El Govern se enfrenta a la promesa incumplida de la renta garantizada

Con la salida de Junts del Govern, el nuevo Ejecutivo, y especialmente los nuevos consejeros, tendr¨¢n que enfrentarse a los planes que estaban en marcha bajo sus predecesores, o que deb¨ªan iniciarse. El principal reto lo tiene la nueva consejera de Econom¨ªa, Nat¨¤lia Mas: sacar adelante los presupuestos que hab¨ªa preparado su predecesor, Jaume Gir¨®. Pero para el resto de los reci¨¦n estrenados consejeros tambi¨¦n habr¨¢ desaf¨ªos. Estos ...

Con la salida de Junts del Govern, el nuevo Ejecutivo, y especialmente los nuevos consejeros, tendr¨¢n que enfrentarse a los planes que estaban en marcha bajo sus predecesores, o que deb¨ªan iniciarse. El principal reto lo tiene la nueva consejera de Econom¨ªa, Nat¨¤lia Mas: sacar adelante los presupuestos que hab¨ªa preparado su predecesor, Jaume Gir¨®. Pero para el resto de los reci¨¦n estrenados consejeros tambi¨¦n habr¨¢ desaf¨ªos. Estos son algunos de ellos:

Cumplir la promesa de la Renta Garantizada. Con los datos en la mano, parece muy complicado que Campuzano pueda cumplir con la promesa que hizo su predecesora en el cargo, Violant Cervera. En noviembre del a?o pasado, la exconsejera afirm¨® que se aumentar¨ªa la dotaci¨®n presupuestaria para la renta garantizada de ciudadan¨ªa (la prestaci¨®n social destinada a proporcionar un m¨ªnimo de ingresos a la poblaci¨®n m¨¢s vulnerable) en 11 millones, hasta los 400 millones, y que ello permitir¨ªa ampliar esta ayuda. Aunque no explic¨® c¨®mo lo iba a hacer, s¨ª puso cifras a la promesa: asegur¨® que en 2022 se llegar¨ªa a los 200.671 beneficiarios. En ese momento 170.753 personas recib¨ªan esta prestaci¨®n. Y los ¨²ltimos datos disponibles, del mes de junio, indican que hay 173.886 beneficiarios. Es decir, que en los seis primeros meses del a?o solo se ha ampliado la cobertura de la renta garantizada en alrededor de 3.000 personas, con lo que en los siguientes seis meses tendr¨¢ que aumentar en casi 27.000 beneficiarios para cumplir la promesa.

El objetivo se complica porque hasta que no se actualice el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalu?a (IRSC), el baremo con el que se calculan las cuant¨ªas de las prestaciones pero tambi¨¦n el que fija el l¨ªmite de ingresos para acceder a ellas, no se podr¨¢ ampliar de forma sustancial la cobertura de la ayuda. El Govern se ha comprometido a actualizarlo en los pr¨®ximos presupuestos. Otro de los retos es terminar de integrar la renta garantizada con el Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV), la prestaci¨®n estatal cuya gesti¨®n traslad¨® el Estado a la Generalitat en febrero. Seg¨²n los datos del Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones, esta ayuda llega a 171.403 personas en Catalu?a. Al ser la renta garantizada subsidiaria del IMV (es decir, primero se otorga la estatal, y luego se complementa con la auton¨®mica) se tendr¨ªan que ahorrar muchos expedientes y ampliar as¨ª la cobertura de la prestaci¨®n.

La gesti¨®n del bono joven. El ¨¢rea de vivienda regresa a Territori, desde donde deber¨¢n seguir gestionando las ayudas del Gobierno para j¨®venes al pago del alquiler (el bono joven) y la ayuda complementaria creada desde Derechos Sociales por la Agencia de la Vivienda del Govern. La ayuda de la Generalitat, que supone doblar la apuesta, en presupuesto, de la del Gobierno (29 millones de euros) ha sido solicitada por casi 26.000 j¨®venes menores de 36 a?os. A diferencia del bono joven, que se adjudic¨® por orden de llegada de las solicitudes, en este caso se ponderar¨¢n los requisitos. En otras palabras, lo recibir¨¢n los j¨®venes que peores condiciones tengan. El funcionamiento de la ayuda catalana es distinto de los 250 euros del bono joven. La subvenci¨®n de la agencia ser¨¢ de entre el 20% y el 40% del importe del alquiler en funci¨®n del porcentaje de ingresos que requiera pagar la renta para cada solicitante. Ser¨¢ de un m¨¢ximo de 250 euros.

Las tres chimeneas de Sant Adri¨¤. El desarrollo del mayor solar metropolitano y en primera l¨ªnea de mar, en los terrenos que rodean la antigua central t¨¦rmica de Sant Adri¨¤, depende de las consejer¨ªas de Territori (el urbanismo) y de Cultura (el desarrollo de un hub del audiovisual y los videojuegos). En ambos casos, el plan est¨¢ en un momento determinante. Territori acaba de aprobar el PDU, el Plan Director Urban¨ªstico que fija qu¨¦, cu¨¢nto y d¨®nde se puede construir. Es un plan a largo plazo, pero ya se puede comenzar a trabajar: lo primero, en la reparcelaci¨®n. Y de Cultura depender¨¢, por ejemplo dise?ar y convocar el concurso para llenar el que ser¨¢ un equipamiento de enormes dimensiones en la sala de turbinas de la antigua t¨¦rmica.

Blindar los recursos en Salud. Con Manel Balcells, el Departamento de Salud inicia una nueva etapa con el reto de garantizar unos presupuestos expansivos para la consejer¨ªa, despu¨¦s de un primer a?o marcado por un aumento menor del esperado. La salida de Junts del gobierno obligar¨¢ a ERC a blindar el crecimiento de los recursos previstos para la atenci¨®n primaria, tal y como estipulaba el acuerdo con el partido de Borr¨¤s y Turull ante el aumento de presi¨®n del sector. La escasez permanente de profesionales en el sistema sanitario y la saturaci¨®n de los ambulatorios preocupa a los sanitarios, que consideran que la carga laboral sigue siendo mayor que antes de la pandemia. Balcells llega con una p¨¦rdida de profesionales a corto plazo por el alto n¨²mero de jubilaciones y las reducidas incorporaciones. La digitalizaci¨®n del sistema, la reorganizaci¨®n interna de los centros sanitarios y los retos en salud mental ser¨¢n otros de los puntos clave del nuevo mandato.

Recelo de los funcionarios de prisiones

Los sindicatos que representan a los funcionarios de prisiones, especialmente Csif y UGT, han acogido con cierto recelo el nombramiento de Gemma Ubasart como nueva consejera de Justicia. El principal motivo es el temor a que Ubasart ¡ªque fue secretaria de Podemos, ha sido vocal de la asociaci¨®n Iridia y es investigadora del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos¡ª, d¨¦ marcha atr¨¢s en la decisi¨®n de relajar el protocolo de contenci¨®n a los presos.

La exconsejera de Justicia Ester Capella, de ERC, aprob¨® un protocolo que pr¨¢cticamente imposibilitaba someter a los presos mediante contenci¨®n mec¨¢nica. Esta t¨¦cnica consiste en suprimir la capacidad de movimiento de los internos con esposas, vetas adherentes y correos de sujeci¨®n, y las asociaciones que luchan por los derechos de los presos hab¨ªan reclamado largamente que se pusieran restricciones a su uso. Los sindicatos de prisiones se opusieron a este protocolo, y presionaron para que se suprimiera o relajara. La sucesora de Capella, Lourdes Ciur¨®, de Junts, decidi¨® en abril retirar las restricciones, y lo argument¨® con el aumento de las agresiones que se estaban registrando en los centros penitenciarios. Ciur¨® explic¨® entonces que las agresiones a trabajadores hab¨ªan subido un 31% desde que se aplic¨® el protocolo de Capella.

¡°El nombramiento [de Ubasart] tiene a los trabajadores penitenciarios un tanto preocupados. La parte que sin duda nos genera m¨¢s escepticismo es su conocimiento pr¨¢ctico de c¨®mo funciona el sistema penitenciario catal¨¢n¡±, expres¨® Csif en un comunicado, en el que record¨® la vinculaci¨®n de la consejera con Iridia, ¡°una asociaci¨®n que p¨²blicamente ha hecho valer su posicionamiento contra los funcionarios de prisiones¡±.

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