fundaci¨®n como ha pedido Vox.

Los grupos ponen negro sobre blanco no solo el gasto en clubes de alterne, sino contrataciones supuestamente irregulares de personas vinculadas con el PSOE, o la firma de contratos blindados de alquileres de oficinas durante 15 a?os por importe de 1,4 millones de euros cuatro meses antes de que la Faffe se liquidara, o expedientes de subvenciones sin visar. La mayor¨ªa de esas cuestiones est¨¢n siendo investigadas por los juzgados sin que hasta el momento haya habido una resoluci¨®n en firme.

Declaraci¨®n de 84 extrabajadores

D¨ªas atr¨¢s, 84 trabajadores de la extinta Faffe fueron llamados a declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por orden del juez de refuerzo de Instrucci¨®n N¨²mero 6 de Sevilla, Jos¨¦ Ignacio Vilaplana, que investiga una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) sobre el posible enchufismo en la fundaci¨®n andaluza. Entre las personas citadas estaba Carmen Ivanco, esposa del candidato socialista a la Junta, Juan Espadas. Fue contratada en la Faffe en 2007. Se present¨® a una convocatoria p¨²blica y su contrato lo firm¨® cuando a¨²n el plazo de presentaci¨®n de solicitudes no hab¨ªa terminado. Cuando Faffe se liquid¨® sus 1.058 trabajadores pasaron a formar parte de la plantilla del Servicio Andaluz de Empleo, donde no pueden ejercer potestades administrativas al no ser funcionarios.

Unidas Podemos (UP) considera que la responsabilidad pol¨ªtica del ¡°c¨²mulo de corruptelas¡± ocurridas est¨¢ en la Consejer¨ªa de Empleo, un departamento ¡°epicentro¡± de los fraudes de los ERE y de los cursos de formaci¨®n, investigados en anteriores legislaturas una vez que el PSOE perdi¨® la mayor¨ªa absoluta. Los diputados de UP dejaron de participar en la comisi¨®n de investigaci¨®n de la Faffe hace varios meses porque consideraron que los trabajos ¡°no eran de provecho¡± y que la informaci¨®n era la misma que la de anteriores comisiones: ¡°No vigilaron que las cosas se hicieran adecuadas a la ley¡±, ha asegurado su portavoz, Inma Nieto.

Para este grupo, la responsabilidad pol¨ªtica in vigilando est¨¢ en el expresidente Chaves y los exconsejeros Viera, Fern¨¢ndez y Recio. Nieto ha sido muy cr¨ªtica con los ritmos de la comisi¨®n: se cre¨® a principios de la legislatura a petici¨®n de propio Gobierno de PP y Cs y con el apoyo de todos los grupos, pero los calendarios de las comparecencias han estado acompasados a campa?as electorales hasta estirarlos a final del actual mandato.

Chaves, por ejemplo, fue llamado a declarar 48 horas antes de la campa?a de las elecciones generales de noviembre de 2019. Acudi¨®, pero se acogi¨® a su derecho a no declarar al considerar su comparecencia una maniobra electoral. El due?o del club de alterne Don ?ngelo compareci¨® al Parlamento el mismo d¨ªa del arranque de esa campa?a. Nieto reproch¨® a PP, Cs y Voz que el final de los trabajos de la comisi¨®n se produzca ¡°con los tambores electorales¡±.

El PSOE no cita a ning¨²n responsable pol¨ªtico en su dictamen. Para este grupo, la comisi¨®n ha sido un ¡°parip¨¦¡±, ¡°una p¨¦rdida de tiempo¡± y ¡°sin concreci¨®n real¡± porque al convivir con procesos judiciales abiertos hay hechos que no han podido ser investigados, seg¨²n su portavoz, Soledad P¨¦rez. La diputada socialista ha defendido los procedimientos de contrataci¨®n en la Fundaci¨®n, la ¡°calidad¡± de sus trabajos y el cumplimiento de los controles preceptivos. Tambi¨¦n se ha quejado de que se vetara la petici¨®n del PSOE para que comparecieran auditores y t¨¦cnicos y se ha mostrado convencida de que una vez que el dictamen se debate en un pleno parlamentario ¡°se convocar¨¢n las elecciones¡±.

El presidente de la comisi¨®n, Enrique Moreno (Cs), es ahora quien tiene en su mano acelerar el debate. Dispone de un m¨¢ximo de 20 d¨ªas para elaborar el dictamen, al que los grupos pueden presentar alegaciones en 15 d¨ªas. Su intenci¨®n es que el debate final se celebre a finales de marzo o principios de abril, seg¨²n afirm¨® el pasado martes a la agencia Efe. Aunque la fecha electoral no est¨¢ fijada, si el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, disuelve el Parlamento antes de que el dictamen se apruebe decaer¨¢ todo el trabajo.