El Gobierno de Ayuso maniobra para controlar el ¨®rgano que fiscaliza sus contratos y gastos
El Ejecutivo patrocina desde diciembre un cambio legal que le permitir¨ªa dominar los nombramientos de la C¨¢mara de Cuentas en combinaci¨®n con Vox
La ley ¨®mnibus que patrocina el Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso desde diciembre incluye un cambio legal que permitir¨ªa al PP y a Vox controlar la C¨¢mara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos. Desde 2019, los integrantes de este ente p¨²blico eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo. De salir adelante la reforma, el PP podr¨¢ usar su mayor¨ªa para bloquear esa votaci¨®n de consenso (que ser¨ªa de tres quintos) y aprovechar luego un pacto con Vox para controlar el ¨®rgano a trav¨¦s de tres votaciones en las que se seleccionar¨ªan a siete consejeros por mayor¨ªa simple (a raz¨®n de uno, tres y tres en cada ronda). Un sistema id¨¦ntico al de la ley original del ente, de 1999, y que solivianta a la oposici¨®n de izquierdas en mitad de la pol¨¦mica por los contratos del hermano de D¨ªaz Ayuso con la Administraci¨®n.
¡°Es un retroceso respecto al pacto que se alcanz¨® en la legislatura de Cristina Cifuentes. Volvemos al rodillo. ¡®Como no lo controlo, lo cambio¡±, se queja Alberto Oliver, diputado de M¨¢s Madrid en la Asamblea, sobre el modelo vigente, pactado aprovechando la debilidad de aquel Gobierno del PP, que depend¨ªa de Cs. ¡°Ahora ser¨¢: ¡®Estos son mis consejeros, o los tomas, o los tomas¡±, a?ade. Y recuerda: ¡°Este es el ¨®rgano que fiscaliza la contrataci¨®n, y lo que hacen es pasarlo a su control absoluto autom¨¢ticamente. Eligen qui¨¦n les fiscaliza a ellos, lo que es una alteraci¨®n de la separaci¨®n de poderes¡±.
¡°Consideramos que se produce un retroceso democr¨¢tico al modificar el procedimiento de elecci¨®n de los consejeros¡±, coincide Pilar S¨¢nchez Acera, portavoz adjunta del PSOE. ¡°Adem¨¢s el presidente vuelve a ser elegido por los consejeros y nombrado por el presidente de la Asamblea, en lugar de ser elegido por la Asamblea¡±.
¡°Despu¨¦s del esc¨¢ndalo de los contratos del hermano de Ayuso y el presunto tr¨¢fico de influencias de la presidenta no comprendemos c¨®mo puede tener la desfachatez de plantear un recorte de la Ley de Transparencia y una modificaci¨®n de la C¨¢mara de Cuentas, que va a suponer que el PP se garantice el control del ¨®rgano, y que organizaciones o personas afectadas por los casos de corrupci¨®n tengan mucho m¨¢s dif¨ªcil ser escuchadas¡±, dice Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, sobre una modificaci¨®n legal que en realidad ech¨® a andar en diciembre de 2021. ¡°Desde Unidas Podemos hemos solicitado al Defensor del Pueblo la paralizaci¨®n de esta ley cuanto antes¡±.
Mientras el PP tramita la ley ¨®mnibus, que incluye m¨¢s de 40 cambios legales de calado en una sola votaci¨®n, el tiempo sigue congelado en la C¨¢mara de Cuentas. Su presidente, Arturo Canalda, dimiti¨® en 2017: hab¨ªa sido llamado a declarar como investigado en el caso Lezo, pues era el gerente del Canal de Isabel II en 2001, cuando la compa?¨ªa p¨²blica adquiri¨® la sociedad colombiana Inassa. En consecuencia, el consejo del ¨®rgano tiene una silla vac¨ªa y solo est¨¢ compuesto por seis miembros. Una cifra que en realidad deber¨ªa ser mucho menor (tres), seg¨²n la ley aprobada en 2019 por la Asamblea, y que no se ha aplicado, entre otras razones, porque ning¨²n partido ha pedido renovar el ¨®rgano. Excusa que emplea ahora el Ejecutivo para defender su iniciativa.
¡°Las personas que actualmente integran la C¨¢mara de Cuentas llevan en funciones desde 2018. En 2019, se cambi¨® el sistema de elecci¨®n de sus miembros, a petici¨®n de Cs¡±, dice un portavoz gubernamental sobre el ¨®rgano de fiscalizaci¨®n, aunque en realidad la reforma de hace tres a?os se aprob¨® por unanimidad y con un modelo de tres consejeros impulsado por Podemos. ¡°Se establec¨ªa un acuerdo de dos tercios de la Asamblea, lo que ha hecho imposible su renovaci¨®n¡±, defiende. ¡°Desde la aprobaci¨®n de esa ley, ning¨²n partido ha solicitado la renovaci¨®n de los consejeros de la C¨¢mara¡±, asegura. ¡°La Ley Omnibus pretende desbloquear esta situaci¨®n contando con la participaci¨®n de los grupos parlamentarios, volviendo al sistema inicial de elecci¨®n, del a?o 99, que est¨¢ recogido en la ley que regula este organismo, con excelente resultado¡±.
Tras el triunfo de D¨ªaz Ayuso el 4-M, el PP tiene m¨¢s votos que M¨¢s Madrid, PSOE y Podemos juntos. Y llega a la mayor¨ªa absoluta si pacta con Vox. Como consecuencia, el PP domina la Mesa de la Asamblea, el ¨®rgano que controla el d¨ªa a d¨ªa del Parlamento regional. Y su suma con Vox le ha permitido, entre otras cosas, cambiar la ley de Telemadrid introduciendo mecanismos de elecci¨®n nuevos e inspirados en los mismos objetivos que los que ahora quiere impulsar en la C¨¢mara de Cuentas.
As¨ª, los dos partidos se combinaron a finales de 2021 para desalojar a la direcci¨®n de la cadena, que hab¨ªa sido elegida durante el mandato de Cristina Cifuentes, y que le era inc¨®moda a D¨ªaz Ayuso. En su lugar, se cre¨® una nueva figura ejecutiva, sin mecanismo de destituci¨®n y cuyo nombramiento pudieron alcanzar sumando sus votos. Se trata del Administrador provisional de Telemadrid, cargo que ocupa el pol¨¦mico Jos¨¦ Antonio S¨¢nchez, votante confeso del PP y que aparece en los papeles de B¨¢rcenas, y que se mantendr¨¢ en el poder hasta que un improbable acuerdo de derechas e izquierdas en el Parlamento permita designar un nuevo director general de Telemadrid.
Ahora llegar¨¢ el turno de la C¨¢mara de Cuentas, un ¨®rgano clave en el funcionamiento de la Administraci¨®n: es la garant¨ªa de que los pol¨ªticos tienen que responder de sus decisiones de gesti¨®n. Y no se deja nada al azar. As¨ª, los jefes de cada unidad fiscalizadora, que son los que organizan el trabajo, pasar¨¢n de ser seleccionados por un concurso de m¨¦ritos p¨²blico a ser elegidos por el consejo de la C¨¢mara de Cuentas. Un consejo que a su vez puede estar controlado por el PP y Vox ¨²nicamente, y adem¨¢s tan solo tres meses despu¨¦s de que se apruebe el cambio: as¨ª lo exige la ley ¨®mnibus.
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