?S¨¢lvese quien pueda!
Lo ocurrido en el Institut Catal¨¤ de Finances no deja lugar a dudas. Situando al Institut en el centro del debate de los avales se ha conseguido poner a otro organismo propio bajo sospecha
El proceso independentista ha malogrado buena parte de lo que ha tocado. Pol¨ªticos, partidos, la marca de la Generalitat de Catalu?a. No por la aspiraci¨®n a su fin ¨²ltimo, sino por el camino utilizado para alcanzar tal objetivo. La v¨ªctima m¨¢s reciente es el Institut Catal¨¤ de Finances. Como es sabido tres miembros de su direcci¨®n han dimitido despu¨¦s de que el Gobierno de Catalu?a designara por decreto a la entidad p¨²blica como alternativa para cubrir el aval a una treintena de excargos afectados por la fianza de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas por la acci¨®n exterior del proc¨¦s, entre 2011-2017.
Estos tres miembros independientes del ICF, nombrados durante la etapa de ERC al frente de la vicepresidencia de Econom¨ªa, hab¨ªan agotado su mandato a comienzos de julio y lo manten¨ªan a la espera de la renovaci¨®n de cargos. En la votaci¨®n de la entidad sobre el aval, de los miembros de la direcci¨®n restantes uno no vot¨®, otro se abstuvo, tres de adscripci¨®n pol¨ªtica (Esquerra, Junts) lo hicieron a favor y otros tres independientes en contra.
En general la prensa, viciada por la eterna brega entre socios, ha puesto el foco en la naturaleza de la decisi¨®n de convertir el ICF en avalador. En descubrir si hab¨ªa intenci¨®n de perjudicar al aliado de Gobierno. El rifirrafe pol¨ªtico tiene aqu¨ª un inter¨¦s limitado. Sin embargo, en el episodio hay dos derivadas de calado a las que prestar atenci¨®n.
La demanda de autogobierno se sustenta en la consideraci¨®n que hay una forma mejor de organizar la administraci¨®n p¨²blica y las instituciones, m¨¢s cercana y efectiva que la que desarrolla un poder central, considerado alejado de la realidad territorial m¨¢s inmediata, de sus necesidades y especificidades. Llevando esta tesis al l¨ªmite, el independentismo argumenta que una Rep¨²blica catalana ser¨¢ m¨¢s transparente, m¨¢s eficiente y estar¨¢ mejor gobernada que una Catalu?a aut¨®noma.
Con este marco, venimos de un par de meses clamando por la poca profesionalidad y la politizaci¨®n del Tribunal de Cuentas. Se?alando a quienes miran para otro lado ante la necesidad de reformular el ¨®rgano fiscalizador para que su actuaci¨®n sea incuestionable. De todo ello se desprende que, llegado el caso, en Catalu?a se proceder¨ªa de forma m¨¢s adecuada.
Hubo un tiempo en que a los catalanes se nos dec¨ªa que ¨¦ramos hijos de Carlomagno y que, por ello, ¨¦ramos m¨¢s europeos y mejores que las gentes al sur del Ebro. Pero resulta que cuando llega el momento de actuar en la parcela de nuestro autogobierno vemos que, a la hora de presionar y retorcer las instituciones o entidades p¨²blicas, somos igual de peninsulares que el resto de Espa?a. Ni mejores, ni peores.
Lo ocurrido en el ICF no deja lugar a dudas. Situando al Institut en el centro del debate de los avales se ha conseguido poner a otro organismo propio bajo sospecha. Y, de paso, contar con un argumento menos para defender la necesidad de afianzar y aumentar el autogobierno, puesto que para determinadas praxis es mejor no gobernar nada. Incluso uno puede llegar a creer que apropi¨¢ndose de una revisi¨®n que bien hubiese podido competer a la Sindicatura de Comptes de Catalu?a, el Tribunal de Cuentas ha ahorrado a este ¨®rgano entrar tambi¨¦n en el lodazal.
La segunda derivada del episodio es que la espantada de los tres miembros del ICF y la negativa de los otros tres abre la puerta a que otras personas ¡ªque no dependan de un cargo p¨²blico o que no tengan m¨¢s carn¨¦ que el de la biblioteca¡ª sigan sus pasos. Su actitud no demuestra cobard¨ªa, como ha se?alado parte del independentismo, sino haber tenido presente el aviso del refranero catal¨¢n: ¡±sempre ser¨¤s emmascarat per una paella bruta¡±. Llevar al l¨ªmite de manera reiterada a las instituciones supone una descapitalizaci¨®n intelectual que ning¨²n pa¨ªs se puede permitir. Y uno de las dimensiones y caracter¨ªsticas de Catalu?a, menos.
No vale con se?alar que ¡°en Madrid¡± se deber¨ªan mejorar algunos procederes de un Estado de derecho para justificar y amparar cualquier actuaci¨®n propia. Erosionar la imagen de nuestros organismos p¨²blicos y ahuyentar a los perfiles independientes de ellos ni contribuir¨¢ a consolidar nuestro autogobierno, ni recabar¨¢ un apoyo transversal ante las injusticias que se cometan contra determinadas personas enjuiciadas. Hay una cierta manera (correcta) de hacer las cosas. No es tan dif¨ªcil.
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