Asegurar el biling¨¹ismo
Solo resta cruzar los dedos para que el Tribunal Constitucional, llegado el caso, avale el acuerdo alcanzado por los partidos, que consiste en reconocer el car¨¢cter vehicular del castellano
El curso escolar m¨¢s convulso de los ¨²ltimos tiempos termin¨® por fin. En el fragor del debate sobre la fecha de inicio del curso 2022-2023 y de las demandas sindicales espoleadas por ese debate han quedado en segundo plano episodios relevantes, entre los cuales destaca la presentaci¨®n de 50 propuestas para impulsar el uso del catal¨¢n en los centros educativos por parte del variopinto Consejo Ling¨¹¨ªstico Asesor nombrado a estricto dedo por el consejero de Educaci¨®n, Josep Gonz¨¤lez-Cambray.
El pre¨¢mbulo del documento es una de cal y otra de arena. El Consejo parte de la base de un ¡°baj¨®n¡± en el conocimiento del catal¨¢n que en realidad no atestiguan ni la Encuesta de Usos Ling¨¹¨ªsticos de la Poblaci¨®n (que por cierto no aplica a los menores de 15 a?os) ni las pruebas de competencias b¨¢sicas de 6? de Primaria y 4? de ESO que supervisa anualmente el Consejo Superior de Evaluaci¨®n del Sistema Educativo, un ¨®rgano del Departamento de Educaci¨®n con bastante m¨¢s pedigr¨ª evaluativo que el Consejo ad hoc de Cambray. Por otra parte, el documento da en el clavo cuando afirma que una competencia ling¨¹¨ªstica plena en las dos lenguas oficiales (el biling¨¹ismo personal, en definitiva) ¡°es una herramienta de construcci¨®n de cohesi¨®n social y de igualdad de oportunidades econ¨®micas y sociales¡± ¡ªuna afirmaci¨®n que se desv¨ªa de cierto credo nacionalista que sigue atribuyendo a la lengua catalana en exclusiva el papel de garante de dicha cohesi¨®n social¡ª.
Si nos fijamos en las 50 medidas propuestas por Carme Junyent y compa?¨ªa sucede otro tanto. Hay propuestas relativamente anodinas, que se limitan a reiterar el marco normativo de toda la vida ¡ªel rechazo a la separaci¨®n de los alumnos en centros o grupos en raz¨®n de su lengua inicial, por ejemplo¡ª. Pero tambi¨¦n hay medidas de dudosa legalidad o de dudosa practicabilidad, como la que sugiere impulsar la comunicaci¨®n y el uso social cotidianos del catal¨¢n en ¡°el entorno¡±, o la que pretende fomentar el uso del catal¨¢n en el espacio ¡°no lectivo¡± al mismo nivel que en el espacio lectivo.
En el lado positivo destacan las propuestas que van en la l¨ªnea de la hist¨®rica Ley 8/2022, sobre Uso y Aprendizaje de las Lenguas Oficiales en la Ense?anza no Universitaria, recientemente aprobada por el Parlament con el voto a favor de Junts, Esquerra, socialistas y comunes, sobre la cual un TSJC pillado a contrapi¨¦ plantea dudas de constitucionalidad: los centros educativos deber¨¢n evaluar anualmente sus proyectos ling¨¹¨ªsticos para asegurarse de que los alumnos acaban la ense?anza obligatoria con un pleno dominio oral y escrito de las lenguas catalana y castellana, y, como no pod¨ªa ser de otra manera, un ingrediente importante para conseguir dicha meta va a ser la cantidad de uso ¡°curricular y educativo¡± de castellano necesaria en cada centro. Ahora solo resta cruzar los dedos para que el Tribunal Constitucional, llegado el caso, avale el acuerdo alcanzado por los partidos, que consiste en reconocer el car¨¢cter vehicular del castellano para asegurar el biling¨¹ismo.
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