El Govern obliga a los bancos a ofrecer un alquiler a las personas vulnerables que ocuparon sus pisos

El gobierno de la Generalitat ha aprobado este lunes en su consejo de gobierno un nuevo decreto de medidas urgentes sobre vivienda para atajar la falta de alquileres sociales y de viviendas de protecci¨®n oficial. El decreto, que el Govern ha negociado con socialistas y con los comunes para lograr su convalidaci¨®n en el Parlament, contiene potentes reconocimientos a las reivindicaciones de las entidades sociales, como por ejemplo la obligaci¨®n a grandes tenedores --bancos y fondos de inversi¨®n-- de ofrecer un alquiler social de siete a?os de duraci¨®n a las personas en situaci¨®n de vulnerabilidad social que hayan ocupado un piso desde hace m¨¢s de seis meses. El decreto, a la vez, es un gui?o hacia los promotores privados, que ped¨ªan actualizar las tarifas para hacer m¨¢s atractiva la construcci¨®n de vivienda de protecci¨®n social.

Mientras el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Dami¨¤ Calvet, presentaba el decreto al gobierno de Quim Torra para su aprobaci¨®n --que deber¨¢ convalidarse en el Parlament en el plazo de un mes--, en la plaza de Sant Jaume los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) celebraban como una gran victoria la entrada en vigor de las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. El decreto refuerza algunas de las leyes sobre vivienda anteriores, y sobre todo significa una ampliaci¨®n de la ley 24/2015 en lo que ata?e al acceso a la vivienda por parte de los colectivos m¨¢s vulnerables.

El camino hacia conseguir sacar adelante este decreto, que seg¨²n Calvet ahora goza de un amplio consenso, ha sido tortuoso. El titular de Territorio, de Junts per Catalunya, ya intent¨® aprobar un decreto sobre vivienda el pasado mes de abril, aunque a ¨²ltima hora lo retir¨® al ver que no hab¨ªa conseguido el consenso en el Parlament para su aprobaci¨®n. En esa ocasi¨®n, el contexto electoral y la competici¨®n entre los socios del Govern --ERC tambi¨¦n hab¨ªa preparado un decreto desde el departamento de Justicia sobre la limitaci¨®n de alquileres, que tampoco prosper¨®--, hizo fracasar el intento. Esta vez, Calvet se ha asegurado los apoyos al prepararlo en colaboraci¨®n con las entidades sociales, los promotores y, sobre todo, con los grupos parlamentarios del PSC y comunes, partidos que, junto con JxCat y ERC, representan a la mayor¨ªa de Ayuntamientos del territorio.

"El decreto act¨²a en tres grandes bloques: combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el n¨²mero de viviendas protegidas en r¨¦gimen de alquiler, y contribuir a la moderaci¨®n de los precios del alquiler en las viviendas privadas", ha explicado Calvet en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.

En el primer bloque, para combatir la situaci¨®n de emergencia y los desahucios, el decreto incluye la obligaci¨®n a los grandes tenedores de ofrecer un alquiler social de siete a?os para las familias que acrediten, mediante un informe de los servicios sociales, su situaci¨®n de vulnerabilidad. Ofrecer un alquiler social ser¨¢ obligatorio para estas familias tanto si termina el contrato de alquiler, como si est¨¢n en proceso de desahucio, o si son familias que han ocupado su piso en el periodo anterior a seis meses de la aprobaci¨®n del decreto. El alquiler social, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada por el Gobierno del Estado este a?o, se ampl¨ªa de tres a cinco o siete a?os, dependiendo si el propietario es una persona f¨ªsica o jur¨ªdica.?

Otra de las medidas para reducir la mesa de emergencia habitacional, que en Catalu?a est¨¢ colapsada por la lista de espera, es permitir la construcci¨®n de alojamientos temporales en suelos p¨²blicos o privados que est¨¦n destinados a equipamientos. Estos alojamientos no tienen c¨¦dula de habitabilidad y por lo tanto son temporales, y ser¨¢n gestionados por los municipios. El Ayuntamiento de Barcelona ya estren¨® este mes los primeros alojamientos construidos con contenedores del puerto?en suelo de equipamiento.

En el primer bloque de medidas tambi¨¦n est¨¢n la ampliaci¨®n de mecanismos para multar o expropiar edificios vac¨ªos con obras inacabadas, para destinarlos al alquiler social; y tambi¨¦n se ampl¨ªa el plazo, hasta 2027, para que los Ayuntamientos, entidades y la Generalitat ejerzan el derecho de tanteo y retracto en viviendas, derecho que se ampl¨ªa para que la Generalitat pueda aplicarlo en segundas y terceras transmisiones de vivienda comprada anteriormente por grandes tenedores.

M¨¢s suelo destinado a vivienda protegida

El decreto tambi¨¦n prev¨¦ medidas para ampliar el suelo destinado al parque de viviendas de protecci¨®n social. Para empezar, obliga a los Ayuntamientos a elaborar en un a?o un inventario de patrimonio p¨²blico en suelo y vivienda, y en dos a?os tendr¨¢n que presentar un plan para desarrollarlo. El departamento de Territorio calcula que existe en Catalu?a un potencial de 172.000 viviendas protegidas. El nuevo decreto tambi¨¦n plantea ampliar las reservas de vivienda social en suelo: en el ¨¢rea metropolitana de Barcelona, la reserva m¨ªnima ser¨¢ del 40% en suelo urbanizable delimitado (los nuevos ensanches de las ciudades) y del 40% en suelo urbano no consolidado (dentro de la ciudad pero con necesidades urban¨ªsticas). Estos porcentajes ser¨¢n de al menos el 50% y el 40%, respectivamente, en los dem¨¢s municipios catalanes, a partir del a?o que viene, cuando se apruebe el Plan Territorial Sectorial de Vivienda.

El decreto tambi¨¦n establece que las viviendas de protecci¨®n oficial tengan una calificaci¨®n permanente en la mayor¨ªa de los casos. Y, a la pr¨¢ctica, el decreto tambi¨¦n actualiza las tarifas de venta y alquiler de las viviendas de protecci¨®n oficial al simplificar los m¨®dulos y unificarlos en cada municipio. El precio, pues, ser¨¢ ¨²nico en cada municipio y en el caso del ¨¢rea metropolitana de Barcelona solo habr¨¢ un precio para todos sus municipios. Esta era una de las reivindicaciones de los promotores.

Finalmente, Calvet ha reivindicado el ?ndice de Referencia de los precios del alquiler como una herramienta de la Generalitat para propiciar una moderaci¨®n en los precios del alquiler. Este ¨ªndice se tomar¨¢ como referencia para las pol¨ªticas p¨²blicas, y deber¨¢ mostrarse en todos los anuncios de publicidad y contratos de alquiler privados.

Ocupar cuando no queda m¨¢s remedio

La aprobaci¨®n del nuevo decreto ha sido una gran noticia para las entidades que defienden el acceso a la vivienda de las personas m¨¢s vulnerables. Esta ma?ana en la plaza de Sant Jaume, mientras la PAH celebraba el ¨¦xito, una mujer explicaba su caso. Mariana, con dos hijos, hab¨ªa estado pagando un alquiler a una persona que dec¨ªa ser el propietario del piso, hasta que un desahucio solicitado por el verdadero due?o, un fondo de inversi¨®n, le desvel¨® la verdad. Mariana cuenta con un informe que acredita su situaci¨®n de vulnerabilidad social, y decidi¨® quedarse en el piso pese a no tener t¨ªtulo de inquilina. El nuevo decreto obliga a la entidad a ofrecerle un contrato de alquiler social. Otro caso es el de Karima, una mujer que viv¨ªa en un local comercial sin c¨¦dula de habitabilidad, y que por esta circunstancia se le deneg¨® la entrada en la mesa de emergencia. Ante esta situaci¨®n, la PAH ocup¨® los pisos de un edificio en la calle de Arag¨®n, propiedad de un fondo de inversi¨®n. Las familias que viven en este edificio tendr¨¢n que recibir un alquiler social.