La reforma de la sedici¨®n indigna a las bases independentistas y los CDR: ¡°Nos han dejado tirados¡±
Esquerra niega que haya priorizado a sus dirigentes en la reforma del C¨®digo Penal, pero resulta se?alada por no reducir castigos a causantes de disturbios en la calle alentados a menudo por l¨ªderes independentistas
El pacto entre el Gobierno y Esquerra para reformar el C¨®digo Penal y modificar el delito de sedici¨®n ha estimulado un encendido debate pol¨ªtico dentro del independentismo acerca de las luces y las sombras que implica la enmienda normativa. Las voces cr¨ªticas alertan de que la revisi¨®n de los tipos penales beneficia solamente a una minor¨ªa de los independentistas involucrados en causas judiciales,...
El pacto entre el Gobierno y Esquerra para reformar el C¨®digo Penal y modificar el delito de sedici¨®n ha estimulado un encendido debate pol¨ªtico dentro del independentismo acerca de las luces y las sombras que implica la enmienda normativa. Las voces cr¨ªticas alertan de que la revisi¨®n de los tipos penales beneficia solamente a una minor¨ªa de los independentistas involucrados en causas judiciales, b¨¢sicamente a aquellos que ostentaban cargos de responsabilidad en el Govern o en la administraci¨®n auton¨®mica. Mientras esto ocurre, no se esperan cambios legales que puedan reducir las condenas para las bases independentistas que participaron en manifestaciones y disturbios alentados por los llamados Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDRs) o incluso por el propio expresidente de la Generalitat Quim Torra, que llam¨® a la protesta bajo el grito de: ¡°?apretad!¡±. Entre las bases independentistas, adem¨¢s, ha arraigado el temor a que la reforma legal les pueda acabar perjudicando en futuras manifestaciones por los cambios en el delito de des¨®rdenes p¨²blicos.
V¨ªctor tiene 27 a?os y fue detenido, por los Mossos d¡¯Esquadra, el 18 de diciembre de 2019 cuando participaba en una manifestaci¨®n convocada por la plataforma Tsunami Democr¨¤tic en las inmediaciones del Camp Nou, donde se disputaba un Bar?a-Madrid. Relata su caso con indignaci¨®n: ¡°Yo fui a casi todas las manifestaciones, incluida la del aeropuerto, tras la sentencia del proc¨¦s. Me detuvieron en diciembre por hacer caso a Tsunami Democr¨¤tic, que ahora resulta que no era nadie. Llevo tres a?os encausado y la Generalitat durante todo este proceso ha estado mucho tiempo acus¨¢ndome. Hoy me acusan los mismos por cuyos derechos me manifest¨¦ en 2019. Nos han dejado tirados y yo me enfrento a siete a?os de prisi¨®n¡±, lamenta V¨ªctor (que prefiere no dar su apellido). ¡°No soy el ¨²nico, somos muchos represaliados en el proceso soberanista. Yo, desde que me detuvieron, he tenido que ir a firmar el 1 y el 15 de cada mes en el juzgado. No he podido irme de Erasmus y solo he tenido a mi lado a la izquierda independentista. ERC y Junts nos han dejado totalmente tirados¡±, denuncia.
Sergi se sentar¨¢ pr¨®ximamente en el banquillo tras participar en una de las manifestaciones de las convocadas en 2018 (prefiere no especificar cu¨¢l fue para evitar que se le pueda identificar). ¡°Los Mossos me pidieron la documentaci¨®n meses despu¨¦s en otra protesta y luego me acusaron de des¨®rdenes p¨²blicos. Ahora ERC y el PSOE quieren reformar el C¨®digo Penal. A m¨ª me piden dos a?os de prisi¨®n, si hubiera estado vigente la reforma del delito de sedici¨®n creo que me pedir¨ªan tres y podr¨ªa entrar en la c¨¢rcel¡±, lamenta Sergi. Para ¨¦l es una ¡°contradicci¨®n¡± que la Generalitat se personara en las causas que muchos dirigentes independentistas fomentaron. ¡°Los pol¨ªticos est¨¢n en una contradicci¨®n que no tiene sentido. Ellos no han hecho los cambios en Mossos que nos hab¨ªan prometido y, adem¨¢s, nos han acusado por manifestarnos ante una injusticia cometida contra ellos mismos. Junts y ERC han fracasado¡±, mantiene. ¡°Nos hab¨ªan hecho creer que la independencia era f¨¢cil y que con intentarlo una vez ser¨ªa suficiente. Ni antes era tan f¨¢cil como declarar la DUI, ni ahora el contexto es tan desolador¡±, concluye.
Norma Pedemonte es abogada de Alerta Solidaria, la entidad de la izquierda independentista que asiste jur¨ªdicamente a la mayor¨ªa de encausados. ¡°Es mentira que la Generalitat se haya retirado de las causas, ya que cuando esto ha pasado han sido los propios Mossos los que han contratado un abogado y se han personado como acusaci¨®n particular¡±, aclara Pedemonte. ¡°La gravedad es que la mayor¨ªa de encausados acaban siendo detenidos en manifestaciones que convocaba la propia Generalitat¡±, lamenta. ¡°Al cabo de unos meses se ha retirado de la causa la Generalitat, pero se han personado los Mossos y yo cuestiono la legitimidad de esas personaciones. Si los agentes no tienen lesiones, qu¨¦ tipo de inter¨¦s particular puede tener un mosso en presentarse en una causa por que se hayan quemado contenedores¡±, concluye. A la mayor¨ªa de los imputados se les acusa de des¨®rdenes p¨²blicos y atentado a la autoridad. ¡°Dos delitos que tienen penas m¨¢ximas de hasta seis a?os cada uno de ellos. A estos, muchas veces se les a?aden da?os y otros delitos sobre chavales de 20 a?os¡±, denuncia.
El Ejecutivo de Pere Aragon¨¨s niega haberse movido por intereses partidistas y descarta que la derogaci¨®n responda a un intento de asegurar el regreso impune de su secretaria general, Marta Rovira, que huy¨® a Suiza tras el refer¨¦ndum del 1-O. El entorno del president tambi¨¦n desmiente que se haya priorizado una soluci¨®n que abra la puerta a la reactivaci¨®n pol¨ªtica del l¨ªder republicano, Oriol Junqueras, pese a que la reforma propicia que el Tribunal Supremo tenga que revisar la pena a 13 a?os de inhabilitaci¨®n del exvicepresidente catal¨¢n.
Junts, definitivamente opuesto a cualquier maniobra de Esquerra desde que sali¨® del Govern de la Generalitat, ha ejercido de altavoz de los supuestos perjuicios que conlleva el cambio penal. La presidenta de la formaci¨®n, Laura Borr¨¤s, ha tratado de difundir la teor¨ªa de que la supresi¨®n de la sedici¨®n es una maniobra con un objetivo predeterminado: lograr la extradici¨®n de Carles Puigdemont. Junts no azuza en solitario la pol¨¦mica, porque tambi¨¦n han mostrado su disgusto la CUP ¡ª¡°se tiene que abolir la sedici¨®n, pero as¨ª no¡±, ha dicho el diputado Xavier Pellicer¡ª y varias entidades vinculadas al independentismo y a las reivindicaciones sociales.
La expulsi¨®n de la sedici¨®n del C¨®digo Penal ha tra¨ªdo de la mano una modificaci¨®n del delito de des¨®rdenes p¨²blicos. ¡°Es un paso adelante en la criminalizaci¨®n de la disidencia pol¨ªtica¡±, alerta el presidente de ?mnium, Xavier Antich. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado una manifestaci¨®n en Barcelona contra la reforma pactada entre el Gobierno y Esquerra. La consejera de Presidencia, Laura Vilagr¨¤, ha replicado que la revisi¨®n del C¨®digo Penal ¡°mejora la libertad de protesta y manifestaci¨®n¡±.
Benet Salellas es abogado penalista y ha ejercido la defensa de ¡°un centenar¡± de independentistas procesados por su supuesta participaci¨®n en disturbios y en cortes de carretera. ¡°Est¨¢ muy bien que retiren la sedici¨®n del c¨®digo, pero no entiendo la reforma de los delitos de des¨®rdenes p¨²blicos¡±, apunta. Razona que en el caso de las personas que ya est¨¢n procesadas, la reforma ¡°solo puede beneficiarlas, porque un cambio de ley en el tiempo permite escoger el tipo que sea m¨¢s beneficioso¡±. M¨¢s cauteloso es cuando valora qu¨¦ implicaciones puede tener el cambio legal para aquellos que sean acusados de des¨®rdenes p¨²blicos una vez que est¨¦ aprobada la reforma. ¡°Es un escenario incierto, porque da m¨¢s margen de maniobra a los jueces¡±. Refiere que el tipo penal pasa a castigar aquellas protestas donde ha mediado ¡°violencia o intimidaci¨®n¡± y recela de la ¡°subjetividad¡± del concepto.
Una maniobra para "castigar y encarcelar la disidencia pol¨ªtica"
Oscar Campos es un vecino de Girona de 38 años que fue detenido por el bloqueo de la autopista AP-7 en Salt, en 2019. Su causa se archivó, pero le piden cuatro años de cárcel por desórdenes públicos, daños y atentado a agente de la autoridad por su supuesta participación en el corte de la línea del AVE en el primer aniversario del 1-O. Cree que la reforma del delito de desórdenes públicos "es perjudicial y sienta un precedente muy peligroso para todo el que se manifieste con magnitud, ya que el aumento de las penas mínimas puede significar directamente el ingreso en prisión". Considera que "el objetivo final es la estrategia del poder político de aliarse con el poder judicial y darle herramientas para reprimir el derecho fundamental de manifestación". Cree que debería haber un movimiento general "antirrepresivo" para intentar tumbar esta reforma, que lo que pretende, según él, es "castigar y encarcelar la disidencia política".
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