Agua, banca y ciudadan¨ªa

Hace unos d¨ªas, el Ayuntamiento de Cornell¨¤ renov¨® el acuerdo que mantiene desde 2017 con Agbar ¡ªuno de los gigantes privados del agua en Espa?a¡ª para garantizar que no habr¨¢ cortes de suministro para los ciudadanos de esa localidad del Baix Llobregat en situaci¨®n de vulnerabilidad social. En realidad, el protocolo no hace m¨¢s que poner en solfa la letra y el esp¨ªritu de la ley 24/2015 del Parlament que protege a las personas en situaci¨®n de suma precariedad.

La noticia se produce unos d¨ªas despu¨¦s de que el Tribunal de Cuentas archivara la denuncia que la propia Agbar interpuso contra el Ayuntamiento de Barcelona por encargar estudios por unos 900.000 euros para abordar la municipalizaci¨®n del agua. El citado organismo administrativo ¡ªen la picota por los embargos a diversos pol¨ªticos catalanes por haber promocionado el proc¨¦s en el extranjero¡ª considera que no hay menoscabo del dinero p¨²blico pues el Consistorio tiene ¡°plena legitimidad¡± para plantear la municipalizaci¨®n del agua. Pero en el mundo de los hechos, una cosa es debatir y otra muy distinta poner en pr¨¢ctica.

Desde su llegada al poder en 2015, Ada Colau quiso convertir en p¨²blico el servicio que hist¨®ricamente (desde 1953) ha tenido en sus manos Agbar y antecesores. En 2012, siendo Xavier Trias alcalde, se creo una sociedad p¨²blico-privada controlada por Agbar a la que sin mediar concurso se le adjudic¨® el suministro de agua. El ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprob¨® la creaci¨®n de esta empresa mixta en la que la compa?¨ªa ostentaba el 85% y la AMB el 15%, asign¨¢ndole directamente el suministro de 23 localidades del cintur¨®n barcelon¨¦s. En 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) revoc¨® esta decisi¨®n que conced¨ªa el suministro a la entidad mixta durante 35 a?os a casi tres millones de personas. Pero el Tribunal Supremo (TS) en 2019 consider¨® la adjudicaci¨®n directa ajustada a derecho, propinando un rev¨¦s a las pretensiones del Ayuntamiento de Barcelona.

Remunicipalizar el agua en Catalu?a se ha convertido en un asunto que acaba siempre en los juzgados. Y es que en Espa?a el abastecimiento h¨ªdrico es un negocio que en 2018 gener¨® 3.475 millones, seg¨²n el Observatorio sectorial DBK. Si en todo el Estado, el 55% de la poblaci¨®n est¨¢ siendo abastecida por empresas privadas, este porcentaje se eleva al 80% en Catalu?a. Agbar y sus filiales son el gran gigante del sector y en la actualidad hay m¨¢s de 40 recursos en los juzgados contra ayuntamientos que han pretendido activar la remunicipalizaci¨®n. Se equivocar¨ªa quien pensara que los equipos de gobierno de aquellas poblaciones son de un determinado color, pues van desde la llamada Catalu?a catalana (Osona, Ripoll¨¨s) hasta el ¨¢rea de Barcelona.

Los consistorios, independientemente de su orientaci¨®n pol¨ªtica, suelen mostrar mayor transparencia a la hora de gestionar los intereses ciudadanos. No existe la misma recepci¨®n en otras instancias de poder, bien sea pol¨ªtico, bien del mundo judicial. En este mismo diario y m¨¢s extensamente en la revista Alternativas Econ¨®micas, Andreu Miss¨¦ reflexionaba recientemente a prop¨®sito de las cifras de Eurostat sobre la crisis bancaria espa?ola, cuyo coste, en 2019, hab¨ªa sido de 48.515 millones (58.415 millones hasta finales de 2020). La Sareb ¡ªo banco malo¡ª ha supuesto un incremento de la deuda p¨²blica de 35.000 millones de euros. En esa sociedad que se constituy¨® con un 45% de capital p¨²blico y un 55% de privado, ha acabado siendo el Estado quien ha asumido todo el riesgo de la operaci¨®n. No deja de ser parad¨®jico que una crisis que no iba a costar un solo euro al ciudadano ¡ªseg¨²n el Gobierno del PP¡ª haya acabado con una cuenta tan abultada a pagar a escote y sin que ninguna autoridad del mundo pol¨ªtico ni, por supuesto, econ¨®mico haya arqueado una ceja en se?al de preocupaci¨®n.

Este desparpajo con la administraci¨®n del dinero de los ciudadanos tiene tambi¨¦n su expresi¨®n en la lentitud y la prudencia rayana en la taca?er¨ªa con la que el Tribunal Supremo (TS) ha interpretado las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre las cl¨¢usulas suelo. El TS las declar¨® l¨ªcitas aunque abusivas. Para no causar ¡°grave riesgo de trastornos econ¨®micos¡± a la banca, el Alto Tribunal decidi¨® que se pagaran a partir de las fechas de los fallos sin efectos retroactivos. El TJUE fall¨®, en cambio, que si las cl¨¢usulas son nulas no se puede limitar la retroactividad. Tras 10 a?os en los tribunales, las cl¨¢usulas suelo siguen coleando a la espera de consultas que algunas instancias judiciales espa?olas siguen efectuando al TJUE. De momento, como en el blackjack, a igualdad de puntos siempre gana la banca.