La Oficina Antifraude andaluza investiga la ¡°afinidad pol¨ªtica y sindical¡± de trabajadores del Ayuntamiento de Martos

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci¨®n (OAAF) se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento de Martos (Ja¨¦n) para requerirle una ¡°relaci¨®n de trabajadores con v¨ªnculos familiares, por consanguinidad o afinidad, afectivos, de afinidad pol¨ªtica o sindical o de inter¨¦s econ¨®mico con los ¨®rganos de gobierno del Ayuntamiento¡±. Todo ello en relaci¨®n al expediente abierto para investigar un proceso selectivo de dicho consistorio que, seg¨²n la OAAF, podr¨ªa ser constitutivo de ¡°fraude, corrupci¨®n, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses p¨²blicos o financieros¡±.

¡°Se est¨¢n extralimitando claramente en sus funciones con una estrategia de acoso y de acorralamiento que no tiene ning¨²n sentido¡±, afirma Emilio Torres, alcalde socialista de Martos (Ja¨¦n). Su Ayuntamiento ha recibido en los ¨²ltimos meses hasta tres investigaciones por supuesta corrupci¨®n por parte de la OAAF, dos de las cuales ¡ªuna vinculada a un proyecto urban¨ªstico en el solar de una cooperativa y otra a otro proceso selectivo¨D han sido archivadas esta misma semana, coincidiendo con la denuncia del PSOE asegurando que la OAAF est¨¢ llevando a cabo una ¡°causa general¡± contra su partido en la comunidad andaluza.

Desde el Ayuntamiento marte?o se anuncian acciones legales contra este ¨®rgano, creado por el Gobierno andaluz en 2021 y dependiente del Parlamento auton¨®mico, por ¡°extralimitarse¡± en sus funciones. La petici¨®n para identificar a aspirantes de procesos selectivos por su ¡°afinidad pol¨ªtica o sindical¡± ha sido la principal l¨ªnea roja que, seg¨²n los socialistas, se ha traspasado desde la OAAF. Se trata de ¡°datos sensibles¡± que estar¨ªan protegidos, seg¨²n establece el art¨ªculo 9 del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protecci¨®n de las personas f¨ªsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaci¨®n de estos¡±. No obstante, la Secretar¨ªa General de la Oficina Antifraude cree que su difusi¨®n ¡°no atenta contra el derecho fundamental a la intimidad personal, puesto que se trata de solicitar ciertos datos en aras a hacer posible la investigaci¨®n en el contexto de la lucha contra el fraude¡±, seg¨²n se indica en uno de los requerimientos dirigidos desde la entidad al Ayuntamiento de Martos.

En la respuesta dirigida a la OAAF, la secretaria general del Ayuntamiento de Martos hace patente su malestar por los continuos requerimientos de Antifraude y, en especial, por la petici¨®n de datos considerados como sensibles. ¡°No es posible informar de afinidades pol¨ªticas o v¨ªnculos afectivos ya que no constan en este Ayuntamiento ni tan si quiera por notoriedad, ya que ninguno de los seleccionados en estos procedimientos han formado parte de candidaturas de partidos pol¨ªticos ni han sido apoderados o interventores en procesos electorales que pudieran arrojar este dato¡±, se?ala la secretaria en el escrito al que ha tenido acceso este peri¨®dico. Y a?ade que, pese a existir en el Ayuntamiento empleados municipales con relaci¨®n de parentesco con miembros de los ¨®rganos de gobierno, estos ya eran trabajadores municipales antes de que sus familiares formaran parte de distintas corporaciones. Como ejemplo, se investiga a un asesor jur¨ªdico que entr¨® en el Ayuntamiento en el a?o 2000 y que logr¨® la consolidaci¨®n de su plaza en 2011.

El alcalde de Martos alude a la situaci¨®n de ¡°indefensi¨®n absoluta¡± en la que se encuentran. Asegura que van a pedir conocer la identidad de los denunciantes ante la Oficina Antifraude ¡°porque las denuncias falsas tambi¨¦n pueden ser un delito¡±, aunque no tiene dudas en se?alar al PP como el partido que est¨¢ detr¨¢s de estos requerimientos tramitados desde la OAAF. El Ayuntamiento ha tardado un a?o en recibir respuesta a algunas de sus alegaciones, y eso a pesar de que el reglamento de la oficina establece un plazo m¨¢ximo de seis meses para resolver los expedientes.

El PP contraataca en los tribunales

Una tardanza que ha contrastado con la celeridad con la que la OAAF ha archivado el caso del audio del l¨ªder del PP de Ja¨¦n, Erik Dom¨ªnguez, donde ofrec¨ªa informaci¨®n privilegiada a un cargo de Ciudadanos sobre la convocatoria de un proceso selectivo en el Consorcio Metropolitano de Transportes. Tras este archivo, el PP ha interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) una querella criminal por revelaci¨®n de informaci¨®n contra el tambi¨¦n parlamentario andaluz del PP.

La parlamentaria socialista ?ngeles F¨¦rriz sostiene que la filtraci¨®n de Dom¨ªnguez ¡°encaja a la perfecci¨®n en lo que la ley de la Oficina Antifraude entiende por corrupci¨®n, la conculcaci¨®n de principios de igualdad, m¨¦rito y capacidad en puestos de trabajo en la Junta y sus entes instrumentales¡±. Desde el PSOE lamentan que la Oficina Antifraude archive la denuncia socialista ¡°porque el fraude no se lleg¨® a consumar¡±, cuando esto fue as¨ª ¨²nica y exclusivamente, seg¨²n ha incidido, porque la persona a quien el parlamentario jiennense del PP filtr¨® las bases ¡°no se present¨® a la plaza¡±.

Los socialistas han mostrado su preocupaci¨®n ante el ¡°talante paternalista¡± que viene exhibiendo la OAAF hacia dirigentes del PP, limit¨¢ndose a ¡°reprochar duramente¡± pero sin sancionar. Ya ocurri¨® lo mismo con la denuncia socialista por incompatibilidades del director general de Pesca de la Junta por conceder ayudas a empresas propias. Asimismo, la oficina lleva cuatro meses sin pronunciarse sobre el exviceconsejero de Salud Miguel ?ngel Guzm¨¢n, que fich¨® por una empresa a quien otorg¨® 14 contratos por 44 millones de euros, apenas tres meses despu¨¦s de dejar su cargo en la Junta.

La Junta de Andaluc¨ªa cre¨® en 2021 la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupci¨®n (OAAF) y, a pesar de su escaso protagonismo en este tiempo, la entidad inform¨® del aumento en un 1.300% durante el pasado a?o de los casos investigados. Su anterior director, Ricardo Puyol, present¨® su renuncia al cargo el mes pasado para poder reintegrarse a la carrera judicial tras los cambios provocados por la reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial.