Los contornos de la futura ley de amnist¨ªa siguen marcando los ¨²ltimos compases de las negociaciones entre el PSOE y Junts. El partido de Carles Puigdemont busca hasta el final una amnist¨ªa de m¨¢ximos, asegur¨¢ndose de que personas de su c¨ªrculo m¨¢s cercano sean beneficiadas. El expresident considera que el independentismo es v¨ªctima de lawfare por parte del Estado, un t¨¦rmino jur¨ªdico que designa el uso torticero de la justicia para debilitar al adversario pol¨ªtico. Por eso, Junts considera que, pese a que algunas causas judiciales activadas tras el 1-O contra l¨ªderes secesionistas no est¨¢n directamente vinculadas al proc¨¦s (en algunos casos, la conexi¨®n es remota o inexistente), la amnist¨ªa las debe amparar. Cuatro nombres propios est¨¢n en esos contornos y mantienen en vilo la investidura: Josep Llu¨ªs Alay, Gonzalo Boye, Miquel Buch y Llu¨ªs Escol¨¤.

El planteamiento de Junts resulta dif¨ªcil de asumir para el PSOE, porque presenta problemas de encaje t¨¦cnico y jur¨ªdico. El borrador de amnist¨ªa no alude a personas ni causas concretas, sino a delitos de naturaleza pol¨ªtica ligados al proceso independentista. La insistencia de los neoconvergentes en ser m¨¢s expl¨ªcitos sobre los beneficiarios ha acabado por irritar a Esquerra, que comparte la impresi¨®n de que las causas surgidas tras el 1-O ¡°son de lawfare¡±, pero apuesta por una ley ¡°que no sea arbitraria ni ambigua¡±, ha dicho este lunes Marta Rovira, su secretaria general. Rovira ¡ªuna de las beneficiarias m¨¢s evidentes de la amnist¨ªa¡ª ha insistido en que el texto que se apruebe debe ser lo suficientemente s¨®lido como para sortear las impugnaciones que se presenten en su camino.

M¨¢s clara a¨²n ha sido la portavoz de ERC, Raquel Sans: ¡°Lo que hay que amnistiar son hechos, no personas¡±. El texto pactado entre los republicanos y el PSOE incluye f¨®rmulas gen¨¦ricas para incluir actos relacionados ¡°con la promoci¨®n de la independencia¡± y con el ¡°apoyo a las personas represaliadas¡±, expresiones que en su opini¨®n dan cobijo a esas personas. Pero Junts quiere hilar m¨¢s fino y de ah¨ª la dificultad. ¡°Es prioritario que la ley se aguante, que tenga sentido pol¨ªtico y jur¨ªdico. Una ley que solo te amnist¨ªe por el hecho de ser independentista no se sostiene¡±, acepta una voz de la direcci¨®n de los republicanos.

Adem¨¢s de la necesidad de marcar perfil pol¨ªtico frente a Esquerra, para Puigdemont se trata tambi¨¦n de un asunto personal. Tres personas de su entorno m¨¢s cercano se encuentran inmersas en procesos judiciales que dif¨ªcilmente pueden enmarcarse en el proceso independentista si no se compra por completo la tesis del lawfare. El caso m¨¢s emblem¨¢tico es el de Josep Llu¨ªs Alay, amigo personal del expresident y jefe de su oficina en Waterloo (B¨¦lgica). Alay est¨¢ imputado en tres causas judiciales: Voloh, que indaga la financiaci¨®n del 1-O; Tsunami, que investiga las protestas violentas contra la condena a los l¨ªderes del proc¨¦s, y, sobre todo, un caso de presunta malversaci¨®n por haber usado fondos p¨²blicos para una visita a Nueva Caledonia.

Menos encaje a¨²n con los hechos del 1-O tienen la situaci¨®n de Gonzalo Boye, su abogado, que le ha acompa?ado todos estos a?os desde su huida a Bruselas. El letrado entr¨® ayer en el debate con un mensaje en la red social X, donde abog¨® abiertamente porque la lawfare entre en la amnist¨ªa. ¡°No por los nombres, sino por aquello que implica pol¨ªticamente para Espa?a¡±, puntualiz¨®. Boye est¨¢ acusado de blanquear capitales para el narco Sito Mi?anco, delito que nada tiene que ver con el proc¨¦s, a menos que se concluya que la investigaci¨®n se ha construido artificialmente para poner al abogado contra las cuerdas, exclusivamente por su condici¨®n de defensor de Puigdemont. Otro ¡°amigo¡± y ¡°patriota¡± (tal como ¨¦l mismo lo ha definido) es el sargento de los Mossos d¡¯Esquadra Llu¨ªs Escol¨¤, que le ayud¨® a escapar a B¨¦lgica. Escol¨¤ ha sido condenado a cuatro a?os de c¨¢rcel por hacer de escolta de Puigdemont con cargo al erario p¨²blico. En esa misma causa fue condenado, a cuatro a?os y medio de prisi¨®n, el exconsejero Miquel Buch, cuarto y ¨²ltimo nombre de la lista de la discordia.

Josep Llu¨ªs Alay

El director de la oficina de expresident de Puigdemont, Josep Llu¨ªs Alay, ha sido el rostro visible de los ¨²ltimos escollos para cerrar el contenido de la ley de amnist¨ªa entre PSOE y Junts. Su nombre apareci¨® en la parte del caso Voloh, que investigaba unos supuestos contactos del Govern con emisarios del Ejecutivo ruso, cuando en 2017 se buscaban apoyos para el proc¨¦s. Esa carpeta fue ya archivada, pero ir¨¢ a juicio pr¨®ximamente por haber viajado en 2018 a Nueva Caledonia, para hacer de observador en un refer¨¦ndum de independencia, y pagarlo con dinero p¨²blico. La justicia cree que no est¨¢ en sus funciones asumir ese viaje y le acusa de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, delitos que quedar¨ªan, a priori, fuera del alcance de la amnist¨ªa si no se prueba su vinculaci¨®n con el proc¨¦s. Y es precisamente ese el escollo en la negociaci¨®n: ERC entiende que en su texto ya hay cobertura para este caso, pero en Junts creen que el redactado actual deja margen de interpretaci¨®n y eso no le cobijar¨ªa.

Miquel Buch

El exconsejero de Interior de la Generalitat fue condenado el pasado 14 de septiembre a cuatro a?os y medio de c¨¢rcel y 20 de inhabilitaci¨®n por contratar a un mosso d¡¯esquadra para que hiciera de escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, despu¨¦s de que huyera a B¨¦lgica para no responder a la justicia. Se le encontr¨® culpable de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n. Aunque sobre el papel esos dos delitos podr¨ªan entrar dentro del ¨¢mbito de lo que com¨²nmente se entiende por corrupci¨®n, hay consenso dentro del independentismo de que es posible encontrar una conexi¨®n de esos hechos con el proc¨¦s y, por tanto, se considera que deber¨ªan ser amnistiables. El problema vuelve a ser si el texto actual es lo suficientemente contundente cuando incluye en los supuestos el ¡°apoyo a las personas represaliadas¡± y en Junts ponen en duda que esa f¨®rmula sirva.

Llu¨ªs Escol¨¤

Junts y ERC tambi¨¦n difieren sobre si la f¨®rmula actual da cobijo al mosso Llu¨ªs Escol¨¤, que hab¨ªa trabajado muchos a?os en el servicio de escoltas de la polic¨ªa auton¨®mica y hab¨ªa protegido, entre otros, a los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas, y quien tambi¨¦n est¨¢ en el ojo del hurac¨¢n. Tras acompa?ar a Puigdemont en su huida a Bruselas en octubre de 2017, Escol¨¤ fue fichado al verano siguiente como asesor del departamento que comandaba Buch, pero el encargo realmente respond¨ªa a prestarle al expresident el servicio de escolta en el extranjero. En el mismo juicio de Buch, el agente fue condenado a cuatro a?os de c¨¢rcel y 19 de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n y malversaci¨®n.

Gonzalo Boye

El letrado Gonzalo Boye se ha convertido en una especie de gur¨² legal para Puigdemont y para un sector del independentismo m¨¢s bullicioso, convertido en devoto de los acerados dardos que lanza el abogado contra el poder judicial. Su ascendencia le ha reservado un lugar como asesor de Puigdemont, para redactar las l¨ªneas marco de la ley de amnist¨ªa que defiende el expresident. El abogado usa de manera reiterada la idea de lawfare, para desprestigiar la labor de jueces y tribunales. Lo hizo al encargarse de la defensa de Laura Borr¨¤s, y durante el juicio mantuvo ¨¢cidas discusiones con los magistrados, a los que acus¨® directamente de parcialidad. Boye dijo este lunes que ¡°el lawfare debe entrar en la ley de amnist¨ªa¡±, lo que supuestamente le beneficiar¨ªa a ¨¦l directamente, ya que tiene cuentas pendientes con la justicia. Est¨¢ acusado, junto con el narco Sito Mi?anco, de presunto blanqueo de capitales en la bautizada como Operaci¨®n Mito, que versa sobre una supuesta trama creada para introducir cuatro toneladas de coca¨ªna y ocultar despu¨¦s los beneficios obtenidos.

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