La criminalizaci¨®n de la covid-19

Con motivo de la crisis financiera del a?o 2008, escrib¨ª un art¨ªculo en el que alertaba del clamor social para buscar culpables que suele producirse en situaciones de crisis de extrema gravedad, enfocado al ¨¢mbito de mi especialidad profesional que es el Derecho penal econ¨®mico, tendencia que conduce a expandir la intervenci¨®n penal y que se concreta en m¨¢s delitos, m¨¢s penas y m¨¢s culpables.

Aunque alg¨²n c¨¦lebre analista, por el que dicho sea de paso siento una cierta admiraci¨®n, en un programa radiof¨®nico en el cual yo no estaba presente me llam¨® poco menos que agorero, al final el tiempo vino a darme la raz¨®n. Pocos pod¨ªan imaginar entonces que se adoptar¨ªan medidas penales tan dr¨¢sticas en materia de delitos econ¨®micos y delitos vinculados a la actividad empresarial como ocurri¨® con las reformas del C¨®digo Penal que tuvieron lugar en Espa?a en los a?os 2010, 2012 y 2015. Y menos a¨²n que algunas de ellas se har¨ªan bajo el impulso del gobierno del PP, nada sospechoso de prejuicios contra el empresariado ni de veleidades izquierdistas.

El an¨¢lisis del contenido de dichas reformas y de su aplicaci¨®n en los tribunales excede, en mucho, del objetivo del presente art¨ªculo, pero en otros ¨¢mbitos que conforman nuestra realidad tambi¨¦n se ha podido constatar que el auge de la intervenci¨®n penal ha ido a m¨¢s en detrimento de la acci¨®n pol¨ªtica y ha acaparado el triste protagonismo que todos conocemos, justificado para unos e injustificado para otros, pero en cualquier caso lamentable, porque la represi¨®n por s¨ª sola es siempre una victoria ef¨ªmera y nunca una soluci¨®n del problema de fondo que act¨²a como caldo de cultivo del delito que se quiere castigar.

Mientras estamos inmersos en una crisis sanitaria y econ¨®mica sin precedentes que azota a todo el mundo y que est¨¢ obligando a los m¨¢s carism¨¢ticos l¨ªderes mundiales a desdecirse de sus palabras en cuesti¨®n de horas, en nuestro pa¨ªs algunos se siguen aferrando de nuevo al C¨®digo Penal para desacreditar la gesti¨®n de la respuesta al coronavirus. En unos casos, movidos por razones de oportunismo pol¨ªtico y en otros casos, aunque son los menos, porque creen de buena fe que los jueces y tribunales penales nos van a salvar de unos pol¨ªticos y funcionarios que consideran unos ineptos e irresponsables.

Resultan preocupantes el poco rigor y ligereza de quienes pretenden atribuir delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, prevaricaci¨®n y una larga cadena de delitos a quienes est¨¢n al frente de los organismos p¨²blicos que est¨¢n lidiando con esta cat¨¢strofe y que tienen que gestionar una situaci¨®n in¨¦dita que ha desbordado y paralizado el planeta. La gesti¨®n implica tomar decisiones dif¨ªciles y asumir riesgos en unos momentos de gran dramatismo e incertidumbre a todos los niveles y, por descontado, cometer errores que l¨®gicamente se podr¨¢n criticar y discutir.

En este contexto, se adivina de nuevo una ins¨®lita fascinaci¨®n por el Derecho penal y por los tribunales de justicia, como si fueran la panacea de todos los males, creando el falso espejismo entre la poblaci¨®n, sin duda favorecido por la ola de populismo punitivo que nos invade, de que los jueces nos van a redimir de todas las desgracias y calamidades, incluyendo ahora la pandemia del coronavirus.

A pesar del miedo y la inseguridad que nos causa la situaci¨®n que vivimos y de la tendencia muy humana a buscar culpables, el siempre f¨¢cil recurso al Derecho penal tampoco ser¨¢ esta vez la soluci¨®n, sin que ello suponga en modo alguno ignorar ni desmerecer la l¨®gica indignaci¨®n y el reproche que puedan suscitar algunas conductas puntuales que deber¨¢n ser investigadas. El C¨®digo Penal y los tribunales son la ¨²ltima ratio pero no la soluci¨®n. Trasladar la gesti¨®n de esta crisis a la jurisdicci¨®n penal solo servir¨¢ para dividirnos m¨¢s de lo que ya estamos y alejarnos de una respuesta eficaz, que a buen seguro va a exigir grandes dosis de audacia y fuertes consensos en Espa?a y en el plano internacional.

Dejarnos arrastrar por la vor¨¢gine criminalizadora y jugar con la constante amenaza del Derecho penal para hacer demagogia y coartar al adversario pol¨ªtico, sea del color que sea, para despu¨¦s sacar r¨¦ditos electorales de la puesta en escena es un grave e imperdonable error. Y tambi¨¦n una nueva expresi¨®n de impotencia y de miseria pol¨ªtica y moral que, un momento hist¨®rico tan dram¨¢tico y de tanta trascendencia como este, no nos deber¨ªamos permitir.

Josep M. Paret Planas es Doctor en Derecho penal.