La trama del 3% adjudic¨® obras de forma fraudulenta por 227 millones

Mientras el Govern trata de averiguar si el caso 3% ha causado alg¨²n da?o al patrimonio de la Generalitat, el juez que ha finalizado la investigaci¨®n lo tiene claro: el ama?o de adjudicaciones para beneficiar a empresas donantes de Converg¨¨ncia (CDC) supuso no solo un ¡°grave descr¨¦dito¡± para la administraci¨®n catalana, sino tambi¨¦n un ¡°perjuicio para el erario p¨²blico de millones de euros¡±. Aunque ese da?o no se ha cuantificado, hay un dato elocuente: hasta 2015, la trama del 3% adjudic¨® de forma irregular, desde la Generalitat y los ayuntamientos controlados por el partido, 31 obras p¨²blicas por 227 millones.

Los 227 millones dan una idea de lo sistem¨¢tico que fue el pago de mordidas y de lo sostenido que fue en el tiempo. Las adjudicaciones bajo sospecha, que involucran a decenas de instituciones (locales y auton¨®micas) en Catalu?a se sit¨²an entre 2009 y 2015. Es una etapa de ¨¦xito pol¨ªtico para Converg¨¨ncia, que regresa al Palau de la Generalitat en 2010 tras la traves¨ªa del desierto que supuso el tripartito de izquierdas. El partido controla entonces un buen n¨²mero de ayuntamientos a los que suma, en 2011, el de Barcelona gracias al triunfo de Xavier Trias.

Cuando llega al poder, Artur Mas otorga al gerente del partido y hombre de su m¨¢xima confianza, Germ¨¤ Gord¨®, plenos poderes para controlar la obra p¨²blica como secretario del Govern. Gord¨® es el dirigente de m¨¢s nivel de los que han sido procesados en la causa abierta por la Audiencia Nacional, que est¨¢ a un paso de llegar a juicio. Un total de 32 personas ¡ªempresarios, cargos p¨²blicos y cuatro exresponsables de CDC¡ª est¨¢n pr¨®ximos a sentarse en el banquillo de los acusados por delitos de corrupci¨®n. Entre ellos, el de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, pese a lo afirmado en sentido contrario por la portavoz del Govern, Meritxell Bud¨®, al referirse a la hipot¨¦tica personaci¨®n de la Generalitat en la causa.

Esquerra Republicana lleva d¨ªas presionando para que el ejecutivo auton¨®mico ¡ªdel que forma parte¡ª sea acusaci¨®n en el juicio. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no lo descarta, pero pone condiciones: solo lo har¨¢ si se detectan ¡°perjuicios econ¨®micos¡±. Torra ha ordenado a los servicios jur¨ªdicos examinar si es as¨ª, aunque de la lectura del auto dictado hace unos d¨ªas por el magistrado Jos¨¦ de la Mata se desprende sin ninguna duda ¡ªal menos de forma provisional¡ª que as¨ª fue.

Torra promete actuar en caso 3% si Generalitat tuvo perjuicio

Poder¨ªo convergente

Converg¨¨ncia recuper¨® en 2010 el tim¨®n de la Generalitat, y con ¨¦l, el de los organismos que contratan obra p¨²blica; en especial, el gigante Infraestructures.cat. Las dos personas que dirigieron el ente en esa ¨¦poca (Josep Antoni Rosell y Joan Llu¨ªs Quer) est¨¢n procesadas. Lo mismo que Antoni Vives, concejal de Urbanismo con Trias y que pas¨® a ser responsable de Bimsa, el equivalente de Infraestructures.cat pero en el ¨¢mbito del Ayuntamiento de Barcelona. La reforma de la plaza de les Gl¨°ries (65 millones), a¨²n inacabada, es uno de los puntales de la investigaci¨®n.

Las obras bajo sospecha involucran a otras entidades como la Autoridad Portuaria de Barcelona, que por su naturaleza adjudica obras de gran cuant¨ªa. Las dos que presuntamente se manipularon fueron las del dique este (39 millones) y los accesos a la ampliaci¨®n sur del puerto de Barcelona (10 millones). Tambi¨¦n hay ayuntamientos ¡ªOlot, Sant Fruit¨®s de Bages, Lloret, Figueres, Sant Celoni, Sant Cugat o Tona¡ª, el Consorcio de Educaci¨®n de Barcelona, la Diputaci¨®n de Barcelona e incluso el Instituto de Seguridad P¨²blica de Catalu?a, donde se forman los aspirantes a <CF1001>mosso d¡¯esquadra<CF1000>. </CF></CF>Las obras son de toda ¨ªndole: la reforma de la plaza de las Gl¨°ries, el dique este del puerto, la nueva estaci¨®n del AVE en Girona, la ampliaci¨®n de una l¨ªnea de Ferrocarrils, un ambulatorio en Matar¨®, el mantenimiento de escuelas o proyectos de urbanismo y reformas en carreteras y edificios p¨²blicos.

Los responsables de Converg¨¨ncia ¡°vend¨ªan influencias¡± sobre la adjudicaci¨®n de esos contratos a los empresarios que deseaban ganar los concursos. A cambio de esa influencia ¡ªreal en muchos casos, simulada en otros¡ª, las empresas hac¨ªan donaciones a las fundaciones afines al partido, que es lo mismo que decir al partido porque compart¨ªan la misma caja. Gord¨® y los tesoreros estaban al tanto de las adjudicaciones, presionaban a los directores generales o alcaldes de turno y se reun¨ªan con los empresarios para hacerles ver que su generosa aportaci¨®n era necesaria.

El juez ha concluido que 31 adjudicaciones est¨¢n viciadas porque se alteraron para beneficiar a tal o cual empresario amigo. El 3% es el importe que, presuntamente, iba a parar a Converg¨¨ncia, aunque ese porcentaje debe tomarse m¨¢s como una referencia. A veces la coincidencia es total, tanto en cifras como en fechas. En otros casos, los pagos serv¨ªan para mantener una relaci¨®n ¡°privilegiada¡±, dice el juez, con Converg¨¨ncia, y seguir en la partida.

¡±Perjuicio p¨²blico¡±

Las adjudicaciones iban a parar a los afines y no necesariamente a los mejores gracias a un sistema que primaba las valoraciones t¨¦cnicas, m¨¢s subjetivas y f¨¢ciles de manipular. De ese modo, es probable que la mejor oferta econ¨®mica quedase fuera, lo que supone un sobrecoste para la administraci¨®n. De ah¨ª el da?o patrimonial. El juez se?ala que ¡°se alteraron las reglas de la competencia en perjuicio de los recursos p¨²blicos¡±. Las empresas donantes, concluye de forma muy gr¨¢fica, concurr¨ªan ¡°dopadas¡± al juego.