La Audiencia de Valencia condena al exconsejero Rafael Blasco por un delito de prevaricaci¨®n
El tribunal impone al responsable del departamento de Solidaridad una pena de ocho a?os de inhabilitaci¨®n pero le absuelve de la acusaci¨®n de tr¨¢fico de influencias
La Audiencia provincial de Valencia ha condenado al exconsejero Rafael Blasco por un delito continuado de prevaricaci¨®n con fraude a la administraci¨®n p¨²blica por el que le ha impuesto ocho a?os de inhabilitaci¨®n. La condena se refiere al ama?o de contratos inform¨¢ticos por m¨¢s de un mill¨®n de euros de la consejer¨ªa de Solidaridad, que presid¨ªa, entre 2008 y 2011, bajo el Gobierno de Francisco Camps (PP). Sin embargo, el tribunal le absuelve del delito de tr¨¢fico de influencias del que tambi¨¦n acusaba la Fiscal¨ªa.
La sentencia expone como hechos probados que Rafael Blasco ¡°orden¨®¡± a la ahora tambi¨¦n condenada secretaria general administrativa ¡°que hicieran lo que fuera necesario para que las empresas de Augusto C¨¦sar Tauroni llevaran a cabo servicios de inform¨¢tica que la consejer¨ªa necesitaba, sabiendo que las mismas carec¨ªan de los requisitos legales necesarios para licitar en la contrataci¨®n p¨²blica¡±.
El fallo explica tambi¨¦n que, para lograr ese objetivo, la secretaria general acord¨® con el inform¨¢tico de la consejer¨ªa ¡ªque tambi¨¦n ha sido condenado¡ª y con la anuencia del empresario ¡°que se llevar¨ªa a cabo una simulaci¨®n de concurso de empresas que reunieran las exigencias legales para ser contratadas por la Administraci¨®n P¨²blica, conociendo de antemano cu¨¢l de ellas iba la adjudicataria¡±. El mecanismo, seg¨²n considera el tribunal probado, consist¨ªa en que el empresario ya tendr¨ªa subrogados, por parte de la que luego ser¨ªa adjudicataria, los servicios, mientras que la adjudicataria oficial solo se quedaba un porcentaje del precio de la contrataci¨®n p¨²blica. ¡°Se elaboraron una serie de expedientes administrativos que dieron forma a la estrategia ideada, simulando la participaci¨®n de grandes empresas¡±, se?ala la sentencia.
Pero el papel del empresario no era ¨²nicamente el de contratado. El mismo empresario, Augusto C¨¦sar Tauroni, ¡°se encarg¨® tambi¨¦n de negociar con la Administraci¨®n las condiciones econ¨®micas que deb¨ªan salir a concurso, y decidir tanto las empresas con las que hab¨ªa que subcontratar, proponi¨¦ndoles su presentaci¨®n al concurso, como las mercantiles a las que se deb¨ªa invitar, bien de forma directa o a trav¨¦s de sus comerciales¡±.
Pese a que la Fiscal¨ªa acusaba a los cuatro condenados tambi¨¦n por un delito de tr¨¢fico de influencias, que conlleva c¨¢rcel y no solo inhabilitaci¨®n como el de prevaricaci¨®n, el tribunal ha dictado que no se produjo ese delito. Seg¨²n se?ala el fallo, ¡°no se ha probado que concurriera esa presi¨®n moral espec¨ªfica para conseguir doblegar la voluntad del sujeto pasivo en cada caso¡±, sostiene, ya que tanto la secretaria general como el inform¨¢tico ¡°dijeron que pensaban que legalmente estaban procediendo bien, negando que estuvieran utilizando un tr¨¢mite inadecuado para cumplir con la decisi¨®n del consejero¡±. El fallo recoge que a la secretaria general, Agustina Sanju¨¢n, ¡°le pareci¨® la decisi¨®n del consejero incluso natural porque estaban agradecidos de la ayuda prestada¡± por el empresario. El inform¨¢tico, por su parte, Javier Murcia, ¡°la acat¨® de buen grado y seg¨²n aquella [la secretaria] fue el que indic¨® la v¨ªa de la contrataci¨®n centralizada para cumplir el objetivo marcado. ¡°No se evidencia que se hubieren realizado actos de presi¨®n eficaz por los acusados sobre los que ten¨ªa relaci¨®n de superioridad, ni entre los acusados unidos por una amistad previa¡±, concluye el tribunal.
Rafael Blasco ya fue condenado en 2015 a seis a?os de c¨¢rcel por el desv¨ªo de fondos de la cooperaci¨®n al desarrollo por los delitos delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, en concurso con prevaricaci¨®n administrativa, y delito continuado de falsedad documental. En 2020, la Audiencia Provincial de Valencia le conden¨® a un a?o de prisi¨®n, en su segundo juicio del llamado caso Cooperaci¨®n, por irregularidades en las ayudas a varias ONG y en el proyecto fallido para la construcci¨®n de un hospital en Hait¨ª.
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