El Parlamento andaluz dio a dedo un contrato de 263.000 euros que debi¨® admitir concurrencia
La empresa adjudicataria rechaza que fuera la ¨²nica conocedora del sistema inform¨¢tico, tal y como justific¨® la C¨¢mara auton¨®mica
El Parlamento de Andaluc¨ªa adjudic¨® a dedo el pasado julio un contrato por 263.219 euros con la empresa Guadaltel para el mantenimiento de su sistema inform¨¢tico, a pesar de que debi¨® admitir concurrencia p¨²blica de otras compa?¨ªas. La C¨¢mara auton¨®mica aleg¨® para justificar el dedazo que Guadaltel era la ¨²nica empresa que conoc¨ªa el software empleado, pero la propia firma aclara que cualquier otra puede manejarlo y actualizarlo, dado que los c¨®digos son de acceso libre y est¨¢n publicados en su p¨¢gina web.
¡°Nuestro software es de fuentes abiertas y no sabemos si es un error que el Parlamento haya justificado esto as¨ª o se han hecho un l¨ªo. Trabajamos con much¨ªsimas Administraciones y hay muchas empresas que evolucionan y mantienen nuestro software, es una realidad contrastable¡±, aclara una portavoz de Guadaltel, empresa sevillana con 35 a?os de experiencia, 180 empleados y delegaci¨®n en Chile.
La memoria justificativa del contrato, firmada el pasado noviembre por el jefe del servicio de inform¨¢tica del Parlamento andaluz, Fernando Gordillo, rezaba: ¡°La mencionada empresa [Guadaltel] es la ¨²nica que posee el c¨®digo fuente actualizado de las versiones espec¨ªficas del Parlamento y que da soporte a las mismas, por lo que se hace necesario, al no existir competencia por razones t¨¦cnicas, el procedimiento negociado sin publicidad¡±.
La redacci¨®n del dedazo para adjudicar de manera directa la plataforma integral del Parlamento -denominada suite G-ONCE- fue denunciada por un subjefe del departamento de inform¨¢tica el pasado 14 de febrero en un correo electr¨®nico dirigido a Gordillo: ¡°La tramitaci¨®n del expediente 15/2022 por el procedimiento negociado sin publicidad no est¨¢ bien justificada y por tanto se deber¨ªa replantear a un procedimiento abierto ahora que a¨²n se est¨¢ a tiempo¡±, alertaba el mensaje.
Dos meses antes de caer esta advertencia en saco roto, el subjefe hab¨ªa denunciado la adjudicaci¨®n directa ante la Fiscal¨ªa de Sevilla. M¨¢s tarde, cuando las pesquisas saltaron a la luz el pasado abril, la C¨¢mara auton¨®mica paraliz¨® el procedimiento de adjudicaci¨®n. Finalmente, tras siete meses de investigaci¨®n, el ministerio p¨²blico archiv¨® las pesquisas porque no observ¨® irregularidades en la tramitaci¨®n del contrato con Guadaltel.
?Qu¨¦ diligencias realiz¨® la Fiscal¨ªa al respecto? El fiscal pregunt¨® a la Secretar¨ªa General del Parlamento -dirigida por el letrado mayor, Manuel Carrasco- qu¨¦ procedimiento se hab¨ªa seguido para el contrato, y este recab¨® la opini¨®n del jefe de contrataci¨®n de la C¨¢mara, Manuel Borreguero, que se limit¨® a explicar que el convenio se hab¨ªa acompa?ado de una memoria justificativa, redactada por Gordillo, por lo que su tramitaci¨®n fue adecuada a los requerimientos t¨¦cnicos.
Entre tanto, siete t¨¦cnicos del servicio de inform¨¢tica presentaron por registro en el Parlamento el pasado 17 de abril ¨Csin recibir ninguna orden, un hecho ins¨®lito- un informe para justificar las razones t¨¦cnicas que motivaron la elecci¨®n del dedazo, lo cual reforz¨® como segundo indicio -tras el informe de Borreguero- la decisi¨®n de la Fiscal¨ªa sevillana de archivar las pesquisas el pasado 6 de julio con un escueto decreto de cuatro p¨¢ginas.
Los siete t¨¦cnicos firmantes del documento carecen de alta cualificaci¨®n y pertenecen a los grupos A2 y C1, y no al superior A1. Las tareas de algunos de ellos son asegurarse del correcto funcionamiento de las impresoras, mantener copias de seguridad de programas inform¨¢ticos y realizar el seguimiento de m¨®viles y port¨¢tiles de los diputados, entre otras funciones. ¡°Un informe que emana del mismo departamento que dirige la persona denunciada es cuando menos sospechoso, si no falso¡±, subrayan fuentes del caso.
Tres semanas despu¨¦s del archivo del fiscal, el pasado 25 de julio el Parlamento firm¨® el contrato directo con Guadaltel. Ahora los denunciantes valoran ampliar la denuncia y emprender acciones legales contra los funcionarios que han eximido a Gordillo de responsabilidad mediante su informe conjunto. Tanto el jefe de inform¨¢tica como el letrado mayor y el presidente del Parlamento, Jes¨²s Aguirre, han rechazado opinar al respecto y alegan que el tema est¨¢ archivado por la Fiscal¨ªa. Este diario ha pedido a la C¨¢mara ambos informes -del servicio de contrataci¨®n y de los siete funcionarios-, pero el Parlamento ha rechazado su entrega.
En 2020, Gordillo propuso a la Secretar¨ªa General del Parlamento un contrato similar al de ahora firmado con Guadaltel, pero la letrada mayor adjunta, Carmen Noguerol, lo paraliz¨® al no estar justificado el dedazo porque el software era libre. Dos a?os m¨¢s tarde y bajo la presidencia de Aguirre (PP), ya sin Ciudadanos en el poder y con una nueva Secretar¨ªa General del Parlamento, la letrada mayor adjunta Teresa Blanco -sucesora de Noguerol- dio v¨ªa libre al pol¨¦mico contrato.
Uno de los dos funcionarios denunciantes, adscrito a la Secretar¨ªa General, censura: ¡°El contrato negociado por publicidad no era posible porque al ser la licencia de software libre, esto impide exclusividad por razones t¨¦cnicas a una sola empresa. No tiene ni pies ni cabeza, contraviene la Ley de contratos del sector p¨²blico, que facilita la concurrencia y restringe el mecanismo de negociado sin publicidad a casos como cuando hay un derecho exclusivo sobre un producto¡±.
En su denuncia ante la Fiscal¨ªa, los dos funcionarios censuraron el contrato de 2022 pero tambi¨¦n el de 2019 contratado con Guadaltel, y c¨®mo este inclu¨ªa 13 procedimientos, entre ellos peticiones de licencias de personal o la presentaci¨®n de iniciativas parlamentarias por tipolog¨ªa, que dos a?os despu¨¦s, en 2021, a¨²n no estaban dise?ados y operativos, pese a que hab¨ªan sido abonados por la C¨¢mara auton¨®mica.
Acoso laboral
Tras la denuncia interna por el dedazo, uno de los dos funcionarios, adscrito al servicio de inform¨¢tica, denunci¨® ante el comit¨¦ de investigaci¨®n interna para situaciones de acoso, creado este a?o y que solo ha visto este caso, que era v¨ªctima de este tipo de agresi¨®n laboral por parte del jefe del departamento, Fernando Gordillo. Sin embargo, el pasado junio el secretario del comit¨¦, Julio Caballero, consider¨® que la denuncia no era merecedora de una investigaci¨®n y la inadmiti¨® a tr¨¢mite porque no era cre¨ªble.
El comit¨¦ decidi¨® que ¡°las represalias¡± aportadas en diferentes correos por el denunciante eran ¡°desacuerdos¡± y ¡°cuestiones muy puntuales¡± que obedec¨ªan a la organizaci¨®n del trabajo dentro del servicio de inform¨¢tica. El ¨®rgano decidi¨® que dado que no existieron insultos ni humillaciones, bastaba con el an¨¢lisis de la denuncia y los correos electr¨®nicos aportados, y no era necesario entrevistar a otros empleados para determinar si existi¨® acoso laboral o no por parte de Gordillo.
Tras el archivo, el funcionario denunciante present¨® un recurso de alzada ante el letrado mayor del Parlamento, Manuel Carrasco, que dos meses despu¨¦s a¨²n no ha respondido.
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