Benidorm debe indemnizar con 283 millones a unos promotores que cedieron suelo de la Serra Gelada sin compensaci¨®n urban¨ªstica
El Ayuntamiento recurrir¨¢ una sentencia del TSJ que compromete una cantidad equivalente a m¨¢s de dos veces el presupuesto municipal de la capital tur¨ªstica alicantina
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) obliga a Benidorm (Alicante, 74.588 habitantes) a indemnizar a una familia de promotores urban¨ªsticos, los Murcia Puchades, con 283 millones de euros, m¨¢s unos intereses de demora que elevan esta cantidad hasta los 330 millones, aproximadamente. Es decir, m¨¢s del doble del presupuesto municipal aprobado para 2024, de 141,6 millones de euros. La sentencia, que anula otra previa del juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, da la raz¨®n a los Murcia Puchades, que reclaman una compensaci¨®n por perder los derechos de urbanizaci¨®n de terrenos de su propiedad situados en suelo protegido del parque natural de Serra Gelada, que se extiende por los municipios de Benidorm, l¡¯Alf¨¤s del Pi y Altea. El alcalde de la capital tur¨ªstica de la Costa Blanca, Toni P¨¦rez (PP), ya ha anunciado que solicitar¨¢ una aclaraci¨®n de t¨¦rminos a la sentencia y que presentar¨¢ un recurso de casaci¨®n contra el fallo. Los servicios jur¨ªdicos municipales determinar¨¢n si se recurre ante el TSJ o ante el Tribunal Supremo.
El conflicto entre ambas partes arranca en 2003. Los Murcia Puchades poseen tres parcelas en Serra Gelada, un relieve monta?oso de seis kil¨®metros de longitud desde el que se domina toda la comarca alicantina de la Marina Baixa, que sumaban algo m¨¢s de 2 millones de metros cuadrados, con 102.000 de superficie ¨²til. El plan de protecci¨®n del enclave natural, que finalmente se rubric¨® en 2005, llev¨® al entonces alcalde de Benidorm, Vicente P¨¦rez Devesa (PP) a firmar un convenio con los promotores por el que ceden 121.995 metros cuadrados a cambio de abandonar cualquier intenci¨®n de construir sobre la sierra. El pacto estipula una compensaci¨®n en terrenos ubicados en otra parte del municipio. Este acuerdo fue renovado dos veces por Agust¨ªn Navarro (PSOE) durante su mandato al frente de la Alcald¨ªa benidorm¨ª, en 2010 y 2013.
El pacto se va dilatando y los Murcia Puchades emprenden una batalla legal contra el consistorio de Benidorm. Presentan sucesivas reclamaciones por la v¨ªa administrativa que el Ayuntamiento va desestimando una a una. Tanto los estos promotores urban¨ªsticos como otros propietarios de terrenos situados en suelo protegido llevan el caso ante los tribunales, ¡°que en todos los casos dan la raz¨®n¡± al gobierno municipal, seg¨²n ha recordado hoy en rueda de prensa Toni P¨¦rez. Finalmente, en 2019 los Murcia Puchades, a trav¨¦s de las empresas Murcia Puchades Expansi¨®n SL y urban Villajoyosa 2000 SL, interponen una demanda en la que solicitan 283 millones de euros como compensaci¨®n por no haber obtenido los terrenos urbanizables que se les hab¨ªan prometido. El juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Alicante, en febrero de 2022, vuelve a negarles la raz¨®n, parcialmente, y minimiza la indemnizaci¨®n hasta los 683.000 euros, que Benidorm abona a cuenta de las arcas municipales. Ese mismo a?o, tras las constantes victorias en los tribunales y con los informes a favor de t¨¦cnicos municipales e incluso del Consell Jur¨ªdic Consultiu, ¨®rgano dependiente de la Generalitat Valenciana, un acuerdo plenario del Ayuntamiento declara la nulidad de los convenios firmados con los constructores.
Los Murcia Puchades recurren el fallo ante el TSJ. El alto tribunal valenciano establece que la sentencia inicial incurri¨® en un error de hecho al considerar que los terrenos del ?rea de Planeamiento Remitido (APR7), la que incluye las fincas propiedad de los Murcia Puchades, ¡°nunca han ostentado la condici¨®n de suelo urbano¡±, un error que los magistrados achacan al ¡°equ¨ªvoco relato de los hechos¡± recogido por un informe municipal. Los tres terrenos afectados eran urbanizables ¡°al menos desde la modificaci¨®n del PGOU en 1963, mantenida en la delimitaci¨®n de suelo urbano de 1983¡å, se?ala la sentencia. Tambi¨¦n se?ala al Ayuntamiento como ¡°responsable al haber propiciado la declasificaci¨®n¡± y, despu¨¦s, suscribir los convenios. ¡°A consecuencia de ello, la Generalitat los incluy¨® en el PORN [Plan de Ordenaci¨®n de Recursos Naturales] Sierra Helada, asumiendo el Ayuntamiento la responsabilidad. En opini¨®n de las magistradas firmantes, la Generalitat queda as¨ª como ¡°responsable solidaria¡±. Con el fallo previo apoyado en errores administrativos, el TSJ determina estimar la reclamaci¨®n de los Murcia Puchades ¡°contra la resoluci¨®n presunta por la que se desestima su reclamaci¨®n de derechos y cumplimiento de convenio urban¨ªstico¡±, consistente en una compensaci¨®n que tasa en 283.055.750,12 euros, que deber¨¢ abonar el consistorio benidorm¨ª, con sus intereses legales.
Tras conocerse el fallo judicial, P¨¦rez ha mantenido una junta de portavoces para informar a los grupos de la corporaci¨®n municipal y, despu¨¦s, ha comparecido ante la prensa para anunciar que recurrir¨¢n con el objetivo de ¡°seguir defendiendo el inter¨¦s general¡± de la poblaci¨®n ante lo que considera ¡°un claro rev¨¦s¡± judicial. El primer edil ha querido transmitir ¡°tranquilidad¡± a la ciudadan¨ªa, ha recordado que ¡°hasta ahora, todas las sentencias y pronunciamientos jur¨ªdicos¡± les hab¨ªan dado la raz¨®n y ha subrayado que la indemnizaci¨®n cuajada corresponde a ¡°pr¨¢cticamente tres presupuestos municipales completos¡±. ¡°Estamos hablando de un suelo que forma parte de un parque natural y que, impidiendo la construcci¨®n, ofrecemos como espacio verde y protegido¡± a sus vecinos y a los millones de turistas, por lo que, ¡°a lo mejor¡±, la situaci¨®n de Serra Gelada ¡°tiene que ser una cuesti¨®n de Estado¡±.
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