Voto a cambio de vales de comida o de un contrato de trabajo en Melilla

Las denuncias por compra de votos por correo en Melilla no son nuevas. Se han repetido a lo largo de los ¨²ltimos a?os casi en cada proceso electoral. Algunas se han quedado en nada por falta de pruebas, pero otras han llegado a juicio y han dado lugar a sentencias que dan por probado el fraude. Por una de ellas, el l¨ªder de Coalici¨®n por Melilla (CPM), Mustaf¨¢ Aberch¨¢n, presidente de la ciudad aut¨®noma entre 1999 y 2000, est¨¢ inhabilitado tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos a?os de c¨¢rcel y dos a?os y medio de inhabilitaci¨®n por liderar una trama de compra de votos por correo para las elecciones al Senado de 2008. Las sentencias dictadas hasta ahora describen redes tejidas en entornos desfavorecidos y donde el voto se cambia por vales de comida o la promesa de un contrato de trabajo a trav¨¦s de un plan de empleo local.

La sentencia del Supremo sobre Aberch¨¢n cerr¨® aparentemente un caso que se destap¨® em las elecciones generales de 2008, en la que el PSOE y Coalici¨®n por Melilla concurrieron en coalici¨®n al Senado. Seg¨²n consider¨® probado la Audiencia Provincial de M¨¢laga, desde la sede de Coalici¨®n por Melilla y desde las Juventudes Socialistas de la ciudad aut¨®noma se organiz¨® una trama consistente en convencer a ciudadanos para que solicitaran el voto por correo y les entregasen a ellos el sobre. A cambio del voto, los dirigentes pol¨ªticos promet¨ªan un contrato en los planes de empleo que ten¨ªa en marcha la Delegaci¨®n del Gobierno.

El caso sent¨® en el banquillo a 29 acusados, entre ellos Aberch¨¢n y el ex secretario general del PSOE de Melilla, Dionisio Mu?oz P¨¦rez. El resto eran en su mayor¨ªa familiares de ambos y miembros de las c¨²pulas de los dos partidos. Finalmente, 17 personas fueron condenadas y 11 absueltas, entre ellas el exdelegado del Gobierno en Melilla Gregorio Escobar, el exsecretario de Organizaci¨®n del PSOE Alonso D¨ªaz y los exdiputados de la Asamblea de Melilla Celia Sarompas y Amin Azmani.

En los casos que han llegado a juicio, igual que en los que ahora se investigan para las elecciones del pr¨®ximo 28 de mayo, es fundamental el sistema que regula el voto por correo, en el que el votante solo tiene que acudir personalmente e identificarse con el DNI para solicitar en las oficinas de Correos la certificaci¨®n de inscripci¨®n en el censo electoral, pero no para entregar el sobre con el voto. La Sala Penal del Supremo, en la sentencia sobre Aberch¨¢n, advierte de ¡°las ventajas¡± que ofrece este sistema para los responsables del fraude.

¡°Una vez hecho eso [pedido el certificado del censo], el sobre con la documentaci¨®n electoral que recibir¨ªa el votante pod¨ªa ser entregado a una tercera persona, quien podr¨ªa elegir la opci¨®n pol¨ªtica correspondiente para, posteriormente, entregar el voto en Correos, que lo enviar¨ªa a la correspondiente mesa electoral¡±, explican los jueces. Convencer a los ciudadanos de que les entregasen el sobre para as¨ª elegir el partido a votar era importante, pero ¡°no era estrictamente necesario¡± dado que los acusados se valieron de la ¡°inmejorable relaci¨®n¡± de uno de ellos con un jefe de la empresa p¨²blica. S¨ª era esencial que el votante solicitase personalmente votar por correo y que entregase el resguardo de la solicitud a uno de los miembros de la trama, ya que con dicho resguardo se pod¨ªa localizar en Correos el sobre con la documentaci¨®n electoral en el caso de que el destinatario no la recibiese o no la entregase a los acusados.

Para garantizar que las personas que acud¨ªan a la sede de uno u otro partido cumpliesen su parte del trato, se facilitaban los tr¨¢mites, por ejemplo, rellen¨¢ndoles los impresos de solicitud de la certificaci¨®n del censo, que estaban incluso disponibles en las sedes de ambas formaciones. Despu¨¦s, los solicitantes deb¨ªan llevar el resguardo de la solicitud a la sede del partido, donde ser¨ªa apuntado en una lista de la que deber¨ªan salir los futuros candidatos a los planes de empleo. ¡°La propagaci¨®n de la noticia de la posibilidad de obtener trabajo a cambio de solicitar el voto por correo fue tal que el porcentaje de voto por correo aument¨® ese a?o m¨¢s del doble (fue del 11,42%) con respecto a las elecciones generales de 2004 (5,39%)¡±, recoge la sentencia.

En otro caso juzgado y sentenciado recientemente no se promet¨ªan empleos, sino que se cambiaban votos por vales de comida de 60 euros para gastarlos en un supermercado de la localidad. Ocurri¨® durante la campa?a para las elecciones municipales y auton¨®micas del 27 de mayo de 2011 y se sald¨® con la condena de Mimun Mohamed Hamed, alias El Ruso, a seis d¨ªas de prisi¨®n que se sustituy¨® por 3.072 euros de multa. En el caso tambi¨¦n fue juzgado el exviceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno del PP de Melilla, Hassan Dris, pero result¨® absuelto.

Seg¨²n los hechos que recoge la sentencia de un juzgado penal de Melilla, ratificada en mayo de 2022 por la Audiencia Provincial de M¨¢laga, El Ruso se dedicaba, desde la sede de una asociaci¨®n llamada Numidia, a rellenar solicitudes de voto por correo, se las entregaba a los votantes para que estos la presentaran y, posteriormente, le entregaran el resguardo y la documentaci¨®n electoral. A cambio, les facilitaba el acceso a vales de comida canjeables en los supermercados Aliprox, emitidos por la Viceconsejer¨ªa de Bienestar Social de Melilla y firmados por el entonces viceconsejero.

La sentencia da por probado que El Ruso incluso acompa?aba a los ciudadanos que le ped¨ªan ayuda para la solicitud de los vales hasta la oficina t¨¦cnica donde se tramitaban una vez que le hab¨ªan llevado las solicitudes de voto. Cuando se destap¨® el caso, en plena campa?a, en la sede de la asociaci¨®n se intervinieron 87 certificados del censo electoral ya preparados para introducirlos en el sobre del voto por correo, 30 sobres de voto por correo cumplimentados, 71 impresos de solicitud de voto por correo (ejemplares para el interesado) y 41 fotocopias de vales nominales de la Consejer¨ªa de Bienestar Social por valor de 60 euros cada uno firmados por el viceconsejero de Asuntos Sociales.

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