El Tribunal Constitucional pone la lupa sobre las leyes de lectura ¨²nica de los gobiernos de Ayuso
La oposici¨®n en la Asamblea de Madrid denuncia el abuso de un procedimiento legislativo que no admite enmiendas
El Tribunal Constitucional acumula en los ¨²ltimos tiempos un creciente n¨²mero de recursos de amparo que cuestionan actuaciones de los ¨®rganos de gobierno de diferentes parlamentos, entre los que destacan los referidos a la Asamblea de Madrid. A la impugnaci¨®n que se resolvi¨® este mes a favor de M¨¢s Madrid por su exclusi¨®n de la Mesa de la C¨¢mara en la pasada legislatura, se suman otras que afectan a la Ley del Suelo y a la ...
El Tribunal Constitucional acumula en los ¨²ltimos tiempos un creciente n¨²mero de recursos de amparo que cuestionan actuaciones de los ¨®rganos de gobierno de diferentes parlamentos, entre los que destacan los referidos a la Asamblea de Madrid. A la impugnaci¨®n que se resolvi¨® este mes a favor de M¨¢s Madrid por su exclusi¨®n de la Mesa de la C¨¢mara en la pasada legislatura, se suman otras que afectan a la Ley del Suelo y a la ley sobre Telemadrid. El com¨²n denominador a todos ellos es la denuncia de la oposici¨®n por una forma de proceder en la organizaci¨®n de la Asamblea y sus f¨®rmulas de tramitaci¨®n legislativa que recuerdan las pr¨¢cticas del rodillo parlamentario.
Los casos de los mencionados textos legales han generado especial inter¨¦s en el Constitucional, que los ha admitido a tr¨¢mite precisamente por considerar que plantean un debate muy importante. Y no ya por el contenido de su articulado, sino, sobre todo, por el m¨¦todo de gesti¨®n parlamentaria de la iniciativa, que es el conocido como procedimiento de lectura ¨²nica. Como sucediera antes con la reforma de la ley del Suelo, el Constitucional ha asumido esta semana el recurso de amparo parlamentario sobre la de Telemadrid, presentado por el grupo socialista, por entender que la impugnaci¨®n toca una materia muy sensible sobre los derechos de los diputados a ejercer su labor, el llamado ius in officium.
Este recurso, en suma, puede llevar a que se estudie no s¨®lo la concreta decisi¨®n de la Mesa que ha sido recurrida ¨Dla de encauzar el proyecto por la v¨ªa de tramitaci¨®n que permite su aprobaci¨®n r¨¢pida¡ª, sino tambi¨¦n las normas del Reglamento de la Asamblea que abren la posibilidad de conducir el debate por dicho procedimiento de lectura ¨²nica. Los recurrentes sostienen, en este sentido, que en el caso de la reforma de Telemadrid se est¨¢ vulnerando su derecho de participaci¨®n pol¨ªtica, reconocido en el art¨ªculo 23.1 de la Constituci¨®n, y el derecho del ejercicio de la funci¨®n parlamentaria de los diputados previsto en el art¨ªculo 23.2. Y ello ¡°por cuanto la decisi¨®n de la Mesa de la Asamblea sobre la tramitaci¨®n de la proposici¨®n de Ley 1/2021 de Modificaci¨®n de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisi¨®n de Madrid, por el procedimiento de lectura ¨²nica priva a los recurrentes en amparo de su derecho de enmienda en el procedimiento legislativo¡±.
No se descarta, por tanto, que este recurso pueda llevar al Constitucional a plantearse una cuesti¨®n de inconstitucionalidad. Se conocen con esta denominaci¨®n las iniciativas que puede tomar el tribunal si en el curso del proceso de resoluci¨®n de un determinado asunto se topa con una norma dudosamente ajustada a la Constituci¨®n. Cuando este hallazgo le ocurre a un ¨®rgano judicial ordinario, debe paralizar su actuaci¨®n y solicitar al tribunal de garant¨ªas que le aclare si el precepto presuntamente patol¨®gico debe ser expulsado del ordenamiento jur¨ªdico, para que deje de contaminarlo.
Sin embargo, cuando es el Constitucional el que se encuentra en una situaci¨®n de este tipo, se habla de autocuesti¨®n de inconstitucionalidad, porque el interrogante se lo ponen los propios magistrados. En tales casos, antes de resolver sobre la aplicaci¨®n a un caso concreto de un precepto o conjunto de normas, el tribunal se impone examinar si el problema est¨¢ m¨¢s bien en su contenido, porque habilite indebidamente para actuar de un modo que implica vulnerar la Constituci¨®n. En expresi¨®n coloquial de un constitucionalista, ¡°a veces el problema no es el huevo, sino la sart¨¦n¡±.
En el caso de la Ley del Suelo, por ejemplo, se aprob¨® el procedimiento de lectura ¨²nica en virtud del art¨ªculo 167 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, que faculta a la Mesa de la C¨¢mara, de acuerdo con la Junta de Portavoces, para optar por dicha v¨ªa ¡°cuando la naturaleza de un proyecto o proposici¨®n de ley lo aconseje o su simplicidad de formulaci¨®n lo permita¡±. Pero el recurso lo que plantea precisamente es que no procede aplicar este precepto porque la ley de suelo es materia compleja y, por tanto, no existen ¡°razones que motiven la ausencia de enmiendas por urgencia, necesidad o simplicidad del proyecto¡±.
Desde el PP, en cambio, se argumenta que el PSOE nunca ha cuestionado el Reglamento, que contempla el procedimiento de lectura ¨²nica desde su primera redacci¨®n. Y tambi¨¦n explica que esta v¨ªa podr¨ªa aplicarse en las Cortes a iniciativas de gran calado, como ser¨ªa la reforma parcial de la Constituci¨®n. En las alegaciones que hizo la Mesa de la Asamblea cuando se recurri¨® la Ley del Suelo se subrayaba que ¡°por tanto, la mera circunstancia de tratarse de una materia urban¨ªstica, per se compleja a juicio de los recurrentes, ni que tenga repercusi¨®n en distintos ¨¢mbitos, obsta a la posibilidad de seguir el procedimiento de lectura ¨²nica¡±.
Salvando todas las distancias, que son evidentes, en medios del Constitucional la reiteraci¨®n en acudir a esta v¨ªa de gesti¨®n expr¨¦s de los procedimientos legislativos citados ha provocado el recuerdo de otros asuntos delicados vividos en el tribunal, como fue el de la anulaci¨®n de la ley de transitoriedad jur¨ªdica y fundacional de la rep¨²blica catalana. Obviamente, el asunto es muy distinto, pero s¨ª hay similitudes en cuanto a la v¨ªa de tramitaci¨®n elegida y a las denuncias que provoc¨®. En el caso del Parlamento de Catalu?a, el PP, Cs y PSC presentaron recurso, y el Constitucional les concedi¨® amparo. Tambi¨¦n en ese caso se cuestion¨® que dicho procedimiento vulneraba los derechos de participaci¨®n y representaci¨®n pol¨ªtica de miembros de un Parlamento auton¨®mico.
En el caso de la Asamblea de Madrid, la preocupaci¨®n de la oposici¨®n se debe a que considera que se est¨¢ consolidando una tendencia a convertir la v¨ªa legislativa de la lectura ¨²nica en una pauta de conducta, no en la excepci¨®n. Durante las dos legislaturas del mandato de Isabel D¨ªaz Ayuso como presidenta de la Comunidad, ¨¦ste ha sido el procedimiento para la tramitaci¨®n de diversas leyes, entre ellas la Ley de Eliminaci¨®n de Impuestos Propios, la de Modificaci¨®n del IRPF Tramo Auton¨®mico, la de creaci¨®n de la Universidad Internacional de la Empresa y la de creaci¨®n de la Universidad UDIT. La preocupaci¨®n que existe en la oposici¨®n es que esta pr¨¢ctica se siga extendiendo, con la consiguiente merma de capacidad de intervenciones y presentaci¨®n de enmiendas, una forma de devaluar la funci¨®n parlamentaria y el derecho de participaci¨®n pol¨ªtica no s¨®lo de los diputados, sino tambi¨¦n de los propios ciudadanos a trav¨¦s de sus representantes.
Una ley m¨¢s en la diana
Aunque queda menos de un año para que acabe la legislatura, es probable que los tres asuntos relacionados con la Asamblea de Madrid sobre los que se ha tenido que pronunciar el Tribunal Constitucional desde 2019, cuando Isabel Díaz Ayuso llegó por primera vez al poder, no sean los últimos. Así, la oposición ya anunció este jueves que llevará al tribunal de garantías la ley ómnibus, con la que el Gobierno del PP pretender lograr una cuarentena de cambios legales en una sola votación.
“Esta ley es una apisonadora contra los mecanismos de protección pública de la región”, criticó Alejandra Jacinto, la portavoz de Podemos, durante la sesión de control. “No se hagan demasiadas ilusiones”, advirtió. “No van a avanzar mucho con la ley monopoly, por muy trucados que tengan los dados. Ya le anuncio que la próxima casilla de la ley será el Tribunal Constitucional”.
Además, el PP ha impulsado la segunda reforma de la ley de Telemadrid en ocho meses por el mismo procedimiento que ya ha llevado al Constitucional a interesarse por la primera, tras un recurso del PSOE: la lectura única. Una elección que abre de nuevo la posibilidad del recurso por parte de la oposición en el caso de que el cambio legal sea aprobado, para lo que la formación conservadora necesita el apoyo de Vox.
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