Judicializar la pobreza

Daniel lleva tres meses sin ver a su perro Atila. No permiten animales en la fundaci¨®n Homeless Entrepreneur, en el barrio del Raval, donde le dieron cobijo hace 90 d¨ªas. Daniel, de 63 a?os, fue conocido por la gran mayor¨ªa en octubre del a?o pasado por acampar ante la Generalitat y dormir all¨ª siete noches seguidas. Llevaba desde mediados de 2020 sin ning¨²n ingreso, tras la extinci¨®n de su prestaci¨®n de desempleo. La acampada surti¨® efecto en la Administraci¨®n central. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aprob¨® concederle el 28 de octubre pasado una parte del Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV): 253,16 euros mensuales. El monto global que le correspond¨ªa era de 461,5 euros mensuales, pero el INSS consider¨® que solo ten¨ªa derecho a la mitad, ya que comput¨® la prestaci¨®n por desempleo que hab¨ªa cobrado en 2019 por un total de 2.660, 47 euros. La administraci¨®n dependiente del gobierno m¨¢s progresista de la historia debi¨® entrever alg¨²n riesgo de excesiva acumulaci¨®n de beneficios y decidi¨® que Daniel, con la mitad, pod¨ªa cubrir sobradamente gastos, aunque no le alcanzara ni para la medicaci¨®n.

No es un caso aislado. El Ejecutivo catal¨¢n le hab¨ªa denegado ¡ªel 14 de octubre de 2020¡ª la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa, uno de los blasones sociales que con m¨¢s orgullo que efectividad exhibe el independentismo. Daniel conoci¨® la decisi¨®n mientras estaba acampado. El caso es que al carecer de techo, no pod¨ªa acreditar su empadronamiento en Catalu?a, una condici¨®n que a la vista de la precariedad galopante deber¨¢ revisar la mayor¨ªa parlamentaria que ha alumbrado ese Govern republicano que asegura que va a preocuparse de las personas.

El Juzgado de lo Social n¨²mero 28 de Barcelona, por suerte para Daniel, ha venido a desbrozar algo esa jungla que parece dise?ada para que la ciudadan¨ªa se pierda en ella y entierre cualquier esperanza de hallar una salida. El magistrado Jes¨²s Fuertes fall¨® a finales de mayo pasado ¡ªhace menos de un mes¡ª que Daniel Cedr¨²n tiene derecho a los 461,5 euros del IMV desde el 1 de junio de 2020. El pasado mi¨¦rcoles a¨²n no hab¨ªa cobrado atrasos.

La competici¨®n en desprop¨®sitos entre algunas administraciones para ofrecer cobertura social est¨¢ muy re?ida

En asuntos de prestaciones sociales, el muro que levantan las administraciones condena a la judicializaci¨®n de la pobreza. Los gestores de lo p¨²blico se convierten en cicateros a la hora de reconocer derechos a percibir este tipo de ayudas. Por a?adidura, la pandemia ha venido a enmara?arlo m¨¢s al introducir los tr¨¢mites telem¨¢ticos, otro motivo de zozobra para el aspirante. Solo la ayuda de abogados (Colectivo Ronda en el caso de Daniel), de la comisi¨®n promotora de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa, de los trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona y, finalmente, la sentencia de un magistrado han conseguido quebrar el muro.

La habilidad de los gestores del poder pol¨ªtico para poner obst¨¢culos al cobro de prestaciones sociales no es nada desde?able. En Catalu?a, la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa ¡ªun derecho subjetivo y no sujeto te¨®ricamente a vaivenes presupuestarios¡ª alcanzaba al 34% de la poblaci¨®n en pobreza severa, seg¨²n datos del Idescat de 2019, probablemente ahora agravados por la pandemia. Y en el conjunto de Espa?a el Ingreso M¨ªnimo Vital, seg¨²n datos del propio Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones, solo ha sido aprobado para el 25% del total de expedientes tramitados. Si la cobertura de esta prestaci¨®n estaba prevista para 2,3 millones de ciudadanos, se ha quedado en 680.000 personas. O sea, las 850.000 familias te¨®ricas beneficiarias de la ayuda se han visto reducidas a 260.000 gracias a la habilidad burocr¨¢tica.

La Generalitat ha rechazado en cinco meses el 70% de los expedientes de la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa

En el Pa¨ªs Vasco, donde el Gobierno auton¨®mico gestiona el IMV, los resultados son muy distintos. En la provincia de Barcelona solo el 13% de tramitaciones que han obtenido luz verde. A juzgar por las cifras, ni el Gobierno central ha actuado con la diligencia prevista ni la Generalitat ¡ªm¨¢s all¨¢ de las cr¨ªticas a Madrid¡ª ha negociado con la firmeza exigible la gesti¨®n de esa prestaci¨®n. Claro que la hoja de servicios del Govern no es muy brillante. Entre octubre de 2020 y marzo de 2021, la Generalitat ha rechazado un 70% de los expedientes aspirantes a la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa. Lo lamentable del caso es que detr¨¢s de esas decisiones hay hombres, mujeres y ni?os en situaci¨®n de precariedad. Siete de cada 10 personas que viven en pobreza severa en Catalu?a siguen quedando fuera de la cobertura de la RGC. La competici¨®n en desprop¨®sitos entre algunas administraciones est¨¢ muy re?ida. Estamos ante un entramado que parece pensado para que surta efecto sin que se note el cuidado.