Condenado el exconsejero andaluz Antonio Fern¨¢ndez a siete a?os de c¨¢rcel por una causa de los ERE
Se trata de la segunda sentencia de la macrocausa, tras el enjuiciamiento de la pol¨ªtica, que corresponde a una pieza separada por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco)
La macrocausa del caso de los ERE que, despu¨¦s de m¨²ltiples archivos y prescripciones, engarza 132 piezas separadas, mengua, aunque muy lentamente. Tras la pieza pol¨ªtica fallada en noviembre de 2019, la Audiencia de Sevilla ha dictado en la ma?ana de este viernes la segunda sentencia vinculada a la trama de ayudas fraudulentas. La secci¨®n tercera del tribunal ha condenado al exconsejero socialista de Empleo de la Junta, Antonio Fern¨¢ndez, a siete a?os de c¨¢rcel por las ayudas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), al considerarle como autor de un delito continuado de prevaricaci¨®n y un delito de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con otro de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, por su intervenci¨®n en la concesi¨®n de 2,9 millones de euros a (Acyco).
El tribunal ha sancionado tambi¨¦n al exconsejero socialista con otra pena de inhabilitaci¨®n absoluta de 17 a?os y 15 d¨ªas. Fern¨¢ndez ya hab¨ªa sido condenado a otros siete a?os y 11 meses de prisi¨®n por malversaci¨®n y prevaricaci¨®n continuada en la pieza pol¨ªtica de los ERE, en noviembre de 2019. La Audiencia de Sevilla concluy¨® entonces el macrojuicio con penas de prisi¨®n por un total de 68 a?os y de inhabilitaci¨®n por 258 a?os a dos expresidentes de la Junta de Andaluc¨ªa, Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n, y a 11 ex altos cargos de Gobiernos socialistas.
El exconsejero de Trabajo de la Junta entre 2004 y 2010 tiene, adem¨¢s, pendientes todav¨ªa varias causas abiertas por otras piezas separadas del mismo caso de corrupci¨®n. Su defensa recurri¨® su implicaci¨®n en el proceso por las ayudas a Acyco alegando que la secci¨®n s¨¦ptima hab¨ªa excluido a los ex altos cargos condenados en la causa pol¨ªtica por entender que no pod¨ªan volver a ser juzgados por los mismos hechos, pero la sala tercera rechaz¨® esa cuesti¨®n previa.
Adem¨¢s de Fern¨¢ndez, tambi¨¦n ha sido condenado a cuatro a?os de c¨¢rcel y a 10 de inhabilitaci¨®n absoluta el ex director general de Trabajo, Juan M¨¢rquez. Cinco implicados ajenos a la Junta tambi¨¦n han sido sancionados con penas de entre dos y cinco a?os de prisi¨®n, mientras que otros tres antiguos altos cargos de la Administraci¨®n ¡ªel exviceconsejero de Empleo, Agust¨ªn Barber¨¢; el ex director de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de la agencia IFA-IDEA, Miguel ?ngel Serrano¡ª, han quedado absueltos. Salvo Rivera, el resto tambi¨¦n fueron condenados en la pieza pol¨ªtica juzgada en noviembre de 2019. Los siete condenados por las ayudas a Acyco deber¨¢n indemnizar a la Junta con poco tres millones de euros, de manera conjunta y solidaria.
¡°Irregularidades e ilegalidades clamorosas¡±
Los hechos que se han juzgado ahora se remontan a 2003, cuando Fern¨¢ndez era viceconsejero de Trabajo y presidente del Consejo Rector del IFA. El 3 de julio de ese a?o, la empresa Acyco, radicada en Dos Hermanas (Sevilla), present¨® en la Delegaci¨®n de Empleo de Sevilla la solicitud de un ERE para la extinci¨®n de la relaci¨®n laboral de 35 trabajadores. El 23 de ese mismo mes se autoriz¨® el expediente de extinci¨®n de los contratos laborales. Los magistrados, en su sentencia de 332 p¨¢ginas, consideran probado que el respaldo econ¨®mico de la Junta para sufragar el coste de estas prejubilaciones, as¨ª como la inclusi¨®n en las mismas de dos ¡°intrusos¡± ¡ªpersonas que no re¨²nen las condiciones para ser beneficiarios de esas ayudas¨D se debi¨® ¡°exclusivamente¡± a la relaci¨®n personal que manten¨ªa la presidenta del consejo de administraci¨®n de Acyco con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero ¡ªel principal condenado en la macrocausa de los ERE y responsable ¨²ltimo de la administraci¨®n del sistema ¡°fraudulento¡± e ¡°ilegal¡± que provoc¨® un ¡°descontrol absoluto¡± sobre 680 millones de euros en ayudas sociolaborales¨D, y que, al fallecer en octubre de 2020, tambi¨¦n ha sido exculpado del caso Acyco.
La sala considera que las p¨®lizas correspondientes a esos dos intrusos ¡°fueron aceptadas y asumidas¡± por Guerreo ¡°con consentimiento y autorizaci¨®n¡± de Fern¨¢ndez, que entonces era presidente del consejo rector del IFA, que ¡°a la postre iba a ser la encargada del pago de la p¨®liza¡±. Ambos, se?ala la sentencia, conoc¨ªan que ese pago se hab¨ªa realizado ¡°sin la fiscalizaci¨®n del gasto por parte de los interventores de la Consejer¨ªa de Empleo¡±. Los magistrados tambi¨¦n destacan que las ayudas se concedieron ¡°sin previa solicitud formal de la empresa beneficiaria y sin instrucci¨®n de expediente y resoluci¨®n escrita¡±.
Todo este proceso se llev¨® a cabo a trav¨¦s de las famosas ¡°transferencias de financiaci¨®n¡±, el sistema de pago por el que se distribuyeron de forma fraudulenta los fondos destinados a los ERE, de acuerdo con la sentencia de la pieza pol¨ªtica de noviembre de 2019 y cuya definici¨®n y legalidad centr¨® buena parte de ese macrojuicio. Los magistrados sostienen que se hizo uso de ese mecanismo ¡°como sistema para eludir la aplicaci¨®n de las leyes de subvenci¨®n y conceder sin control alguno ayudas sociolaborales a empresas¡±.
Sobre el papel del exconsejero de Empleo, en la sentencia se recuerda que el importe de la subvenci¨®n a Acyco del que le dio cuenta Guerrero ¡°le hubiera obligado a presentar su concesi¨®n a la aprobaci¨®n y ratificaci¨®n del Consejo de Gobierno de la Junta, dada su condici¨®n de vicepresidente del consejo rector del IFA¡±, un paso que no se dio ¡°admitiendo una subvenci¨®n que sab¨ªa que carec¨ªa de fiscalizaci¨®n previa del gasto por parte de la Intervenci¨®n de la Consejer¨ªa, con lo que facilit¨® el desv¨ªo de fondos p¨²blicos a favor de particulares¡±.
¡°La ilegalidad era tan evidente¡±, contin¨²a el fallo, ¡°que tuvo que ser conocida y consentida por el citado viceconsejero [Fern¨¢ndez], puesto que ¡°se concedi¨® de forma verbal, omiti¨¦ndose la obligaci¨®n de registrar la subvenci¨®n en la base de datos establecida al efecto¡±. ¡°Nos encontramos ante irregularidades e ilegalidades clamorosas, de bulto, que evidencian el desprecio a normas de obligado cumplimiento y la arbitrariedad en la concesi¨®n de la ayuda a Acyco¡±, aseveran los magistrados.
Contra la sentencia emitida este viernes cabe interponer recurso de casaci¨®n. En el Tribunal Supremo est¨¢n pendientes de resolver interpusieron en su momento los condenados en la pieza pol¨ªtica contra una sentencia que cuestion¨® la pol¨ªtica de empleo desarrollada por distintos Gobiernos socialistas. Los magistrados consideraron que la antigua c¨²pula de la Junta urdi¨® ¡°un sistema fraudulento¡± con el que gestion¨® y reparti¨® ¡°sin control¡± un fondo de 680 millones para empresas en crisis.
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