El Parlament aprueba la nueva ley para frenar los desahucios en Catalu?a entre dudas sobre su efectividad
La norma recupera las medidas anuladas por el Tribunal Constitucional que proteg¨ªan a personas vulnerables
El Parlament ha aprobado este mi¨¦rcoles la nueva ley para frenar los desahucios en Catalu?a impulsada por los partidos socios en el Govern (ERC y Junts), adem¨¢s de los comunes, la CUP y entidades sociales entre las que destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La nueva norma, a la que se sum¨® el PSC en las ¨²ltimas semanas, recupera medidas anuladas por el Tribunal Constitucional en el 2019, despu¨¦s de...
El Parlament ha aprobado este mi¨¦rcoles la nueva ley para frenar los desahucios en Catalu?a impulsada por los partidos socios en el Govern (ERC y Junts), adem¨¢s de los comunes, la CUP y entidades sociales entre las que destaca la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La nueva norma, a la que se sum¨® el PSC en las ¨²ltimas semanas, recupera medidas anuladas por el Tribunal Constitucional en el 2019, despu¨¦s de que el ejecutivo catal¨¢n, entonces liderado por expresident Quim Torra, las sacara adelante mediante un decreto. Seg¨²n fuentes judiciales, el nuevo documento no tiene suficientes mecanismos para que sea aplicado de manera satisfactoria. La PAH insta a que los magistrados hagan una interpretaci¨®n del texto que d¨¦ garant¨ªas a las familias m¨¢s vulnerables.
La ley ha sido aprobada con 110 votos a favor (ERC, Junts, PSC, comunes y CUP), 11 en contra (Vox) y una abstenci¨®n. El PP y Ciudadanos no participaron en la votaci¨®n en protesta porque no les fue aceptada la petici¨®n de que el Consejo de Garant¨ªas Estatutarias estudiara el encaje de la nueva norma al Estatuto y a la Constituci¨®n.
El acuerdo alcanzado el pasado enero tiene entre uno de sus objetivos recuperar medidas como que los grandes tenedores est¨¦n obligados a hacer alquileres sociales a familias vulnerables, como fijaba el decreto que suscribi¨® el Govern en 2019. Tambi¨¦n se recuperan, por ejemplo, los alquileres sociales obligatorios para familias que se hayan quedado en la vivienda despu¨¦s de la extinci¨®n de su contrato de alquiler con un gran propietario. Adem¨¢s se imponen alquileres sociales para aquellas unidades familiares que hayan ocupado pisos de bancos o fondos de inversi¨®n antes del 1 de junio de 2021, ya sea porque se quedaron sin t¨ªtulo habilitante (ocupando) despu¨¦s de una ejecuci¨®n hipotecaria o bien por una demanda de desahucio. Seg¨²n la PAH, solo este ¨²ltimo punto es ¡°causa de miles de desahucios anuales¡±.
Entre los elementos que se introducen destaca la redefinici¨®n del gran tenedor de viviendas. Ahora estar¨¢n dentro de esta categor¨ªa aquellas personas jur¨ªdicas (empresas) que posean m¨¢s de 10 viviendas (15 en el caso de personas f¨ªsicas). Estos deber¨¢n ofrecer un alquiler social durante cinco a?os si es persona f¨ªsica, siete si es jur¨ªdica y 12 a?os cuando se trate de un banco o un fondo de inversi¨®n. Estos plazos alargan notablemente los tres a?os designados hasta ahora. Otros de los nuevos criterios incluyen la elaboraci¨®n de un registro de grandes tenedores. O que los grandes propietarios que no est¨¦n vinculados a bancos o fondos de inversi¨®n tambi¨¦n puedan solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde viva una familia vulnerable a precio de protecci¨®n oficial.
La capacidad de que la nueva norma pueda ser aplicada satisfactoriamente todav¨ªa es materia de debate. El juez Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo, reconocido por sus posiciones contra los desahucios, mantiene que la nueva norma ¡°nace con buena voluntad¡± pero ¡°se olvida de los problemas que tuvo la ley de vivienda catalana [la c¨¦lebre 24/2015]¡±. Esta, a su juicio, ¡°era una buena ley pero no se pudo desarrollar¡±. Entre otros motivos, el jurista argumenta una ¡°invasi¨®n de competencias¡± respecto a la legislaci¨®n estatal. ¡°Si los jueces consideran que se ha legislado en una materia que es de competencia estatal, directamente pueden no aplicar la ley¡±, agrega Fern¨¢ndez Seijo.
En materia competencial coincide con Estela Bergel, directora del Servicio Especial de Lanzamientos de Barcelona, que gestiona los desahucios en la capital catalana. Bergel mantiene que si la nueva ley sigue ¡°la misma l¨ªnea que su antecesora¡±, existe una ¡°duda competencial¡± que colocar¨¢ a los jueces en una situaci¨®n de ¡°indefinici¨®n¡±, lo cual puede derivar en la aplicaci¨®n de la ley en funci¨®n del criterio de cada juzgado.
La redefinici¨®n de gran tenedor es otro elemento controvertido. Bergel precisa que para determinar si existe obligaci¨®n de ofrecer alquiler social ¡°debemos tener claro que estamos ante un gran tenedor¡±. A d¨ªa de hoy, a?ade, ¡°es pr¨¢cticamente imposible detectar en todos y cada uno de los supuestos¡± si el propietario corresponde a esta categor¨ªa, con la salvedad de bancos o fondos de inversi¨®n.
La nueva ley contra la emergencia habitacional, que se empez¨® a tramitar el pasado junio, ha salido adelante tras una serie de retrasos en su tramitaci¨®n. Entre otros aspectos, por las enmiendas de Junts, una de las formaciones que han impulsado la nueva norma, lo cual motiv¨® que la PAH llevara a cabo un conjunto de acciones que finalmente se saldaron con el acuerdo alcanzado el pasado enero. Lucia Delgado, portavoz de la plataforma, defiende que la nueva norma provee a las administraciones de una ¡°herramienta¡± que ¡°ahora toca exprimir¡±. Su organizaci¨®n, agrega, continuar¨¢ asesorando a las familias, que ¡°ahora dispondr¨¢n de una herramienta para intentar conseguir los m¨¢ximos alquileres sociales¡±.
¡°?Por qu¨¦ no aplicamos la ley de forma m¨¢s garantista para el m¨¢s vulnerable?¡±, se pregunta Delgado, que lamenta la posibilidad de que ¡°algunos¡± jueces interpreten la ley de una manera ¡°conservadora¡±. En cuanto a los grandes propietarios, la Agencia de Vivienda de Catalu?a, agrega Delgado, ¡°deber¨¢ de tener el registro¡± de estos ¡°a disposici¨®n de la ciudadan¨ªa, los ayuntamientos y los juzgados¡± para que la nueva normativa se pueda hacer efectiva de manera m¨¢s eficiente. ¡°Pong¨¢moslo f¨¢cil¡±, subraya. La plataforma, con implantaci¨®n en toda Espa?a, considera que el nuevo reglamento puede servir para ¡°marcar un ejemplo¡± en todo el territorio. El objetivo, seg¨²n indican, es poder incidir en la Ley de Vivienda estatal a trav¨¦s de enmiendas a la norma que est¨¢ en proceso de tramitaci¨®n en el Congreso de los Diputados.