El expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia apunta como impulsor de los contratos del ¡®caso Alqueria¡¯ a un acusado en ¡®Azud¡¯

El expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, el entonces socialista Jorge Rodr¨ªguez, ha declarado este lunes en el juicio del caso Alqueria y ha se?alado a Jos¨¦ Luis Vera, abogado pr¨®ximo al PSPV-PSOE, que era el responsable de los servicios jur¨ªdicos de la misma, como ide¨®logo y aval de los contratos de alta direcci¨®n ...

El expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, el entonces socialista Jorge Rodr¨ªguez, ha declarado este lunes en el juicio del caso Alqueria y ha se?alado a Jos¨¦ Luis Vera, abogado pr¨®ximo al PSPV-PSOE, que era el responsable de los servicios jur¨ªdicos de la misma, como ide¨®logo y aval de los contratos de alta direcci¨®n en la empresa p¨²blica Divalterra (antes Imelsa) que le han llevado al banquillo junto con otras trece personas. Adem¨¢s, Rodr¨ªguez ha recalcado que nadie, tampoco la oposici¨®n, los cuestion¨® cuando los realizaron al poco de acceder al cargo en 2015 tras realizar una reordenaci¨®n de un ente que hab¨ªa sido uno de los focos de corrupci¨®n en la ¨¦poca del PP.

La tesis del juez instructor, de la Fiscal¨ªa y de las acusaciones es que Rodr¨ªguez y los suyos crearon siete contratos de alta direcci¨®n paralelos a otros ya existentes para beneficiar a miembros y simpatizantes de su partido y de Comprom¨ªs, con quien gobernaban la Diputaci¨®n. Se les acusa de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n.

El actual alcalde de Ontinyent, que se sali¨® del PSPV-PSOE tras no poder presentarse a la reelecci¨®n al cargo en 2019, s¨®lo ha contestado a preguntas de las defensas y del tribunal y ha remarcado que suprimi¨® una decena de contratos de asesor en esa misma empresa p¨²blica (sobre un total de 45), de los que podr¨ªa haber dispuesto libremente si ¡°su intenci¨®n hubiese sido colocar a alguien¡±. Esa decisi¨®n, ha asegurado, supuso un ahorro en tres a?os de 1,2 millones, cifra muy parecida a la que se les acusa de malversar.

El controvertido Vera

Citado a declarar como testigo dentro de unas jornadas, Vera es un veterano abogado vinculado hist¨®ricamente al PSPV-PSOE y que hace unos meses apareci¨® implicado en el caso Azud. Ese caso investiga presuntas adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Val¨¨ncia en la ¨¦poca de Rita Barber¨¢ con su cu?ado Jos¨¦ Mar¨ªa Corb¨ªn y el exvicealcalde Alfonso Grau como posibles comisionistas, pero tambi¨¦n apunta a que el cabecilla, el empresario Jaime Febrer, habr¨ªa usado los servicios de Vera (que se habr¨ªa embolsado seg¨²n el sumario 1,3 millones de euros) para ama?ar adjudicaciones en otros ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE.

Rodr¨ªguez ha detallado que le recomend¨® la contrataci¨®n de Vera su entonces jefe de gabinete, Jos¨¦ Manuel Orengo, exalcalde de Gandia, que despu¨¦s fue asesor del presidente, Ximo Puig, y que declarar¨¢ tambi¨¦n como testigo. ¡°Me recomend¨® su contrataci¨®n, yo no le conoc¨ªa de nada. Hab¨ªan trabajado juntos en Gandia, me dijo que Vera hab¨ªa sido magistrado sustituto de la Audiencia Provincial, que hab¨ªa trabajado en causas importantes de corrupci¨®n, que daba clases en la UV, que conoc¨ªa las empresas p¨²blicas, que hab¨ªa sido director general...¡±, ha rese?ado.

Adem¨¢s, ha recordado que le dijo que ten¨ªa buena relaci¨®n con el fiscal del caso Imelsa una trama de corrupci¨®n ligada principalmente al PP y con Marcos Benavent, el yonki del dinero como protagonista. Se trata de Pablo Ponce, que tambi¨¦n ejerce de fiscal en esa causa. ¡°Me lo dijo en un correo electr¨®nico de octubre de 2016 que sorprendentemente no ha sido seleccionado por la UDEF¡±, ha deslizado.

Los contratos

Rodr¨ªguez ha asegurado que fue Vera quien le habl¨® por primera vez de los contratos de alta direcci¨®n como posibilidad y que le asegur¨® que se les hac¨ªa un ¡°flaco favor¡± a los elegidos para dirigir las siete ¨¢reas de gesti¨®n que se crearon. Ten¨ªan por tanto su visto bueno como responsable jur¨ªdico, ha insistido. El expresidente de la Diputaci¨®n s¨ª que ha reconocido que hab¨ªa otras opciones contractuales pero ha contado que se le pidi¨® al catedr¨¢tico Alfonso Mellado un informe que avalara la regularidad de los mismos y que no vio inconveniente.

Rodr¨ªguez, que ha destacado que s¨®lo conoc¨ªa personalmente a dos de los siete contratados, ha dicho que tampoco conoc¨ªa antes de acceder al cargo a los denunciantes del caso Alquer¨ªa, Jos¨¦ Luis Pellicer y Jos¨¦ Luis Castellote. Ha narrado que les vio en los consejos de administraci¨®n de Divalterra y que ¡°al leer el sumario del caso Imelsa¡± supieron ¡°que hab¨ªan sido beneficiarios de n¨®minas VIP en las que cobraban productividades sin control, entre 6.000 y 8.000 euros¡±.

Reveses previos

La declaraci¨®n del expresidente de la Diputaci¨®n de Valencia, que ha sido el primero de los acusados en hacerlo, ha llegado tras resolver el tribunal las cuestiones previas que plantearon las partes y descartar trasladar estas comparecencias al final del proceso. Igualmente se ha denegado la petici¨®n de nulidad y de devolver el caso a su fase de instrucci¨®n, algo que se reclamaba por entender que hab¨ªan sido conculcados los derechos de defensa.

Adem¨¢s, la secci¨®n primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado permitir que se mantengan en la causa las acusaciones populares que ejercen Acci¨®n C¨ªvica y el PP de la Diputaci¨®n valenciana, aunque en el caso de los populares se les conmina a ¡°subsanar los defectos¡± que se han detectado en su legitimidad y se les ha advertido que en caso de no hacerlo ser¨¢n expulsados m¨¢s adelante.

Entre las pocas cuestiones previas presentadas por las defensas y atendidas por el tribunal est¨¢ la de permitir a los acusados que se sienten junto a sus abogados y la citaci¨®n como testigos del actual presidente de la corporaci¨®n provincial, Toni Gaspar, del citado Orengo, as¨ª como la de algunos exdiputados como la actual consejera de Participaci¨®n, Rosa P¨¦rez Garijo. En cambio, la de la actual ministra de Ciencia Diana Morant, que tambi¨¦n formaba parte entonces de la Diputaci¨®n como alcaldesa de Gandia, ha sido descartada.

Finalmente, la decisi¨®n sobre la petici¨®n de Rodr¨ªguez de que quedara registrado que se vulneraron sus derechos fundamentales en la detenci¨®n (algo que requiri¨® con la idea de una posterior denuncia a los responsables de la misma) ha quedado aplazada al momento de la sentencia.