Alberto Rodr¨ªguez reclama 134.000 euros de indemnizaci¨®n por la retirada de su esca?o

Alberto Rodr¨ªguez, el exdiputado de Unidas Podemos que fue privado de su esca?o tras una sentencia del Tribunal Supremo parcialmente anulada por el Constitucional, ha presentado un escrito en el Congreso reclamando una indemnizaci¨®n de 134.281,55 euros. La reclamaci¨®n se basa en los sueldos que dej¨® de percibir desde noviembre de 2021, cuando le fue retirada la condici¨®n de diputado, hasta que fue disuelta la legislatura, en mayo de 2023. La solicitud ser¨¢ examinada este martes por la Mesa de la C¨¢mara. En un informe al que ha tenido acceso EL PA?S, los servicios jur¨ªdicos, sin negar a Rodr¨ªguez el derecho a ser indemnizado, aconsejan que se desestime su petici¨®n por entender que se ha de presentar ante el Consejo de Ministros.

Alberto Rodr¨ªguez, diputado por Tenerife, fue condenado en octubre de 2021 bajo la acusaci¨®n de agredir a un polic¨ªa durante una manifestaci¨®n celebrada siete a?os antes. La sentencia le impon¨ªa una pena de un mes y 15 d¨ªas de prisi¨®n, sustituida por una multa de 540 euros (seis euros al d¨ªa durante 90 d¨ªas) y ¡°con la accesoria de inhabilitaci¨®n especial para el derecho de sufragio pasivo [presentarse a un cargo electo] durante el tiempo de la condena¡±.

El fallo del tribunal que encabezaba el hasta hace poco presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, result¨® muy controvertido. Primero por el estrecho margen con que se adopt¨®: tres magistrados a favor y dos en contra, cuyos votos particulares llamaban la atenci¨®n sobre que el polic¨ªa no detuvo al supuesto agresor, continu¨® trabajando normalmente tras la patada que aseguraba haber recibido y tampoco acredit¨® parte de lesiones. Y en segundo lugar porque se entabl¨® una discusi¨®n jur¨ªdica sobre si la pena obligaba a dejar el esca?o a Rodr¨ªguez ¡ªen aquel momento, tambi¨¦n secretario de organizaci¨®n de Podemos¡ª lo que deriv¨® en un pulso de varios d¨ªas entre el Supremo y el Congreso.

El debate se planteaba porque la inhabilitaci¨®n para ser diputado iba aparejada a la pena de prisi¨®n y esta se hab¨ªa sustituido por la multa. De ah¨ª que, en un primer informe, los letrados de la C¨¢mara dictaminasen que Rodr¨ªguez podr¨ªa mantener su acta de parlamentario. Mientras PP y Vox exig¨ªan airadamente la expulsi¨®n del diputado, el Supremo envi¨® un escrito al Congreso inst¨¢ndole a informarle sobre el cumplimiento de la sentencia, sin entrar en m¨¢s detalles. La presidencia de la C¨¢mara pidi¨® entonces al alto tribunal que le explicase con claridad si Rodr¨ªguez deb¨ªa ser expulsado. Marchena se limit¨® a reiterar lo dicho en comunicaciones anteriores, en un escrito en el que advert¨ªa de que la ley ¡°no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo la de asesorar a otros ¨®rganos constitucionales acerca de los t¨¦rminos de ejecuci¨®n de una sentencia firme¡±.

El servicio de letrados del Congreso acab¨® por modificar su criterio, acept¨® que Rodr¨ªguez deb¨ªa abandonar su esca?o y as¨ª lo orden¨® el 22 de octubre de ese a?o la entonces presidenta, la socialista Meritxell Batet. Esa decisi¨®n provoc¨® un fuerte enfrentamiento entre las dos formaciones del Gobierno. Dirigentes de Unidas Podemos llegaron a amenazar a Batet con una querella por prevaricaci¨®n, aunque nunca se lleg¨® a presentar. La coalici¨®n izquierdista se neg¨® a cubrir la vacante y el Gobierno se qued¨® con un diputado menos hasta las elecciones de julio de 2023.

Rodr¨ªguez dio la batalla por su cuenta. Primero ante el propio Congreso, luego ante el Supremo y finalmente, en febrero de 2022, ante el Constitucional. El tribunal de garant¨ªas no accedi¨® a su solicitud inicial de suspender cautelarmente la retirada del esca?o, pero, casi dos a?os despu¨¦s, en enero de 2024, fall¨® a su favor. Sin anular la totalidad de la sentencia del Supremo, el Constitucional, por siete votos a cuatro, dejaba sin efecto la parte que alud¨ªa a la inhabilitaci¨®n. Seg¨²n el tribunal, al retirar al exparlamentario el acta se hab¨ªa ¡°vulnerado su derecho fundamental a ejercer funciones representativas¡±.

Un a?o m¨¢s tarde, Rodr¨ªguez se ha dirigido al Congreso para reclamar el lucro cesante por el tiempo en que fue indebidamente apartado de su esca?o. Calcula 21 meses, a raz¨®n de 6.144,64 euros cada uno, lo que arroja un monto total de m¨¢s de 134.000.

Lo previsible, a la vista del informe de los letrados, es que la Mesa del Congreso rechace este martes la reclamaci¨®n y remita al exdiputado a elevarla al Gobierno. Los servicios jur¨ªdicos reconocen la legitimidad de Rodr¨ªguez para pedir la indemnizaci¨®n, pero alegan que la Mesa no es el ¨®rgano competente que debe resolver el asunto, sino el Consejo de Ministros. El informe subraya que ese es el m¨¦todo establecido cuando las reclamaciones afectan a decisiones de otro poder del Estado como el judicial. Y a?ade que el Supremo tambi¨¦n estableci¨® esa v¨ªa en los casos en que las responsabilidades se exigen al Defensor del Pueblo, un ¨®rgano que depende de las Cortes Generales.