El Constitucional anula el decreto catal¨¢n que proteg¨ªa el alquiler de las personas vulnerables

El Tribunal Constitucional ha anulado este jueves el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que aprob¨® el Govern en diciembre de 2019, seg¨²n avanza Efe. Esta norma pretend¨ªa mejorar el acceso a la vivienda y, entre otras cosas, obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las personas vulnerables que hubiesen ocupado ilegalmente alguna de sus viviendas. El Tribunal tambi¨¦n ha admitido a tr¨¢mite el recurso que present¨® el PP contra la ley catalana que regula el precio de los alquileres.

El decreto, impulsado por el consejero de Territorio, Dami¨¤ Calvet, fue un logro de las entidades sociales contra los desahucios, y se fragu¨® tras meses de desencuentro entre los socios del Govern, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Finalmente, el Govern consigui¨® convalidarlo en el Parlament gracias al apoyo de los socialistas y los comunes. El decreto reforzaba algunas de las leyes sobre vivienda anteriores, y sobre todo ampliaba la ley 24/2015 en lo que ata?e al acceso a la vivienda por parte de los colectivos m¨¢s vulnerables.

Adem¨¢s de obligar a los grandes tenedores -bancos y fondos de inversi¨®n- a ofrecer un alquiler social de siete a?os a las familias vulnerables que hubiesen ocupado un piso, el decreto ampliaba las reservas de suelo destinadas a vivienda protegida, actualizaba las tarifas para hacer m¨¢s atractiva la construcci¨®n de vivienda de protecci¨®n social, y permit¨ªa la construcci¨®n de alojamientos temporales en suelos p¨²blicos o privados que est¨¦n destinados a equipamientos.

El decreto fue aprobado en diciembre de 2019, y ya en febrero de 2020 el Consell de Garanties Estatut¨¤ries, el ¨®rgano del Parlament que vela por la constitucionalidad de las normas, avis¨® de que algunos puntos del decreto eran insconstitucionales. Ahora es el Tribunal Constitucional el que, a trav¨¦s de un recurso del PP en el Congreso, anula el decreto. El principal argumento es la insuficiencia del cauce legal empleado, es decir, haberlo aprobado por decreto y no por ley. En su recurso, el PP consider¨® que esta norma vulneraba el derecho a la propiedad privada.

El Tribunal Constitucional tambi¨¦n ha aceptado a tr¨¢mite el recurso del PP contra la ley que regula los alquileres en Catalu?a, y que fue aprobada el pasado mes de septiembre. La admisi¨®n a tr¨¢mite no implica por ahora la suspensi¨®n de la ley, que sigue vigente. El Sindicato de Inquilinos, entidad que impuls¨® esta legislaci¨®n, ha convocado una manifestaci¨®n esta tarde para protestar contra este recurso.