La jueza pregunta qu¨¦ autoridades acudieron al Cecopi el d¨ªa de la dana despu¨¦s de que la Generalitat omitiera la presencia de Maz¨®n

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n 3 de Catarroja ha requerido a la Consejer¨ªa de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana para que le informe si concurri¨® y se integr¨® en el Centro de Coordinaci¨®n Operativa Integrado (Cecopi) ¡°alguna otra autoridad¡± distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de ese ¨®rgano el d¨ªa de la dana, entre su convocatoria, a las 17 horas, y hasta las 20.11, cuando se remiti¨® el mensaje de alerta a la poblaci¨®n a trav¨¦s del sistema Es-Alert.

Seg¨²n ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la magistrada ha tomado esta decisi¨®n en un auto notificado este lunes a las partes, despu¨¦s de recibir un escrito de la Subdirecci¨®n General de emergencias auton¨®mica en respuesta al requerimiento previo donde se reclamaba informaci¨®n sobre la decisi¨®n del env¨ªo de esa alerta.

En su primera respuesta a la jueza, Emergencias se?al¨® al Cecopi (Centro de Coordinaci¨®n Operativo Integrado) como ¨®rgano responsable de determinar las ¡°medidas de autoprotecci¨®n personal, el confinamiento, el alejamiento y la evacuaci¨®n¡±. Seg¨²n la Generalitat, este ¨®rgano convocado para la tragedia estaba dirigido durante la riada por la entonces consejera de Interior y Justicia y m¨¢xima responsable de Emergencias, Salom¨¦ Pradas, que fue cesada cuatro semanas despu¨¦s de la cat¨¢strofe.

En la relaci¨®n de organismos convocados a las cinco de la tarde, Emergencias enumer¨® 29 personas y entidades, entre los que no mencion¨® al presidente de la Generalitat, Carlos Maz¨®n, que acudi¨® a las siete y media de la tarde. La instructora ha dado tres d¨ªas h¨¢biles de plazo a la Administraci¨®n para que conteste a este nuevo requerimiento.

En uno de sus autos, la instructora considera que el SMS de alerta enviado a los m¨®viles de la ciudadan¨ªa a las 20.11 por el Cecopi fue ¡°notablemente tard¨ªo¡±. ¡°Constituye una constante en las declaraciones de los familiares y testigos la constataci¨®n del aviso notablemente tard¨ªo, el consejo de evitar desplazamientos en el SMS de alerta fue las 20:11, y errado en su contenido, muchas de las v¨ªctimas fallecieron sin salir de la planta baja de su domicilio, al bajar al garaje, o simplemente por encontrarse en la v¨ªa p¨²blica. En definitiva, los da?os materiales no se pod¨ªan evitar, las muertes s¨ª¡±, indica el auto de la magistrada, que responde a una petici¨®n de diligencia de Podemos, personado en la causa como acusaci¨®n popular. ¡°El objeto de la investigaci¨®n se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la poblaci¨®n que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. (...) La evitabilidad del abrumador n¨²mero de fallecimientos¡±, a?ade el auto.

Al mismo tiempo, el juzgado ha dictado y notificado otras cuatro resoluciones sobre distintos aspectos del procedimiento. En la primera de ellas ha requerido a la Asociaci¨®n de Damnificados Dana Horta Sud para que identifique, de forma previa a la admisi¨®n a tr¨¢mite de su querella, las personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, as¨ª como para que informe de qu¨¦ tipo de lesiones sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento m¨¦dico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa.

Respecto a esta querella, la juez inadmite lo relativo a los da?os por imprudencia grave que en ella se detallaban porque entiende que esos da?os ¡°no se pod¨ªan evitar¡±, pero ¡°las muertes s¨ª¡±.

Alude en este sentido a lo establecido por un auto anterior del propio juzgado, de fecha 11 de febrero, donde se recog¨ªa que la investigaci¨®n penal en curso se ci?e a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa.

¡°Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparaci¨®n los da?os materiales, la destrucci¨®n que ha asolado a las poblaciones y que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicci¨®n penal son competentes para su conocimiento¡±, precisa.

Por esta misma raz¨®n, en otro auto, la magistrada ha rechazado la personaci¨®n en la causa como perjudicados de cuatro personas que sufrieron da?os en sus bienes, como veh¨ªculos o inmuebles, como consecuencia de las inundaciones.

Del mismo modo, s¨ª acepta la personaci¨®n en esa condici¨®n de acusaci¨®n particular de la familiar de varias v¨ªctimas mortales, que hab¨ªa presentado un escrito a tal efecto bajo la representaci¨®n legal la asociaci¨®n Liberum. A esta entidad el juzgado s¨ª le requiere el pago de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acci¨®n popular.

Finalmente, y en contestaci¨®n a la solicitud de diligencias realizada por otra de las acusaciones populares, Podemos, la magistrada ha acordado librar oficio a la Agencia Estatal de Meteorolog¨ªa (Aemet) para que emita un informe de las actuaciones que llev¨® a cabo en el ¨¢mbito de sus competencias el pasado 29 de octubre.

Igualmente, pide al tel¨¦fono de emergencias 112 que le informe a partir de qu¨¦ momento de ese d¨ªa se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de qu¨¦ poblaciones proced¨ªan las mismas.

Adem¨¢s, el juzgado ha requerido a la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car (CHJ) para que aporte la informaci¨®n requerida en el ¨²ltimo auto sobre los caudales del barranco del Poyo en un plazo improrrogable de tres d¨ªas, pues el contenido del CD que remiti¨® hace unos d¨ªas cuyo no se corresponde con lo solicitado. Seg¨²n fuentes de la Confederaci¨®n, los datos fueron remitidos el pasado jueves en papel, de ah¨ª que haya podido haber una confusi¨®n con la remisi¨®n de los datos.