35 millones a dedo para una empresa desconocida: el contrato ¡°temerario¡± de la Generalitat que cuestiona Antifraude

La compra de material m¨¦dico por 35 millones de euros durante la primera ola de la pandemia a la empresa Basic Devices SL, una compa?¨ªa con un capital social de 4.000 euros seg¨²n consta en el Registro Mercantil y que no hab¨ªa trabajado antes con la administraci¨®n, fue ¡°temeraria¡±, seg¨²n la Oficina Antifraude de Catalu?a. El organismo afea a la Generalitat las ¡°irregularidades¡± de esta adjudicaci¨®n y pidi¨® el pasado 9 de febrero al Departamento de Economia y al Instituto Catal¨¢n de la Salud (ICS) que ¡°informen¡± en un periodo de 30 d¨ªas de las medidas adoptadas para evitar estas situaciones. La Generalitat lleg¨® a denunciar en marzo del 2020 a los Mossos d¡¯Esquadra la falta de garant¨ªas de este proveedor, aunque finalmente la retir¨® y anunci¨® que la entrega pactada (mascarillas y equipos de protecci¨®n individual para los profesionales sanitarios, principalmente) se realiz¨® completamente. A trav¨¦s de un comunicado, el ICS reivindica que ¡°no existen elementos corruptivos¡±, como admite Antifraude, y se?ala el contexto de ¡°emergencia¡± del inicio de la pandemia para explicar el riesgo de la operaci¨®n: ¡°Los proveedores hab¨ªan manifestado la imposibilidad de suministrar material de protecci¨®n¡±.

Antifraude inici¨® en abril del 2020 un an¨¢lisis sobre las presuntas irregularidades cometidas en la cadena de distribuci¨®n y venta de productos sanitarios ante la situaci¨®n de emergencia del inicio de la pandemia. Seg¨²n la Oficina, la crisis ¡°aument¨® el riesgo de fraude¡± y limit¨® los ¡°mecanismos de supervisi¨®n¡± o control. A ra¨ªz de la denuncia del propio gobierno catal¨¢n por las dudas de Basic Devices, avanzada por EL PA?S, Antifraude abri¨® su propia investigaci¨®n.

Seg¨²n el informe, presentado este martes, el Gobierno catal¨¢n contrat¨® el 19 de marzo del 2020 por la v¨ªa de emergencia (contratos que no se licitan por la urgencia de la situaci¨®n) el aprovisionamiento de cuatro millones mascarillas y dos millones de equipos de protecci¨®n individual por 60,5 millones, de los que avanz¨® 35 al d¨ªa siguiente a trav¨¦s de una transferencia bancaria. Ese mismo d¨ªa, responsables del Departamento de Econom¨ªa, entonces liderado por Pere Aragon¨¨s, denunciaron a los Mossos una tentativa de estafa, aunque tres d¨ªas despu¨¦s, el 23 de marzo, la retiraron porque la empresa contratista ¡°present¨® informaci¨®n suficiente¡±. Semanas m¨¢s tarde, tras superar el primer pico de la ola, el ICS desisti¨® parcialmente del contrato porque sus necesidades no eran las mismas y renunci¨® a la mitad de los EPI por lo que el monte total qued¨® en los 35 millones avanzados.

Este pago se realiz¨® ¡°sin cobertura legal¡±, denuncia Antifraude, porque la regulaci¨®n no habilit¨® los abonos anticipados hasta el 28 de marzo, d¨ªas despu¨¦s del primer pago. ¡°El pago se avanz¨® sin una justificaci¨®n documentada sobre la necesidad de hacerlo¡±, concluye el informe, ¡°y sin acreditar ninguna garant¨ªa¡± de la empresa contratista. Antifraude destaca que no consta en el Registro P¨²blico de Contratos ning¨²n contrato previo entre Basic Devices y la Generalitat, por lo que ¡°no hab¨ªa referencias¡± previas de esta empresa. Tambi¨¦n se?ala que ¡°no consta¡± el origen de los contactos entre la compa?¨ªa y el ICS ni el contenido de los temas tratados previamente a la adjudicaci¨®n a dedo. Seg¨²n la Oficina, las consultas preliminares al encargo ¡°no fueron ni transparentes ni esclarecedoras¡±.

La empresa, adem¨¢s, no estaba inscrita en el sistema de la Seguridad Social, indica Antifraude, lo que contradice la normativa de los contratos p¨²blicos. El reglamento establece que todas las empresas licitadoras deben estar inscritas en la Seguridad Social. ¡°De confirmarse, Basic Devices se encontraba en una situaci¨®n de prohibici¨®n de contratar¡±, apunta.

Por todo ello, el informe considera que el pago anticipado fue un ¡°acto temerario¡± y supuso un ¡°riesgo no controlado¡±. ¡°La cantidad era muy elevada y las referencias de la empresa eran muy d¨¦biles, en un entorno de mercado de m¨¢xima desconfianza y tensi¨®n¡±, insiste el documento. Antifraude recomienda al Departamento de Econom¨ªa que fije ¡°instrucciones¡± y elabore protocolos que eviten riesgos ¡°como los expuestos¡±. El contrato fue firmado por el actual consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que entonces era el director gerente del ICS. Por ello, la CUP pidi¨® este martes su comparecencia y la de la exconsejera, Alba Verg¨¦s, en el Parlament para ¡°informar sobre las irregularidades¡±. Els ICS remarca a trav¨¦s del comunicado haber ¡°colaborado¡± con Antifraude y que seguir¨¢ haci¨¦ndolo.

El informe de Antifraude llega pocos d¨ªas despu¨¦s de que la Sindicatura de Cuentas publicara un documento en el que se?ala presuntas irregularidades durante la adjudicaci¨®n de contratos por emergencia durante los primeros meses de la crisis sanitaria. La Generalitat destin¨® 31,6 millones de euros en siete contratos a dedo, vinculados a dar apoyo a los servicios veterinarios, renovar las licencias de Microsoft, comprar c¨¢maras policiales o renovar la log¨ªstica inform¨¢tica para la recaudaci¨®n de un impuesto medioambiental.

Los contratos por la v¨ªa de emergencia se habilitaron con la aplicaci¨®n del estado de alarma, en marzo de 2020, para dar respuestas urgentes a las necesidades de la poblaci¨®n en plena crisis por la covid, sin requerir una licitaci¨®n p¨²blica. Ahora, la Sindicatura de Cuenta y Antifraude revisan este proceso de contrataci¨®n.