La patronal de residencias Aerte se enfrenta a la Generalitat por el modelo de atenci¨®n a la dependencia

La patronal valenciana de residencias Aerte se ha concentrado este martes ante la Consejer¨ªa de Igualdad y Pol¨ªticas Inclusivas para reclamar que desbloquee el acceso al sistema de atenci¨®n a la salud mental y la dependencia y facilite ¡°ayuda suficiente¡± a cada persona que precise ser atendida. La asociaci¨®n denuncia que la nueva regulaci¨®n de la Generalitat reduce las ayudas para las personas con problemas de salud mental que quieren acceder a una vivienda tutelada, y limita la elecci¨®n de centros residenciales a muchas personas mayores.

Seg¨²n la patronal, ¡°el incremento de las ayudas previsto por la Generalitat en sus ¨²ltimos decretos es insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos, lo que provocar¨¢ que aumente el copago que llevan a cabo las personas usuarias y sus familias¡±.

El pleno del Consell aprob¨® el pasado viernes el decreto que regula la tipolog¨ªa y funcionamiento de los centros, servicios y programas de todo el ¨¢rea de servicios sociales y su ordenaci¨®n ¡°al detalle¡± dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema P¨²blico Valenciano. La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Pol¨ªticas Inclusivas, Aitana Mas, defendi¨® que se trata de una norma que supone una ¡°mejora significativa¡± y ¡°necesaria¡± en los est¨¢ndares de calidad de los centros, en la atenci¨®n especializada, con un n¨²mero de plazas m¨¢s reducido y creando m¨¢s espacios de intimidad de manera que los centros ¡°se parezcan m¨¢s a un hogar¡±. El decreto es un adi¨®s al modelo de macrorresidencias.

Seg¨²n ha declarado la consejera, en las plazas p¨²blicas, concertadas o contratadas con la Generalitat, ¡°no va a suponer nunca un incremento, sobrecoste o copago para las personas que vayan a acceder a estos recursos¡±. Las empresas privadas, en lugar de ¡°crear alarma social¡±, ha manifestado la vicepresidenta, deber¨ªan ¡°dar explicaciones a sus clientes sobre si van a repercutir el incremento de la calidad de los servicios en el usuario o van a hacer un esfuerzo de bajar sus beneficios empresariales¡±.

M¨¢s a?ade que no conoce ninguna persona usuaria que est¨¦ ¡°en contra de que se duplique el personal de atenci¨®n¡±. En su opini¨®n, muchas de las medidas del decreto sirven para mejorar un servicio p¨²blico ¡°que se hab¨ªa quedado obsoleto¡± tras la pandemia.

La patronal de residencias replica que ¡°no se ha cambiado el sistema porque no funcione, que lo est¨¢ haciendo, sino porque les parece caro¡±. En un manifiesto le¨ªdo durante la protesta de este martes han destacado que para que las personas con problemas de salud mental sean una ¡°verdadera prioridad¡± se les debe ofrecer los ¡°apoyos necesarios para que puedan establecer un proceso de rehabilitaci¨®n psicosocial adecuado¡±.

Seg¨²n explica Aerte, desde agosto de 2022 la Consejer¨ªa ha reducido los importes de ayuda que ofrec¨ªa a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda tutelada, ¡°argumentando que hay otros servicios compatibles para apoyarlos y desconociendo que el personal que hay en los pisos est¨¢ para ofrecer ese servicio, como han venido haci¨¦ndolo hasta ahora¡±.

¡°Esto est¨¢ provocando el bloqueo del acceso al sistema¡±, denuncia Aerte, que explica que las trabajadoras sociales de los hospitales o de los Ayuntamientos no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan porque la prestaci¨®n que le ofrece no cubre el importe de la plaza y no pueden pagar la diferencia.

Seg¨²n Aerte, ¡°solo pueden permit¨ªrselo las personas con gran capacidad econ¨®mica y no es justo. El sector quiere atender a las personas en funci¨®n de su necesidad, como ven¨ªa haciendo hasta ahora, y no del dinero que tienen, pero la nueva regulaci¨®n no lo permite¡±. A?aden que el Decreto 102/2022 tambi¨¦n limita la posibilidad de elecci¨®n de centros residenciales a muchas personas mayores, ya que solo pueden acudir a los centros cuya tarifa es inferior a las del coste de referencia que marca la Generalitat.

Adem¨¢s, esto impide que puedan recibir los servicios opcionales o a?adidos, como una habitaci¨®n individual, pues no pueden pagar nada m¨¢s. Aerte asegura que han sido m¨¢s de 100 residencias las que han informado a la Consejer¨ªa de la imposibilidad de poder atender a personas con esta limitaci¨®n.