Las trabas burocr¨¢ticas reducen el n¨²mero de beneficiarios de la renta garantizada pese al incremento de posibles receptores

Uno de los grandes hitos de los presupuestos de 2023 fue el de incrementar el Indicador de Renta de Suficiencia de Catalu?a (IRSC). Estaba congelado desde el 1 de enero de 2010, y por fin se aument¨®, aunque fuese solo un 8%. El IRSC es el baremo que fija la cuant¨ªa de la mayor¨ªa de ayudas sociales, y tambi¨¦n marca el tope de ingresos necesario para poder acceder a ellas. Por lo tanto, cab¨ªa esperar que si este baremo sub¨ªa, tambi¨¦n aumentar¨ªan las personas que podr¨ªan recibir las prestaciones, especialmente la Renta Garantizada de Ciudadan¨ªa (RGC). Los ¨²ltimos datos de la Generalitat muestran que no es tan f¨¢cil: en julio hab¨ªa 163.739 beneficiarios de la RGC, una cifra un 1% menor que en enero, y un 6% inferior a los beneficiarios que hab¨ªa en julio de 2022. Las trabas administrativas que han acompa?ado desde el inicio el despliegue de la ley de la RGC son el motivo de que pese a incrementar el baremo haya ca¨ªdo la cifra de beneficiarios.

El a?o que viene har¨¢ 10 a?os que los promotores de la RGC, un grupo ciudadano que hab¨ªa trabajado intensamente para idear una nueva prestaci¨®n social que sustituyese el sistema de ayudas recortado por el Gobierno de Artur Mas, presentaron la proposici¨®n de ley al Parlament fruto de una iniciativa legislativa popular. Tras idas y venidas, la norma vio finalmente la luz en julio de 2017, por unanimidad y con una gran novedad: la Renta Garantizada ser¨ªa un derecho subjetivo. Es decir, que todas aquellas personas que cumplan con los requisitos para cobrarla, tendr¨¢n derecho a ella sin importar la disponibilidad presupuestaria. Pero el resultado dista mucho de ser satisfactorio: apenas llega al 40% de las personas que est¨¢n en situaci¨®n de pobreza severa y que son considerados como ¡°elegibles¡±, seg¨²n un informe que Iv¨¤lua, el instituto de la Generalitat que eval¨²a las pol¨ªticas p¨²blicas, present¨® el pasado mes de julio.

El porcentaje a¨²n es menor si se toman en consideraci¨®n las tasas de pobreza. En Catalu?a, el 8% de la poblaci¨®n (589.000 personas) sufre pobreza severa, y el 24,7% (1.868.500 personas) est¨¢ en riesgo de pobreza o exclusi¨®n social. Es decir, que sobre estos colectivos la tasa de cobertura actual de la prestaci¨®n es del 27% sobre los m¨¢s pobres, y del 8,7% sobre los que est¨¢n en riesgo de pobreza.

El Departamento de Derechos Sociales explica que el n¨²mero de beneficiarios ha ca¨ªdo hasta un 6% en un a?o porque ha habido m¨¢s bajas que altas. De entrada, hay menos solicitudes (19.068 entre enero y julio, mientras que en el mismo periodo del a?o anterior fueron 24.435), y hay m¨¢s personas que salen del sistema (se les termina o se les suspende la ayuda) bien porque han encontrado trabajo (1.333 familias) o bien porque han pedido el Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV) y con esta ayuda estatal superan el tope de ingresos previsto para pedir la Renta Garantizada. El IMV tambi¨¦n tiene una cobertura muy baja (el 16,2% de los catalanes bajo el umbral de la pobreza, seg¨²n los datos de mayo), y la Generalitat reclama desde hace dos a?os gestionarlo directamente para eliminar duplicidades, un acuerdo que ahora parece estar a punto de cerrarse.

Trabas burocr¨¢ticas

Pero las entidades sociales van m¨¢s all¨¢, y apuntan que las trabas administrativas son las responsables de que la prestaci¨®n no llegue a m¨¢s gente. Los problemas no son nuevos, empezaron desde el inicio de la ley con un alto n¨²mero de denegaciones de solicitudes, demandas contra el Govern y trabas burocr¨¢ticas. ¡°El incremento del IRSC aument¨® las cuant¨ªas ¡ªactualmente est¨¢n en 717,10 euros al mes para una unidad familiar de un adulto, o 1.290,78 euros al mes para una unidad de cuatro personas, por poner algunos de los casos m¨¢s usuales¡ª pero no hizo aumentar la cobertura¡±, explica Sira Vilardell, vicepresidenta de la Taula d¡¯Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. ¡°Hay muchas personas que podr¨ªan acceder y no lo hacen por varios factores: por falta de informaci¨®n sobre c¨®mo solicitarla, porque aunque tengan acceso, se autoexcluyen y no lo intentan por las dificultades del proceso, o por dificultades administrativas o de justificaci¨®n de sus solicitudes¡±, abunda. Seg¨²n los datos de la Generalitat, solo el 44% de las solicitudes cumplen con los requisitos, y la mayor¨ªa se deniegan porque los ingresos presentados son superiores a lo establecido, porque no se ha podido acreditar la insuficiencia de ingresos o porque se tiene derecho a otras prestaciones.

Vilardell destaca que las barreras administrativas ¡°no se han movido¡±. ¡°Las entidades que hacemos acompa?amiento sufrimos mucha frustraci¨®n, porque muchas personas est¨¢n en situaci¨®n de vulnerabilidad pero no pueden acceder por estas barreras, que son muy grandes porque adem¨¢s se tienen que hacer por Internet, y sufren tambi¨¦n la brecha digital¡±, explica. Enumera situaciones de laberinto burocr¨¢tico: a veces lo deniegan por la dificultad de demostrar c¨®mo es la unidad de convivencia, ya que hay personas que viven con mucha gente en la misma vivienda, o que no pueden demostrar que viven en una habitaci¨®n realquilada porque no tienen contrato; otras veces no pueden aportar alguna documentaci¨®n por la dificultad del tramo y los plazos, como las deudas fiscales o disponer de una cuenta corriente. ¡°Los tr¨¢mites pueden tardar seis meses o m¨¢s. Para alguien que est¨¢ en situaci¨®n de urgencia, este tipo de control tan r¨ªgido lo hace muy dif¨ªcil¡±, lamenta.

La comisi¨®n de gobierno de la RGC ha presentado un informe al Parlament para que se aprueben medidas que podr¨ªan mejorar la cobertura. Una de ellas es hacer compatible esta prestaci¨®n con las rentas del trabajo, para evitar que encontrar un trabajo sea motivo suficiente para suprimir la prestaci¨®n, y establecer periodos de transici¨®n. La comisi¨®n promotora de la RGC tambi¨¦n mand¨® una carta para que se haga efectiva esta compatibilidad al menos con las jornadas parciales, ya que no se est¨¢ aplicando de forma generalizada pese a establecerlo la ley. Y en la carta piden tambi¨¦n que el Govern detalle cu¨¢l es el ahorro fruto de la implementaci¨®n del Ingreso M¨ªnimo Vital. La RGC es subsidiaria de la prestaci¨®n estatal, es decir, que si se percibe el IMV la Generalitat solo paga un complemento para llegar a la cuant¨ªa de la RGC. ¡°La Generalitat se ahorra una parte muy grande, y no se est¨¢ dedicando a aplicar criterios menos restrictivos para cumplir con la ley¡±, apunta el portavoz de la comisi¨®n, Diosdado Toledano. Denuncia que el departamento ¡°sigue aplicando medidas restrictivas, deniegan solicitudes y hacen que la gente desista¡± por la dificultad que entra?a recurrir. Ha pedido a los grupos parlamentarios que reclamen una auditor¨ªa independiente. ¡°Lo escandaloso es que la pr¨¢ctica que han tenido desde el principio ha sido ahorrarse todo el dinero que pueden, y eso que es un derecho subjetivo. En Euskadi la prestaci¨®n que se le parece tiene una cobertura del 70% de la poblaci¨®n en pobreza severa¡±, recuerda Toledano.

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