Dos entidades anticorrupci¨®n cuestionan que la promotora de un pol¨¦mico candidato a la Agencia Valenciana Antifraude cumpla la ley

Las entidades Acci¨®n C¨ªvica contra la Corrupci¨®n y el Observatori Ciutad¨¤ contra la Corrupci¨® manifiestan sus serias dudas sobre la idoneidad de la Asociaci¨®n Espa?ola de Gestores para la Administraci¨®n P¨²blica (AEGAP) para presentar un candidato a la direcci¨®n de la Agencia Valenciana Antifraude. Esta asociaci¨®n ha postulado al exdelegado de la Agencia Tributaria en Valencia Eduardo Beut para sustituir a Joan Llinares, que finaliza en mayo su mandato de siete a?os.

Esta candidatura fue cuestionada de inmediato por Comprom¨ªs y despu¨¦s por el PSPV-PSOE en raz¨®n de los antiguos ¡°v¨ªnculos¡± de Beut con el PP y con el que fuera presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, cuyo gobierno lo design¨® consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Industriales, entre otras relaciones con el entorno del exmandatario. Comprom¨ªs tambi¨¦n incidi¨® en que Inmaculada Luz Collado, presidenta de la asociaci¨®n, ¡°est¨¢ vinculada al PP¡±. Los populares aseguraron desconocer a Beut y Vox, su socio de Gobierno en la Generalitat, plante¨® ¡°hablar de la ubicaci¨®n, reconversi¨®n, desaparici¨®n o lo que sea¡± de la Agencia, lo que dispar¨® las alarmas sobre el futuro funcionamiento de la entidad.

Acci¨®n C¨ªvica no entra en cuestiones de filiaciones pol¨ªticas sino en los requisitos legales para el relevo de Llinares, cuyo proceso est¨¢ en marcha en el parlamento valenciano. Ha presentado un escrito a las Cortes Valencianas en el que advierte de que la citada ¡°puede que no cumpla el requisito establecido¡± en la ley de 2016 en el siguiente art¨ªculo: ¡°Las personas candidatas a ocupar el cargo ser¨¢n propuestas a Les Corts por organismos sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupci¨®n en la Comunitat Valenciana¡±.

La entidad dirigida por el abogado Antonio Penad¨¦s a?ade: ¡°Dicha Asociaci¨®n, por lo que hemos podido averiguar, no parece que sea una organizaci¨®n social ni que trabaje contra el fraude y la corrupci¨®n en la Comunidad Valenciana. Por ello, solicita a las Mesa del parlamento ¡°el acceso al expediente con toda la documentaci¨®n e informaci¨®n que contenga para poder comprobar la naturaleza y fines¡± de la citada Asociaci¨®n, y ¡°en su caso, impugnar el acuerdo de admisi¨®n a tr¨¢mite de la candidatura propuesta por esa asociaci¨®n¡±.

En el mismo sentido se expresa el Observatori Ciutad¨¤ contra la Corrupci¨®, que fue una de las tres entidades, junto a Acci¨®n C¨ªvica y Fundaci¨®n por la Justicia que propusieron inicialmente a Llinares y ahora han presentado la candidatura del actual director de An¨¢lisis e Investigaci¨®n de la Agencia, Gustavo Segura, el otro aspirante. ¡°Tenemos serias dudas de que cumple con la normativa, porque hemos estado mirando sus estatutos y sus objetivos y no hemos encontrado que entre sus fines se encuentre la lucha contra la corrupci¨®n, uno de los requisitos que establece la ley¡±, se?ala Rafael Mauri, presidente del Observatori. La entidad advierte de esta circunstancia y conf¨ªa en que la comisi¨®n de las Cortes haga su trabajo y certifique convenientemente la ¡°idoneidad¡± de la organizaci¨®n, as¨ª como de los candidatos presentados, en aplicaci¨®n de la ley.

Este peri¨®dico se puso el martes en contacto con la Asociaci¨®n Espa?ola de Gestores para la Administraci¨®n P¨²blica, pero una responsable declin¨® realizar cualquier declaraci¨®n sobre el objeto de su constituci¨®n y el cuestionamiento de su idoneidad, as¨ª como de las cr¨ªticas vertidas desde la oposici¨®n. En la portada de su p¨¢gina web se explica que se trata de ¡°una asociaci¨®n de car¨¢cter nacional sin ¨¢nimo de lucro que tiene como objetivo fundamental la defensa de los intereses acad¨¦micos y profesionales de los estudiantes y titulados en Gesti¨®n y Administraci¨®n P¨²blica¡±.

En su interior, la entidad nacida en 2015 y cuyo domicilio social se ubica en la Universidad Polit¨¦cnica de Valencia, refleja cu¨¢les son sus ¡°premisas principales¡±. Estas son las cinco primeras: ¡°1. Potenciar el nivel del grado universitario en GAP y hacer m¨¢s visible esta titulaci¨®n. 2. La promoci¨®n, el fomento y prestigio de la imagen de los titulados y estudiantes en GAP y tambi¨¦n la del actual funcionario de la Administraci¨®n P¨²blica. 3. Profesionalizar la carrera y en un futuro crear un colegio oficial que aglutine a los gestores de la Administraci¨®n P¨²blica, tanto titulados como profesionales con dilatada carrera en la Administraci¨®n P¨²blica. 4. Facilitar la formaci¨®n continuada y fomentar las relaciones entre estudiantes y graduados, favoreciendo el intercambio de conocimientos para contribuir a la promoci¨®n, difusi¨®n y prestigio de los gestores de la Administraci¨®n P¨²blica. 5. Posibilitar actuaciones de colaboraci¨®n entre la Universidad y las Administraciones P¨²blicas, defendiendo que tanto la formaci¨®n como la actividad profesional se adecuen a las demandas de la sociedad¡±.

Para la elecci¨®n del director de la Agencia Antifraude se necesita una mayor¨ªa de tres quintas partes de las Cortes. En consecuencia, la mayor¨ªa parlamentaria formada por el PP y Vox (53 esca?os sobre 99) precisa al menos siete votos m¨¢s, que deber¨ªan salir del PSPV-PSOE (31 diputados) o de Comprom¨ªs (15). Tambi¨¦n hay otras posibles combinaciones, como la suma del PP (40) y PSPV. La izquierda ha manifestado que no llegar¨¢ a ning¨²n pacto con Vox.