Atender a 30 familias vulnerables y lidiar con abusos y amenazas por 1.200 euros al mes

Hace unas semanas, la trabajadora social Sara Ramos determin¨® que una familia no estaba capacitada para cuidar de su beb¨¦ de cuatro meses. Lo cuenta llorando, a unos metros del Centro de Atenci¨®n a la Infancia del barrio madrile?o de Carabanchel en el que trabaja. ¡°Ese d¨ªa solo pude llegar a casa y meterme en la cama¡±, apunta. Las l¨¢grimas reflejan las situaciones tan complicadas a las que se enfrentan estos trabajadores que lidian diariamente con casos de abusos, maltrato, abandono, precariedad de las familias y tambi¨¦n con amenazas por parte de algunos padres que les ven como el enemigo. Pero esas l¨¢grimas tambi¨¦n hablan de la presi¨®n de un conflicto laboral que parte de la plantilla mantiene con la empresa privada adjudicataria de este servicio p¨²blico municipal, Grupo 5. Desde el viernes, una parte de estos empleados est¨¢ en huelga indefinida en protesta por sus condiciones laborales.

El pulso entre la plantilla y la empresa, cuyo contrato con la Administraci¨®n p¨²blica para gestionar estos centros data de 2010, dura ya varios a?os. En este tiempo ha habido paros parciales, muchas negociaciones y algunas propuestas que no han dado fruto. ¡°Solo pedimos unas condiciones dignas para llevar adelante un trabajo muy sensible. En nuestros c¨¢lculos los empleados del resto de las contratas cobran, como m¨ªnimo, un 15% m¨¢s que nosotros y ese dinero es el beneficio que se queda la empresa¡±, asegura ?lvaro Prieto, educador y miembro del comit¨¦ de empresa. Si comparan su sueldo con el de los compa?eros que est¨¢n directamente contratados por el consistorio, la brecha se abre hasta un 45%, seg¨²n sus estimaciones.

La adjudicataria del centro de Carabanchel es Grupo 5, que en 2018 fue adquirida por el fondo de inversi¨®n Corpfin Capital. Esta empresa gestiona adem¨¢s otros dos en Madrid de los 12 que hay en total. De ellos, solo tres est¨¢n gestionados directamente por el Ayuntamiento. ¡°En este proceso hemos mantenido una posici¨®n de negociaci¨®n constructiva y posibilista con el objetivo de alcanzar un acuerdo, llegando a realizar dos propuestas de mejoras salariales en el marco del ¨®rgano de mediaci¨®n que se han rechazado por el comit¨¦¡±, aduce la compa?¨ªa.

¡°Firmamos con nuestro nombre y apellido medidas duras, hacemos visitas a las casas, tenemos que lidiar con cierto grado de peligrosidad y hacemos esto por 1.200 euros al mes en una ciudad como Madrid¡±, se lamenta Maite Mart¨ªn, educadora social. El salario bruto de estos profesionales oscila entre los 19.000 y los 21.000 euros por un horario de 38 horas semanales, incluidos dos d¨ªas en los que tienen que trabajar ma?ana y tarde. Cada uno de ellos se responsabiliza directamente de 30 familias y est¨¢ implicado como apoyo en los casos de otras 30. ¡°Adem¨¢s de los casos de urgencia que surjan¡±, especifica Violeta C¨¢mara, psic¨®loga. ¡°Sentarse con una familia y decirle que se ha detectado un problema no es f¨¢cil. La primera reacci¨®n es preguntarte que qui¨¦n lo ha dicho o temen que te vayas a llevar a sus hijos¡±, a?ade.

En su agenda de trabajo mantienen citas semanales o quincenales con las familias a las que atienden en sus casas o en el centro. Encuentros para los que se desplazan por el distrito utilizando su propio coche para no perder tiempo en desplazamientos en transporte p¨²blico, que les quitar¨ªa minutos de atender a los ni?os. ¡°Hay trayectos que en coche supone 20 o 25 minutos, imag¨ªnate si los hici¨¦ramos en autob¨²s¡±, recalca la educadora Maite Mart¨ªn. La empresa, explican, solo les cubre un abono mensual de metro y autob¨²s.

Rotaci¨®n constante

Los empleados se quejan de que, con tanta precariedad, a poco que surja cualquier otra oferta en la que les paguen un poco m¨¢s, la gente prefiere irse. Cuentan que esto provoca una tremenda rotaci¨®n en unos puestos en los que la regularidad es fundamental. ¡°Nuestro trabajo se basa en alcanzar cierto nivel de confianza y si una familia ve a cuatro trabajadores sociales en menos de un a?o, es complicado¡±, recalca Maite Mart¨ªn, educadora social. Los trabajadores hacen cuentas del n¨²mero de compa?eras que han visto pasar por un mismo puesto a lo largo de los ¨²ltimos a?os. ¡°En mi grupo hay uno por el que en lo que va de a?o han sido tres trabajadoras sociales diferentes, con lo que eso implica, empezar de nuevo todos los procesos y volver a empezar de cero¡±, resume Prieto. Tambi¨¦n cuentan que hay vacantes que es imposible cubrir. ¡°Con todo lo que exigen y las condiciones que dan, ya ha habido dos veces que yo sepa que no han podido conseguir a alguien porque se echan para atr¨¢s¡±, se?ala Ramos.

En medio de todo esto, el responsabe de este servicio p¨²blico, el Ayuntamiento de Madrid. ¡°El personal de las empresas adjudicatarias se encuentra bajo el poder de direcci¨®n de las mismas. No existe relaci¨®n laboral alguna entre ellos y el Ayuntamiento¡±, especifica una portavoz municipal. ¡°Se velar¨¢ para que la huelga no afecte al servicio que se presta a las familias usuarias y si se detectara que la empresa no cumple las obligaciones, se adoptar¨¢n medidas que incluyen sanciones econ¨®micas¡±, a?ade. Los trabajadores han convocado este lunes una protesta ante la sede del ¨¢rea de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Grupo 5 alega que la compa?¨ªa cumple lo establecido tanto en los pliegos p¨²blicos de la concesi¨®n como en los convenios colectivos. ¡°De hecho, este mismo servicio se ven¨ªa prestando en condiciones similares para el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena, con la plena satisfacci¨®n del Ayuntamiento y tambi¨¦n de las personas usuarias y de la plantilla¡±. Seg¨²n el ¨²ltimo convenio sectorial, la compa?¨ªa cumple con los sueldos m¨ªnimos establecidos por el documento aprobado por empresarios y sindicatos. Prieto, presidente del comit¨¦ de empresa, argumenta que los trabajadores no acusan a la empresa de hacer nada ilegal, pero s¨ª de ¡°enriquecerse de un servicio p¨²blico¡± a costa de congelar el sueldo de los empleados.

Los profesionales apuntan al aumento de carga de trabajo que han tenido despu¨¦s de la pandemia, cuando las conductas autol¨ªticas de los menores han aumentado de forma considerable, seg¨²n constatan con su experiencia. La trabajadora Sara Ramos se plantea muchas cosas en d¨ªas en los que le toca tomar decisiones muy duras: ¡°Sabemos que este trabajo es vocacional, si no, no estar¨ªamos en esto, pero queremos llevarlo a cabo de forma que atender a los ni?os m¨¢s desfavorecidos no signifique que dejamos de ocuparnos de nuestra propia familia porque no llegamos a fin de mes¡±.

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