Hacienda constata que Girona pag¨® un mill¨®n de euros anuales de m¨¢s por el agua por ¡°irregularidades¡±
Informes de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil detectan un sobrecoste en la gesti¨®n liderada por la sociedad Girona SA
Los vecinos de Girona, Salt y Sarri¨¤ de Ter pagaron, al menos desde el a?o 1993, un sobrecoste de m¨¢s de un mill¨®n de euros anuales por la factura del agua. Las irregularidades en la gesti¨®n del servicio provocaron un aumento ¡°artificial¡± en las tarifas que acabaron pagando los usuarios, seg¨²n constata la Agencia Tributaria en un informe remitido al juez que investiga un fraude millonario en la gesti¨®n de este servicio esencial.
EL PA?S ha accedido a informes de Hacienda y de la Guardia Civil que obran en la causa y que constatan las malas pr¨¢cticas --y los posibles delitos-- cometidos por los responsables de Girona SA, una sociedad privada que cuenta con el 80% de la participaci¨®n de la empresa mixta Agissa, que gestionaba el suministro de agua en los tres municipios gerundenses hasta que le fue retirado por orden judicial en 2017. Las irregularidades se prolongaron al menos hasta 2013, cuando una primera denuncia de la asociaci¨®n Aigua ¨¦s Vida fue el pr¨®logo de la que, dos a?os m¨¢s tarde, llev¨® la CUP a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y destap¨® el esc¨¢ndalo.
Con el fin del secreto del sumario, los informes judiciales han salido a la luz. La Agencia Tributaria constata que Girona SA se benefici¨® a costa del erario p¨²blico de enormes sumas de dinero. Sus responsables fingieron que Agissa era pr¨¢cticamente deficitaria cuando la realidad es que obten¨ªa beneficios cercanos al mill¨®n de euros anuales. El problema es que ese dinero se canalizaba hacia Girona SA por una supuesta prestaci¨®n de servicios que resultaron ser falsos. El resultado: ¡°Las tarifas del agua se han incrementado artificial e irregularmente, en distintas ocasiones, de manera que permitieran recaudar m¨¢s de un mill¨®n de euros, cada a?o, por encima de lo que habr¨ªa sido necesario¡±.
Hacienda constata que se han pagado ¡°cientos de miles de euros¡± cada a?o a Girona SA por ¡°servicios que no han sido efectivamente prestados¡± y se?ala que las irregularidades se remontan al primer contrato, de 1993. Agissa ha estado pagando a la empresa privada por muchos supuestos servicios (empresa especializada, gesti¨®n y explotaci¨®n del saneamiento) por los que no deber¨ªa haber pagado.
Girona SA y sus responsables --que est¨¢n siendo investigados en la causa-- han actuado durante a?os ¡°en beneficio propio¡±. El an¨¢lisis de abundante documentaci¨®n prueba la magnitud del fraude, seg¨²n las conclusiones de los investigadores.
La Guardia Civil constata que Girona SA utiliz¨® ¡°recursos materiales y humanos¡± de Agissa en beneficio propio: furgonetas, ordenadores, pero tambi¨¦n el pago de n¨®minas de trabajadores de la empresa privada. Incluso propici¨® que otras empresas vinculadas utilizaran un laboratorio que era propiedad de la sociedad mixta a un precio, adem¨¢s, m¨¢s econ¨®mico que el de mercado. Ese uso fraudulento provoc¨® a su vez un ¡°sobredimensionamiento en medios¡± disponibles para el laboratorio.
Con todas esas maniobras, Girona SA logr¨® ¡°ir creciendo como sociedad¡±, lo que le permiti¨® comprar diversos inmuebles. Uno de ellos, en la calle Ciutadans de Girona, lo alquil¨® posteriormente a Agissa, con lo que sigui¨® obteniendo beneficios. Pese a que contaba con una ¡°estructura m¨ªnima¡± (dos directivos y cinco trabajadores) carg¨® ¡°numerosos gastos de representaci¨®n y publicidad¡±. El beneficiario de buena parte de esos gastos fue Joan Llobet, apoderado de Girona SA. Llobet presuntamente carg¨® a la sociedad alojamientos en hoteles, billetes de AVE y de avi¨®n, la asistencia a eventos deportivos y comidas. Muchos de esos viajes y desplazamientos resultaron ser falsos.
La Guardia Civil constata adem¨¢s el pago, con recursos de la sociedad mixta, de ¡°obsequios¡± para miembros del consejo de administraci¨®n de Girona SA y sus familiares, pero tambi¨¦n para ¡°cargos p¨²blicos y funcionarios¡± de los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarri¨¤ de Ter. Estos cargos est¨¢n ¡°relacionados con la adjudicaci¨®n de los servicios¡± del agua y la concesi¨®n de las sucesivas pr¨®rrogas de los contratos.
Los investigadores tambi¨¦n se pronuncian sobre la supuesta ¡°responsabilidad¡± de los consistorios en el entramado. Critican que la selecci¨®n del socio privado en 1992 ya fue ¡°opaca¡± y que las condiciones pactadas favorec¨ªan al socio privado. La fiscalizaci¨®n de los servicios prestados, adem¨¢s, fue ¡°deficiente¡±. La situaci¨®n solo cambi¨® a partir de 2013 --cuando la asociaci¨®n Aigua ¨¦s Vida destap¨® algunas irregularidades-- y, especialmente, tras la denuncia en 2015 de la CUP ante la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que destap¨® el caso. Las consecuencias para los ayuntamientos, vaticinan los investigadores, ser¨¢n nefastas, con unas instalaciones sobredimensionadas y con menor valor. El Ayuntamiento de Girona, insiste, deber¨ªa haber sido ¡°consciente¡± de la ¡°improcedencia de la pr¨®rroga¡± concedida a Agissa en 2013.
La Agencia Tributaria, en sus conclusiones, a?ade que ¡°no consta¡± que los ayuntamientos ¡°participaran directamente en la comisi¨®n de las presuntas irregularidades¡±, pero s¨ª subraya igualmente la ¡°dejaci¨®n de funciones de control¡± y los indicios sobre el ¡°creciente conocimiento¡± que fueron adquiriendo sobre algunas de esas irregularidades.
Los administradores de Agissa eran Narc¨ªs Piferrer y Xavier Ballell, directivos de Girona SA que ¡°orquestaron un sistema¡± para dirigir la sociedad mixta en beneficio de la privada. Ambos ten¨ªan un f¨¦rreo control ¡°econ¨®mico y financiero¡± sobre todo lo que ocurr¨ªa en Agissa.
Las irregularidades est¨¢n en lo que Girona SA hizo, pero tambi¨¦n en lo que dej¨® de hacer. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil constatan que los contratos se incumplieron de forma ¡°flagrante¡± desde 1992. Los planes de inversiones para mejorar el servicio no se cumplieron. La sociedad dej¨® de invertir un total de 11,1 millones de euros, seg¨²n consta en la documentaci¨®n.
El edil de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Girona, Mart¨ª Ter¨¦s, que ha recordado que est¨¢n personados en la causa, ha asegurado que est¨¢n ¡°atentos al curso judicial de este caso, pero no nos toca a nosotros valorar el trabajo del juez¡±.
Ter¨¦s, tambi¨¦n ha apuntado que los tres ayuntamientos esperan que durante el primer trimestre de este a?o puedan asumir la gesti¨®n conjunta del ciclo del agua con la creaci¨®n de una nueva sociedad, aunque la primera opci¨®n fue la empresa p¨²blica Trargissa --que ya gestiona la depuradora y los residuos-- y liquidar Agissa, de la que se rescindi¨® el contrato en octubre de 2020. Los consistorios reclamar¨¢n indemnizaciones por ¡°da?os y perjuicios¡± a la parte privada por el incumplimiento del contrato. Las conclusiones de dos informes t¨¦cnicos de la secretar¨ªa del Ayuntamiento de Girona cuantificaron que la parte privada dej¨® de invertir 10 millones de euros en 20 a?os.
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