Los altos cargos de Comprom¨ªs en Divalterra se niegan a declarar ante el juez

Los cuatro altos cargos de Comprom¨ªs cuyas contrataciones en la empresa p¨²blica Divalterra investiga el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 9 de Val¨¨ncia se han acogido este lunes a su derecho a no declarar a ninguna de las partes, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Seg¨²n ha explicado a su salida de los juzgados uno de los investigados -Josep Llu¨ªs Melero-, desconocen de qu¨¦ se les acusa.

Los directivos de la antigua Imelsa que han comparecido este lunes ante el juez que instruye el conocido como caso Alquer¨ªa son los cuatro que nombr¨® Comprom¨ªs: los responsable de las ¨¢reas de Turismo, Pau P¨¦rez, concejal de Comprom¨ªs en Oliva; de Promoci¨®n Econ¨®mica, Innovaci¨®n y Proyectos de Formaci¨®n, Josep Llu¨ªs Melero, edil de la coalici¨®n en Silla; de Medio Ambiente, Mar¨ªa Soledad Torija, y Ra¨²l Ib¨¢?ez Fos, de Comprom¨ªs per Sueca, responsable de Administraci¨®n General.

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El pr¨®ximo viernes ser¨¢ el turno de los cargos investigados que corresponden al PSPV y, en principio, con esto todas las diligencias previstas en la instrucci¨®n del caso ya habr¨¢n sido completadas.

Por estas contrataciones est¨¢n investigados por los delitos de prevaricaci¨®n y malversaci¨®n el expresidente de la corporaci¨®n provincial Jorge Rodr¨ªguez y otros seis ex altos cargos: el que fuera su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario letrado del Consejo de Administraci¨®n de Divalterra, Jorge Cuerda; Manuel Reguart, asesor de Rodr¨ªguez y los dos directores gerentes: Xabier Albentosa y Agustina Brines, adem¨¢s de los nueve directivos contratados supuestamente de manera irregular.

Fuentes de las defensas han asegurado a Efe que la negativa a prestar declaraci¨®n se fundamenta en que todav¨ªa quedan informes periciales por incorporar al sumario, si bien la acusaci¨®n, que ejerce el PP, ha dejado patente el hecho de que el sumario es perfectamente conocido por las partes y en ¨¦l constan ya numerosos informes como el del la IGAE, Hacienda o la Fiscal¨ªa, entre otros.

Est¨¢ pendiente todav¨ªa la incorporaci¨®n del informe policial sobre los tel¨¦fonos m¨®viles y ordenadores intervenidos a los procesados.

La UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas p¨²blicas que hubiese supuesto la contrataci¨®n, durante toda la legislatura, de estas siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputaci¨®n de Valencia en oto?o de 2015, a raz¨®n de 70.000 euros brutos cada uno.

Sobre este extremo, la defensa del expresidente de la Diputaci¨®n, Jorge Rodr¨ªguez, ha se?alado reiteradamente que no ha habido apropiaci¨®n alguna de fondos, que estas contrataciones fueron legales, que no constan informes en contra por parte de los servicios jur¨ªdicos de Divalterra y que los empleados hicieron sus funciones y deb¨ªan cobrar por ello.

Adscritos o vinculados a los dos partidos

En siete de los nueve casos, un informe de la UDEF consider¨® que parece que las contrataciones se hicieron bajo la modalidad de personal de alta direcci¨®n como "fraude de ley" para evitar la aplicaci¨®n del Estatuto B¨¢sico del Empleado P¨²blico aplicables a las sociedades mercantiles p¨²blicas en materia de contrataci¨®n laboral, "consiguiendo de este modo e independientemente de la capacitaci¨®n personal de los contratados, la vinculaci¨®n a la sociedad de personas adscritas o vinculadas" a Comprom¨ªs y PSPV, al frente de la Diputaci¨®n.

El informe a?ad¨ªa que de acuerdo a informes jur¨ªdicos emitidos a petici¨®n de la empresa y que constan en la denuncia que llev¨® a Fiscal¨ªa a trasladar el caso al juzgado, esas contrataciones como personal de alta direcci¨®n no se ajustan a los requisitos por lo que "adem¨¢s de producir una vulneraci¨®n evidente de la ley supone asimismo una utilizaci¨®n instrumental de la misma" para hacer una contrataci¨®n de personal "directa y partidista" sin concurrencia de principios de igualdad, m¨¦rito, capacidad, transparencia e independencia. Adem¨¢s, sin conocimiento del consejo de administraci¨®n.

Otro informe pericial que consta en el sumario revela que ninguno de esos siete primeros altos directivos ejerc¨ªa funciones directivas en materia de contrataci¨®n ni rectoras, no ten¨ªan capacidad de representaci¨®n ante otras administraciones y no exist¨ªa un incremento ni en la evoluci¨®n de la cifra de negocio ni en los presupuestos que avalara esa contrataci¨®n.

En ese documento pericial se apunta que el coste del personal contratado asciende a 1.122.095,80 euros, frente a los dos millones que apuntan los investigadores. La remuneraci¨®n m¨¢s alta alcanzar¨ªa los 153.964 euros por tres a?os, y la m¨¢s baja 6.542 euros, ¨²nicamente por un mes, entre febrero y marzo de 2018. Todas ellas --excepto esa ¨²ltima-- son de noviembre de 2015 y se prolongan tres hasta 2017 y el resto hasta 2018.

Consta en el informe de la UDEF que bajo una "clima de presi¨®n" sobre el personal t¨¦cnico y laboral de Divalterra se "impuso" por orden del entonces presidente de la Diputaci¨®n, Jorge Rodr¨ªguez, la contrataci¨®n de los dos ¨²ltimos investigados. La ¨²ltima de estas personas, adem¨¢s, no lleg¨® a desempe?ar el cargo.