ERC y CUP rechazan blindar a Laura Borr¨¤s y marcan su fin como presidenta del Parlament

La decisi¨®n no solo se esperaba, sino que era inevitable una vez perdidos y agotados todos los recursos. El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha abierto este martes juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borr¨¤s por troceo de contratos para beneficiar a un amigo cuando dirig¨ªa la Instituci¨® de les Lletres Catalanes (ILC). Con el reglamento de la C¨¢mara en la mano, la decisi¨®n judicial deber¨ªa tener como consecuencia que la tambi¨¦n l¨ªder de Junts abandonara su esca?o y su posici¨®n como segunda autoridad de Catalu?a. Est¨¢ por ver, sin embargo, si Borr¨¤s sigue el reglamento o decide atrincherarse en el cargo. La decisi¨®n se tomar¨¢ en una reuni¨®n de la Mesa de la C¨¢mara, este jueves, y ERC, la CUP y el PSC ya han anunciado que piensan dejar caer a la presidenta, siguiendo lo establecido en la normativa interna, sin ni siquiera recurrir a la posibilidad de pedir antes un dictamen de la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado.

El auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado Carlos Ramos no puede recurrirse y significa que Borr¨¤s tendr¨¢ que sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de prevaricaci¨®n y falsedad documental. El d¨ªa en que se realizar¨¢ la vista a¨²n no se conoce. La Fiscal¨ªa pide seis a?os de c¨¢rcel y 21 de inhabilitaci¨®n para ejercer cargos p¨²blicos por supuestamente dividir un encargo de p¨¢ginas web para ILC en peque?os contratos y por as¨ª adjudic¨¢rselos a dedo a un antiguo colaborador suyo. Todo por un valor de casi 300.000 euros.

La presidenta del Parlament ha luchado como gato panza arriba para evitar su enjuiciamiento. Durante la fase de instrucci¨®n, se present¨® como v¨ªctima de una operaci¨®n de Estado por su condici¨®n de l¨ªder independentista. Ante los jueces ha optado por guardar silencio, pero su abogado, Gonzalo Boye, los ha inundado con recursos. Borr¨¤s ha llegado a pedir la recusaci¨®n del magistrado Ramos, una petici¨®n que seg¨²n el tribunal es un ¡°abuso¡± y una ¡°estafa procesal¡± con la que solo pretend¨ªa ganar tiempo. Tambi¨¦n solicit¨® ser juzgada por un jurado popular, una petici¨®n que tambi¨¦n fue denegada.

Pero ahora, con la apertura de juicio oral, el tiempo se ha acabado y el debate se traslada al Parlament, donde las decisiones tendr¨¢n efectos tel¨²ricos de intensidad a¨²n desconocida. La clave est¨¢ en el art¨ªculo 25.4 del reglamento de la c¨¢mara auton¨®mica ¨Dque regula las ¡°causas de suspensi¨®n de los derechos y deberes parlamentarios¡±¨D y en c¨®mo se aplique. Una clausula que, seg¨²n reconocen algunos expertos, viola la presunci¨®n de inocencia pero que fue el baremo de autoexigencia que los propios diputados votaron en la reforma de 2017.

La tesis de la Fiscal¨ªa es que, como m¨¢xima responsable de la ILC hasta 2018, Borr¨¤s troce¨® de forma artificial contratos por valor de m¨¢s de 300.000 euros con el objetivo de beneficiar al inform¨¢tico Isa¨ªas H., con quien hab¨ªa colaborado en el ¨¢mbito docente en el pasado. La principal prueba de cargo son correos electr¨®nicos escritos por Borr¨¤s en los que solicita presupuestos ficticios y dirige la operaci¨®n de ama?o. La dirigente de Junts actu¨® de esa forma pese a las numerosas advertencias de la auditor¨ªa y de trabajadores de la instituci¨®n, que depende del Departamento de Cultura y promueve la literatura en catal¨¢n.

La Fiscal¨ªa considera que esos hechos constituyen prevaricaci¨®n (dictar una resoluci¨®n a sabiendas de su injusticia) y falsedad, que son dos de los llamados delitos de corrupci¨®n. Sobre esa premisa, el art¨ªculo que aplica en el caso Borr¨¤s es el 25.4, que no deja mucho margen a la interpretaci¨®n. ¡°En los casos en los que la acusaci¨®n sea por delitos vinculados a la corrupci¨®n¡±, dice el texto, la Mesa del Parlamento debe ¡°acordar la suspensi¨®n de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata¡±. El art¨ªculo a?ade que esta decisi¨®n debe adoptarse ¡°una vez que sea firme el auto de apertura de juicio oral¡± (como ocurre ahora) y de que la c¨¢mara ¡°tenga conocimiento¡± del texto.

El mismo art¨ªculo agrega que, cuando haya dudas sobre ¡°el tipo de delito o sobre el r¨¦gimen de incompatibilidades¡± que debe aplicarse, es necesario el dictamen de la Comisi¨®n del Estatuto de los Diputados. El reglamento no deja mucho lugar a las dudas, pero es cierto que existen lagunas en cuanto a su ejecuci¨®n porque nunca se ha activado. Borr¨¤s alega que es precisamente el ataque a la presunci¨®n de inocencia de ese art¨ªculo lo que justifica que no se le aplique y recuerda que la revisi¨®n de ese punto hab¨ªa sido recomendada por los letrados.

Efecto domin¨® en el Parlament

El auto desencadena un efecto domin¨® que puede poner en jaque al Parlament. La l¨ªder de Junts per Catalunya ha insistido en que no tiene intenci¨®n alguna de apartarse del cargo pese a lo que se?ala el reglamento. El PSC, Esquerra y la CUP, con representaci¨®n en la Mesa, llevan d¨ªas advirtiendo que la prioridad es velar por el buen nombre de la instituci¨®n. La opci¨®n de atrincherarse en el cargo tiene muy pocos n¨²meros de salir adelante pues implicar¨ªa el concierto de los funcionarios (por ejemplo, con el funcionamiento de su correo o el acceso al edificio) y en otras ocasiones estos han mostrado que no piensan desobedecer.

Este martes, tras conocerse la apertura del juicio oral, ERC y CUP han liquidado cualquier esperanza de blindar a la presidenta, tal como lo ped¨ªa ella y su partido, en nombre de la lucha contra ¡°la represi¨®n¡±. La CUP, ha dicho la diputada Laia Estrada, ¡°no tiene dudas¡± respecto a que ¡°los delitos de los que se acusa a Borr¨¤s son corrupci¨®n¡±. Por tanto, los anticapitalistas ven necesario que se aplique el art¨ªculo 25.4. Para la portavoz de ERC, Marta Vilalta, es tan claro que se cumple el sup¨®sito sobre casos de corrupci¨®n, que ¡°no har¨ªa falta elevar esta consulta a la Comisi¨®n del Estatuto del Diputado¡±, una posibilidad que recoge el reglamento por si hay duda sobre la naturaleza de las acusaciones. Es decir, el propio jueves y solo con la decisi¨®n de la Mesa, Borr¨¤s ser¨ªa suspendida de tofos los derechos.

La posible suspensi¨®n de Borr¨¤s como presidenta del Parlament implica que el m¨¢ximo cargo de la C¨¢mara auton¨®mica pasa a manos de Esquerra. El reglamento de la instituci¨®n prev¨¦ que, en ausencia de presidenta, sus funciones las asume la vicepresidenta, cargo que regenta Alba Verg¨¦s. Los republicanos han avanzado que no tienen intenci¨®n de socavar el acuerdo de Gobierno trabado con Junts per Catalunya, seg¨²n el cual los dos partidos se repart¨ªan las presidencias de la Generalitat y del Parlament.

Esto abre la puerta a que haya un movimiento de sillas en la Mesa del Parlament para posibilitar que Junts conserve la m¨¢xima autoridad. Verg¨¦s, que ya ha anunciado que su futuro pol¨ªtico est¨¢ ligado a su candidatura como alcaldesa de Igualada, no tendr¨ªa inconveniente en ceder las funciones de presidenta interina a Aurora Madaula, diputada por Junts y que ejerce de secretaria segunda de la Mesa. Madaula es una de las personas del c¨ªrculo de confianza de Borr¨¤s.

Tambi¨¦n est¨¢ por verse c¨®mo reaccionar¨¢ Junts, que hace dos semanas, durante su congreso, cambi¨® la ponencia pol¨ªtica para permitir que Borr¨¤s pudiera seguir en la presidencia hasta que, dado el caso, hubiera una sentencia firme en su contra. Hasta ahora, el partido ha mostrado un apoyo gran¨ªtico a la l¨ªder de la C¨¢mara. En la tarde de este martes, la Ejecutiva del partido se ha reunido de manera extraordinaria para evaluar la situaci¨®n y en un comunicado ha expresado su apoyo ¡°sin fisuras¡± a su presidenta. Consideran que las petici¨®n de penas tan altas es la muestra de que en realidad se trata de un caso de ¡°persecuci¨®n pol¨ªtica¡±. Hace unos d¨ªas, el n¨²mero dos del partido, Jordi Turull calific¨® de ¡°error garrafal¡± que se deje caer a Borr¨¤s. Eso se puede entender como una se?al de peligro para la coalici¨®n del Ejecutivo catal¨¢n, pero en las filas republicanas pocos creen que Junts se atreva a romper.

Adem¨¢s de Borr¨¤s, ir¨¢n a juicio Isa¨ªas H. y un trabajador de la ILC, Andreu P. El auto dictado por el TSJC indica que hay una ¡°base indiciaria seria y consistente¡± contra ellos y contiene tambi¨¦n un resumen de los hechos. Seg¨²n el magistrado Ramos, la presidenta del Parlament y su colaborador actuaron ¡°de com¨²n acuerdo¡± para fraccionar indebidamente 18 contratos menores que, en realidad, ten¨ªan un ¨²nico objetivo: el mantenimiento del portal web de la instituci¨®n. Ambos ¡°pactaron¡± que cada expediente contendr¨ªa tres presupuestos de proveedores; dos de ellos, sin embargo, ¡°no eran ofertas reales sino presupuestos comparsa elaborados falazmente¡± por ellos. Las defensas de Borr¨¤s y de los otros dos procesados deber¨¢n presentar en los pr¨®ximos d¨ªas los escritos con sus argumentos y, una vez cumplido este tr¨¢mite, el TSJC decidir¨¢ la fecha del juicio, del que se har¨¢ cargo la Sala de lo Civil y Penal del tribunal.

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