Un fallo de gesti¨®n de la Generalitat aboca a 9.500 familias a devolver dinero de prestaciones sociales

Unas 9.500 familias vulnerables que reciben prestaciones sociales como la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC) han recibido o recibir¨¢n estos d¨ªas una carta de la Generalitat solicit¨¢ndoles devolver parte del dinero que se les hab¨ªa otorgado. Errores en la gesti¨®n y los tr¨¢mites de estas prestaciones, que vienen ya de anteriores legislaturas, han derivado en que a estas familias se les diera m¨¢s dinero del que les tocaba, unos 7.500 euros de media, seg¨²n ha avanzado Catalunya R¨¤dio. En esta emisora el secretario general del departamento de Derechos Sociales, Ra¨¹l Moreno, ha pedido disculpas este mi¨¦rcoles y, si bien ha dicho que se buscar¨¢n f¨®rmulas para ¡°no cargar sobre las espaldas¡± de los ciudadanos una chapuza administrativa, tambi¨¦n ha recordado que la ley obliga a la Administraci¨®n a intentar recuperar los recursos. La consejera de Derechos Sociales, M¨°nica Mart¨ªnez Bravo, ha solicitado comparecer en el Parlament para explicar esta situaci¨®n. La S¨ªndica de Greuges tiene un centenar de expedientes abiertos por este tema y ha abierto una actuaci¨®n de oficio.

El departamento argumenta, en un comunicado, que se trata de una ¡°situaci¨®n sobrevenida que el nuevo Ejecutivo se ha encontrado y que ha afrontado desde el primer d¨ªa con voluntad de resolverla¡±. Las familias que entre enero y agosto ya recibieron la notificaci¨®n, seg¨²n los c¨¢lculos de la Generalitat, son unas 8.500, pero se estima que otras 1.000 familias est¨¢n en la misma situaci¨®n y recibir¨¢n la carta en breve. ¡°Es responsabilidad de la Generalitat solucionar este tema, es nuestra voluntad no generar a las familias m¨¢s problemas. Estamos avanzando en distintas soluciones legislativas para que este tema quede resuelto en los pr¨®ximos meses¡±, ha asegurado Moreno. El departamento explica que se analizaron las v¨ªas legales posibles para paralizar el envio de nuevas cartas hasta encontrar una soluci¨®n, pero que no fue posible por el marco normativo, que no lo permite. El departamento estudia ahora ¡°aplicar con urgencia modificaciones legislativas que permitan resolver esta problem¨¢tica¡±, y que son las que detallar¨¢ la consejera en sede parlamentaria cuando comparezca.

Esta situaci¨®n no responde a unas dificultades actuales, sino que se deriva de los problemas de gesti¨®n end¨¦micos que sufre la tramitaci¨®n de prestaciones sociales, especialmente la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa, cuyos receptores son la mayor¨ªa de las casos afectados. De hecho, el director general de Prestaciones Sociales, Valent¨ª Arroyo, es el mismo que hab¨ªa en la anterior legislatura, con lo que la b¨²squeda de soluciones para estos fallos de gesti¨®n parte ya del anterior Ejecutivo. Fuentes del anterior departamento que dirig¨ªa el exconsejero Carles Campuzano explican que el error viene de unos supuestos con los que ya se encontr¨® cuando lleg¨®. Por un lado, la falta de personal para la tramitaci¨®n de estas ayudas ha hecho que muchos de los expedientes no se actualicen cuando hay un cambio: el derecho a percibir la prestaci¨®n y las cantidades que se perciben depende de los ingresos familiares, de cu¨¢ntos miembros conviven en una unidad familiar, y de otras variables que, si cambian (por ejemplo con el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un familiar), tienen que ser actualizadas para ajustar lo que debe percibir la familia. Por otro, tambi¨¦n hay problemas con que las propias familias notifiquen los cambios para que se actualicen sus expedientes, ya sea porque a causa de su vulnerabilidad tienen dificultades para dirigirse a la administraci¨®n, o porque no quieran notificar los cambios por miedo a que se reduzca la prestaci¨®n.

A esto se le a?ade, apuntan las mismas fuentes, que no siempre hay una comunicaci¨®n fluida entre departamentos de la Generalitat que otorgan distintas prestaciones que a menudo son incompatibles entre s¨ª. Por ¨²ltimo, la falta de recursos para tramitar las ayudas hace que no se analicen todos los expedientes, que muchos se aprueben por silencio administrativo y que luego, al ser revisados, impliquen una devoluci¨®n de parte o todo el importe. Todos estos errores internos han hecho que la Generalitat ahora tenga que reclamar pagos indebidos. Seg¨²n Moreno ha explicado, los errores de gesti¨®n han hecho que se tarde meses en certificar cambios en los expedientes que implican modificar las cuant¨ªas asignadas. Durante ese tiempo se ha seguido abonando sin cambios la prestaci¨®n, pudiendo haber entonces dinero de m¨¢s. Tambi¨¦n hay casos en que el receptor de la ayuda directamente ha incumplido su deber de informar a la Administraci¨®n las modificaciones en su situaci¨®n econ¨®mica o familiar.

Ya ha habido intentos de solucionar el problema. Hace un a?o, el Govern de Pere Aragon¨¨s present¨® una propuesta de modificaci¨®n de la ley de la Renta Garantizada para ampliar su cobertura, y entre otras cosas, apuntaba que hab¨ªa que ¡°mejorar el tiempo de resoluci¨®n de las peticiones¡±, para lo que se dise?¨® un plan de digitalizaci¨®n que permitir¨ªa automatizar los tr¨¢mites. Con todo, los fallos de gesti¨®n han acompa?ado desde el inicio a esta prestaci¨®n, e incluso hubo una serie de demandas antes de la pandemia por incumplimientos. Actualmente, con cifras del pasado mes de agosto, hay 151.892 beneficiarios de la Renta Garantizada.

El error de gesti¨®n llega en un momento cr¨ªtico para el departamento de Derechos Sociales. La Generalitat tiene por delante la tarea de unificar la gesti¨®n de su ayuda propia con la estatal, el Ingreso M¨ªnimo Vital, que ha asumido en el traspaso que acordaron ERC y PSOE para la investidura de Pedro S¨¢nchez.