El Gobierno catal¨¢n promete ampliar la renta garantizada sin concretar c¨®mo

Las ayudas sociales apuntan al alza en los presupuestos catalanes, pero las entidades, escarmentadas de promesas incumplidas, lo ven con recelo. El proyecto de presupuestos de la Generalitat, presentado esta semana, incluye el compromiso de aumentar la dotaci¨®n para la renta garantizada de ciudadan¨ªa (RGC) en 11 millones, hasta los 400 millones, y la previsi¨®n de que esta prestaci¨®n llegar¨¢, en 2022, a 200.671 beneficiarios. Son m¨¢s de 30.000 personas m¨¢s que las que reciben la ayuda actualmente, una cifra que podr¨ªa aumentar si la Generalitat consigue la gesti¨®n del Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV), una prestaci¨®n estatal que ahorrar¨ªa muchos expedientes a la RGC. As¨ª, y pese a que por ahora solo se ha aprobado el 36% de solicitudes, la promesa es que la prestaci¨®n catalana llegue a m¨¢s gente, pero el Govern no concreta c¨®mo lo har¨¢.

La promesa del Govern y sus previsiones no se han comunicado todav¨ªa a la comisi¨®n de gobierno de la RGC. Algunos de sus integrantes, entidades y sindicatos, dudan de que sea realista. ¡°Ni tan siquiera se ha llegado al objetivo que ten¨ªamos. Tampoco han explicado qu¨¦ acuerdo hay con el Estado para gestionar el IMV¡±, resume Saida Ehliluch, responsable de Ocupaci¨®n y Protecci¨®n Social de CC OO.

La RGC es subsidiaria del IMV, es decir que primero se otorga la prestaci¨®n estatal (469 euros mensuales para un beneficiario individual, cuant¨ªa que aumenta si hay m¨¢s miembros en la familia), y la auton¨®mica la complementa hasta el tope que marca la ley de la RGC en Catalu?a (664 euros para un solo beneficiario). Pero la implementaci¨®n del IMV est¨¢ siendo muy baja, y en Catalu?a solo llega al 5% sobre el total de personas vulnerables. La Generalitat reclama la gesti¨®n para evitar duplicidades y agilizar tr¨¢mites. Adem¨¢s, una correcta coordinaci¨®n entre las dos prestaciones ahorrar¨ªa dinero y expedientes a la RGC, que podr¨ªa aprovechar estos recursos para ampliarse a m¨¢s personas.

El Govern prev¨¦ que esta sea una de las maneras para ampliar la poblaci¨®n que recibe la ayuda, pero para que m¨¢s gente pueda acceder, tendr¨¢n que admitirse m¨¢s solicitudes. El departamento de Derechos Sociales que dirige Violant Cervera (Junts) admite que a¨²n no se ha concretado c¨®mo se relajar¨¢n los requisitos de acceso a la prestaci¨®n. La comisi¨®n de gobierno de la ley decidi¨® en octubre crear un grupo de trabajo para evaluar los requisitos ¡°vistas las dificultades que suponen para muchos ciudadanos para aceder¡±, se?ala el departamento. Tras esta evaluaci¨®n, el Govern se abre a proponer una modificaci¨®n de la ley en el Parlament.

Los requisitos de la RGC la hacen incompatible con algunas rentas del trabajo y con ayudas a la vivienda, ponen problemas a personas que no pueden demostrar dos a?os de residencia en Catalu?a, como las personas sin hogar o las que tienen una situaci¨®n administrativa irregular o las personas que han salido de la c¨¢rcel. Tambi¨¦n son muy r¨ªgidos con el c¨¢lculo de los ingresos. Un ejemplo: una mujer sobre la que consta que recibe una pensi¨®n tras una sentencia de divorcio puede ver rechazada su solicitud aunque el exmarido se niegue a abonarla, ya que consta como ingreso.

El grupo impulsor de la iniciativa legislativa popular que llev¨® al Parlament en 2017 a aprobar la ayuda por unanimidad desconf¨ªa del Govern. ¡°Plantean un presupuesto de 400 millones, que es menos que la n¨®mina anual que est¨¢n pagando tras las ampliaciones de presupuesto. Pero adem¨¢s, la exconsejera Dolors Bassa calcul¨® que se necesitar¨ªan 800 millones, y nosotros pensamos que entre 1.200 y 1.400 millones¡±, se?ala Diosdado Toledano, impulsor de la ley. ¡°Lo que ocurre es que se rechazan muchas solicitudes, y para alguien en situaci¨®n de pobreza, es muy angustiante tener que demandar, y muchos ya desisten de pedirla¡±, se?ala. Adem¨¢s, el plazo de resoluci¨®n es de entre dos y tres meses. El activista cree que el Govern, a la pr¨¢ctica, ha intentado recortar el gasto de esta prestaci¨®n incumpliendo el derecho subjetivo que marca la ley. ¡°Es un juego muy c¨ªnico, y m¨¢s cuando en los presupuestos se incluye un plan piloto para una renta b¨¢sica universal, cuando no han podido solucionar la RGC¡±, destaca.

Implementaci¨®n costosa

La duda de las entidades tambi¨¦n se explica por la experiencia de los ¨²ltimos a?os. La ley ven¨ªa a sustituir y ampliar la antigua renta m¨ªnima de inserci¨®n, y fijaba un elemento crucial: la nueva prestaci¨®n es un derecho subjetivo, y por lo tanto cualquiera que cumpla con los requisitos tiene que recibirla, por ley, aunque se tenga que ampliar el presupuesto. Adem¨¢s, centraba como destinatarios objetivos aquellas personas que est¨¢n en situaci¨®n de pobreza severa y permit¨ªa vincular la prestaci¨®n a programas de inserci¨®n y ocupaci¨®n.

La euforia inicial de las entidades sociales dej¨® paso al escepticismo. Su implementaci¨®n fue muy costosa, y en el primer a?o solo el 10% de las solicitudes se aprobaron. El alto n¨²mero de denegaciones cosech¨® cr¨ªticas y hasta demandas en los tribunales de personas en situaci¨®n de vulnerabilidad que cumpl¨ªan los requisitos y eran rechazados. Algunos ganaron en juicio, pero a muchos otros el Govern les reconoci¨® la ayuda y la pag¨® antes de que hubiera sentencia.

Tras alguna modificaci¨®n de los requisitos por v¨ªa parlamentaria y tras la aprobaci¨®n del reglamento en abril de 2020, el porcentaje de admitidos ha subido hasta el 36% (de las solicitudes hechas entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021). Las entidades critican que sigue siendo un porcentaje bajo, y el departamento lo admite, aunque lo achaca a que la informaci¨®n no llega a los potenciales beneficiarios por las dificultades de acceso a Internet. ¡°Nos mueve a estudiar el estado de esta ley y valorar su posible modificaci¨®n¡±, se?alan. Es a¨²n m¨¢s bajo si se compara con el grueso de los destinatarios objetivos. La Taula del Tercer Sector recuerda que, seg¨²n los datos del Idescat, hay en Catalu?a m¨¢s de 850.000 personas en situaci¨®n de pobreza severa, pero la RGC solo llega a 169.473 beneficiarios (con los ¨²ltimos datos publicados, de finales de septiembre). Es decir, que la cobertura de la prestaci¨®n sobre la pobreza severa en Catalu?a es de apenas el 20%.

El baremo para ayudas sociales sigue congelado 11 a?os despu¨¦s

Un a?o m¨¢s, y ya van 11, el proyecto de presupuestos de la Generalitat no contempla actualizar el indicador de renta de suficiencia de Catalu?a (IRSC). Este baremo es la cuant¨ªa que la administraci¨®n auton¨®mica fija anualmente como tope para permitir el acceso de los ciudadanos a distintas ayudas sociales. Es lo que establece el per¨ªmetro de personas a las que se dirige una prestaci¨®n. Est¨¢ congelada desde 2010. Desde entonces, se termin¨® una crisis, vino otra con la pandemia y la pobreza se ha cronificado en Catalu?a.

El IRSC est¨¢ fijado en 569 euros al mes en 14 mensualidades, o 664 en 12 mensualidades. Con ¨¦l se calcula el tope de ingresos que una familia puede tener para que se le conceda la renta garantizada de ciudadan¨ªa, y tambi¨¦n es el baremo para calcular la prestaci¨®n: una familia de un miembro recibir¨¢ el 100% del IRSC, porcentaje que ir¨¢ aumentando si hay m¨¢s miembros. Por lo tanto, la congelaci¨®n del baremo no solo limita la gente que puede pedir la ayuda, sino que impide que esta sea mayor.

El indicador se cre¨® en 2006 para que la Generalitat tuviese un c¨¢lculo propio y m¨¢s generoso que el baremo espa?ol (IPREM). La ley marcaba que ten¨ªa que actualizarse anualmente en los presupuestos, pero no se ha actualizado ni de acuerdo con el IPC. En febrero de 2020, el Parlament aprob¨® una moci¨®n en la que se ped¨ªa actualizar el baremo con el IPC acumulado (para lo que tendr¨ªa que aumentar un 17% aproximadamente). Los presupuestos no lo recogieron, aunque se?alaron que el baremo crecer¨ªa al menos lo mismo que el IPREM. Este aument¨® un 5% el a?o pasado, pero el IRSC no se toc¨®. Tampoco ahora se descongelar¨¢.