El Gobierno extender¨¢ la suspensi¨®n de desahucios por la covid hasta octubre

El Gobierno prev¨¦ prorrogar hasta octubre las medidas especiales por la pandemia que permiten suspender desahucios de familias vulnerables, seg¨²n han confirmado este jueves fuentes del Ejecutivo. Tras un acuerdo entre el ala socialista del Gobierno y la de Unidas Podemos, el asunto ir¨¢ previsiblemente al Consejo de Ministros del pr¨®ximo martes, el ¨²ltimo antes de que expire, el 28 de febrero, el denominado escudo social. Este incluye otras medidas en materia de vivienda, como las moratorias de pago de alquileres o la pr¨®rroga de contratos, que no se extender¨¢n. Las citadas fuentes no han precisado qu¨¦ suceder¨¢ con la prohibici¨®n del corte de suministros b¨¢sicos.

Poco despu¨¦s de llegar la pandemia a Espa?a, y ante el profundo bache econ¨®mico que vaticinaban los meses de confinamiento estricto, el Gobierno aprob¨® una serie de medidas para evitar los desahucios de quienes hubieran quedado en situaci¨®n de vulnerabilidad por la covid. Estas medidas permit¨ªan al juez suspender el lanzamiento del inquilino, si este demostraba que no pod¨ªa pagar como consecuencia de la emergencia sanitaria, hasta que pasase la misma. Posteriormente, esas medidas se consideraron insuficientes por no atender otras situaciones de vulnerabilidad previas al coronavirus. Y, tras un tira y afloja entre Podemos y el PSOE, se ampliaron los supuestos. Un decreto en diciembre de 2020, y una correcci¨®n del mismo en enero de 2021, configuraron la normativa actual que se prorrogar¨¢ hasta el 30 de septiembre.

La normativa antidesahucios permite al juez solicitar un informe a los servicios sociales para, en caso de que se avale la vulnerabilidad de la familia que va a ser desalojada, suspender temporalmente el proceso. El magistrado debe ponderar tambi¨¦n la situaci¨®n del propietario de la vivienda, que puede alegar igualmente encontrarse en causa de vulnerabilidad.

La norma lleg¨® envuelta de varias controversias. Una de ellas fue que puede aplicarse en ocupaciones en precario, es decir, cuando un hogar no tiene ning¨²n t¨ªtulo v¨¢lido para demostrar que tiene derecho a residir en la vivienda. Estos casos, no obstante, solo se aplican cuando el propietario es un gran tenedor de vivienda, que es el que posee m¨¢s de diez inmuebles.

Adem¨¢s, aunque en principio la normativa solo se aplicaba en procedimientos civiles, una ampliaci¨®n posterior la extendi¨® a supuestos que van por la v¨ªa penal. En estos casos solo se aplica a hogares en los que haya menores, personas dependientes o v¨ªctimas de violencia de g¨¦nero. Y en todas las casu¨ªsticas quedan fuera las primeras y segundas residencias o los casos en que hay sospecha que alguna actividad il¨ªcita en el inmueble.

Para a?adir garant¨ªas al proceso, el Gobierno aprob¨® tambi¨¦n la posibilidad de solicitar una compensaci¨®n a los propietarios, cuando deben soportar la paralizaci¨®n del proceso durante m¨¢s de tres meses sin que las Administraciones hayan encontrado al hogar que va a ser desahuciado una alternativa habitacional.

Fin de la pr¨®rroga extraordinaria

Seg¨²n las citadas fuentes, todos estos supuestos se prorrogar¨¢n como est¨¢n actualmente hasta que acabe septiembre. Eso implicar¨¢ tambi¨¦n alargar el plazo para pedir las compensaciones hasta el 31 de octubre, y vincular estas indemnizaciones, que hasta ahora se sufragaban con el plan estatal de vivienda 2018-2021, con el nuevo plan estatal (que comprende desde 2022 hasta 2025). Para septiembre, inciden en el Ejecutivo, se espera tener ya aprobada la futura ley de vivienda, que dibuja un mecanismo permanente para tratar los desahucios que se parece mucho a este que se puso en marcha durante la emergencia de la pandemia.

Lo que no formar¨¢ parte de la pr¨®rroga, y acabar¨¢ el 28 de febrero, son otras dos medidas que el Ejecutivo puso en marcha en marzo de 2020 para paliar los efectos de la crisis sobre la vivienda. El primero es la pr¨®rroga extraordinaria de contratos a la que pueden acogerse los inquilinos. Hasta ahora estos pod¨ªan solicitar quedarse seis meses m¨¢s en el piso, y el arrendador no pod¨ªa negarse, en las mismas condiciones del contrato que tuvieran y siempre que este fuera a expirar antes de acabar febrero. Desde el 1 de marzo, esa posibilidad ya no existir¨¢. Y tampoco podr¨¢ pedirse la moratoria de pagos que, en el caso de los grandes tenedores y bajo ciertas condiciones, obligaba a reducir el precio del alquiler en un 50% durante cuatro meses o, alternativamente, a suspender por completo el pago en ese mismo periodo para luego recuperar el 100% de las cantidades no satisfechas prorrate¨¢ndolas en las mensualidades posteriores. Una de las fuentes consultadas se?ala que estas medidas, muy vinculadas a la coyuntura de los meses m¨¢s duros de la pandemia, ¡°apenas ten¨ªa ya efectividad¡± y por eso se ha decidido no prolongarlas.