Colau propone extender a ciudades espa?olas la obligaci¨®n a los promotores de construir un 30% de pisos sociales

El equipo de vivienda de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enviado al ministro Jos¨¦ Luis ?balos una propuesta de articulado de una futura Ley estatal de Vivienda que, en s¨ªntesis, busca extender al conjunto de Espa?a las medidas que se han tomado en la capital catalana y en Catalu?a en materia de vivienda p¨²blica, alquiler o desahucios. El texto no cuenta con el apoyo del PSC, socio de gobierno de los comunes, que este jueves ha expresado en las redes sociales su apoyo a la propuesta de ?balos. La propuesta llega cuando la futura ley de vivienda ha provocado una crisis pol¨ªtica, entre los socios del ejecutivo del presidente Pedro S¨¢nchez (PSOE y Podemos), y de apoyos al gobierno.

Adem¨¢s de impedir las subidas del precio de los alquileres (vigente en Catalu?a desde el pasado septiembre), el texto apuesta por aumentar el parque de vivienda p¨²blica al 15% del total de pisos en dos d¨¦cadas en los municipios de m¨¢s de 5.000 habitantes. Para ello, propone, entre otras medidas, habilitar a Comunidades Aut¨®nomas y Ayuntamientos para que puedan intervenir en la promoci¨®n privada, con el objetivo de extender la obligaci¨®n a los promotores de destinar el 30% de los pisos que construyen en zonas urbanas a vivienda protegida, una medida ya vigente en Barcelona. En nuevos planeamientos, y en municipios con el mercado tensionado, el articulado contempla que cuando se recalifique suelo rural habr¨¢ que reservar un 40% a vivienda protegida y en suelo urbanizado, el 30%.

La propuesta ha sido elaborada por la concejal¨ªa de Vivienda del consistorio. Su titular, Luc¨ªa Mart¨ªn, diputada de los comunes en el Congreso en la pasada legislatura, ha defendido este viernes la ¡°necesidad de poner en el centro el derecho a al vivienda¡± y la ¡°regulaci¨®n catalana ya vigente¡±, adem¨¢s de ¡°medidas imprescindibles para cambiar estructuralmente y no con peque?as medidas de maquillaje las pol¨ªticas de vivienda, respecto a los desahucios, las obligaciones de los grandes tenedores o fiscalidad antiespeculativa que penalice¡± ¡°Se trata de cambiar las reglas del juego, no inventamos nada, lo que proponemos ya funciona en muchos pa¨ªses europeos¡±, ha asegurado. El texto defiende tambi¨¦n ¡°fortalecer las asociaciones de inquilinos¡±.

En materia de desahucios, el texto propone cuestiones tambi¨¦n vigentes en Catalu?a, como imponer la mediaci¨®n obligatoria con los propietarios de los pisos si son grandes tenedores (due?os de m¨¢s de 15 viviendas) y el ofrecimiento de un alquiler social si la familia es vulnerable. El redactado tambi¨¦n apuesta por prohibir los desahucios con fecha abierta.

El alquiler, los precios no podr¨ªan subir respecto al contrato anterior o deber¨ªan bajar si superan el ¨ªndice oficial de rentas en las ¨¢reas que las ciudades o las comunidades declaren de ¡°demanda tensionada¡±. Solo en algunos casos (como si las viviendas han sido objeto de grandes reformas) se podr¨ªan subir los precios un m¨¢ximo del 10%. En el articulado tambi¨¦n figura imponer la regulaci¨®n de una primera pr¨®rroga de los contratos, salvo en casos excepcionales, y busca crear la figura de un registro estatal de alquileres. En Catalu?a, este registro lo lleva el Instituto Catal¨¢n del Suelo, de la Generalitat, a partir de las fianzas que depositan los propietarios cada vez que firman un contrato.

Adem¨¢s de la medida del 30% para incrementar el parque p¨²blico, la propuesta cita otras f¨®rmulas que tambi¨¦n se han aplicado en Catalu?a, como que la administraci¨®n pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto (compra preferente) de vivienda en determinadas zonas, para adquirir pisos sociales a precio inferior al de mercado.

En materia fiscal, las medidas est¨¢n orientadas a ampliar el parque de alquileres protegidos y orienta las bonificaciones a empresas y particular al alquiler por debajo de los ¨ªndices de alquiler, al alquiler protegido y a la rehabilitaci¨®n. Prev¨¦ mantener las bonificaciones del impuesto de sociedades a las sociedades de gesti¨®n inmobiliaria como las entidades de alquiler (EDAV), las SOCIMIs y las instituciones de inversi¨®n colectiva (IIC), cuando destinen al menos la mitad de sus activos al alquiler de vivienda a precio asequible. La idea pretende aflorar pisos asequibles a partir de los activos que acumulan estas sociedades y el texto apunta a 100.000 alquileres protegidos y 100.000 a precio inferior a los ¨ªndices de referencia.

Para los particulares, propietarios de m¨¢s de tres millones de viviendas (seg¨²n el texto), el actual modelo fiscal establece una reducci¨®n del 60% de los ingresos para el alquiler en el IRPF sea cual sea el n¨²mero de pisos alquilados, su precio y duraci¨®n de los contratos. La propuesta de ley limita la bonificaci¨®n a siete viviendas, y la reducci¨®n se ampliar¨ªa al 80% y hasta el 99%. Por ¨²ltimo, se propone que las ayudas p¨²blicas a la rehabilitaci¨®n o alquiler de vivienda est¨¦n exentas de tributaci¨®n.