Entidades a favor del derecho a la vivienda marchan en Barcelona contra la ley que propone el PSOE

Las entidades que trabajan a favor del derecho a la vivienda rechazan la reforma de la ley que plantea el PSOE en el Congreso y que va contra v¨ªa de las normativas aprobadas en Catalu?a en los ¨²ltimos a?os, algunas a la espera de decisiones judiciales. Unas 500 persona...

Las entidades que trabajan a favor del derecho a la vivienda rechazan la reforma de la ley que plantea el PSOE en el Congreso y que va contra v¨ªa de las normativas aprobadas en Catalu?a en los ¨²ltimos a?os, algunas a la espera de decisiones judiciales. Unas 500 personas seg¨²n la Guardia Urbana (1.000 de acuerdo con los organizadores) marcharon ayer por el centro de Barcelona para expresar su descontento y tambi¨¦n pedir al futuro Govern m¨¢s compromiso con el control de los alquileres.

Los manifestantes se congregaron por la ma?ana ante la sede de Delegaci¨®n del Gobierno, en la calle de Mallorca, y desde all¨ª fueron hasta la plaza de Sant Jaume, donde terminaron la marcha. En un manifiesto conjunto, solicitaron que la normativa estatal recoja sus propuestas, entre las que est¨¢n la ¡°garant¨ªa del derecho efectivo a una vivienda digna¡± y un control de precio de los alquileres, a nivel estatal, y ¡°acorde con los salarios¡±. Entre los convocantes est¨¢n la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinos, CC OO, UGT, CGT y la Federaci¨®n de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.

Jaime Palomera, portavoz del Sindicato de Inquilinos, critic¨® la propuesta presentada por el ministro socialista Jos¨¦ Luis ?balos y de la que Podemos, con quien comparte Ejecutivo, ya se ha desmarcado. El texto, a¨²n sin cerrar, plantea bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajen el precio en lugar de apostar por un control del mercado. ¡°Esto tumbar¨ªa la regulaci¨®n catalana y adem¨¢s pretende que los que m¨¢s tienen paguen menos impuestos, como los grandes propietarios¡±, dijo el activista.

El Tribunal Constitucional admiti¨® a tr¨¢mite, el 28 de enero, un recurso del Partido Popular contra el decreto, de diciembre de 2019, que obligaba a ofrecer alquiler social a los grandes tenedores tras un desahucio. Tambi¨¦n est¨¢ a la espera de una decisi¨®n judicial la ley que limita el valor de los alquileres seg¨²n la zona, la renta del inquilino y la del propietario de la vivienda, aprobada en septiembre pasado en el Parlament, pero que no ha sido suspendida cautelarmente.

El acuerdo de Gobierno entre socialistas y Podemos incluye el control del precio de los alquileres, siguiendo la senda de lo que se ha hecho en otros pa¨ªses. Una f¨®rmula pol¨¦mica y en la que tambi¨¦n influye mucho el peso del parque de vivienda p¨²blico.

El Ayuntamiento que preside Ada Colau envi¨® el pasado viernes a ?balos sus propuestas para incluir en la futura norma. El PSC se desmarc¨®. Adem¨¢s del control de los precios, se aboga por que en dos d¨¦cadas la vivienda p¨²blica sea el 15% del total en los municipios de m¨¢s de 5.000 habitantes. Uno de los mecanismos para lograrlo, vigente en Barcelona, es extender la obligaci¨®n a los promotores de destinar el 30% de los pisos que construyen en zonas urbanas a vivienda protegida.