M¨¢s Madrid pide amparo al Constitucional para que el Ejecutivo de Ayuso responda por la gesti¨®n de la pandemia
Desde la pol¨¦mica con los contratos del hermano de la presidenta, la mayor¨ªa del PP rechaza las comparecencias en la Asamblea que tengan que ver con decisiones del Gobierno anteriores a las ¨²ltimas elecciones
M¨¢s Madrid ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisi¨®n de la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, de denegar 23 comparecencias de cargos del Gobierno sobre contratos relacionados con la gesti¨®n de la pandemia y firmados antes de las elecciones del 4-M. La formaci¨®n conservadora defien...
M¨¢s Madrid ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisi¨®n de la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, de denegar 23 comparecencias de cargos del Gobierno sobre contratos relacionados con la gesti¨®n de la pandemia y firmados antes de las elecciones del 4-M. La formaci¨®n conservadora defiende que esas iniciativas de fiscalizaci¨®n deben circunscribirse a la acci¨®n de gobierno del Ejecutivo que est¨¢ en el poder, pues este no puede hacerse cargo de lo que hicieron los precedentes. La oposici¨®n le reprocha que eso evita que responda por la mayor parte de su gesti¨®n de la pandemia, cuando la presidenta del Gobierno es la misma, Isabel D¨ªaz Ayuso, y la discontinuidad fue provocada por ella misma al adelantar los comicios. Incluso Vox se uni¨® en la Junta de Portavoces a M¨¢s Madrid, PSOE y Podemos para pedir que se admitieran las iniciativas rechazadas sobre los contratos de la pandemia, que abrieron una guerra civil en el PP al conocerse que el hermano de la presidenta, Tom¨¢s D¨ªaz Ayuso, hab¨ªa cobrado m¨¢s de 50.000 euros por conseguir mascarillas para una empresa que surt¨ªa a la Comunidad de Madrid.
¡°Existen iniciativas admitidas por parte de la Mesa de la Asamblea sobre contratos de otra legislatura, algunas de las cuales se han llegado a sustanciar en sesi¨®n parlamentaria¡±, se lee en el recurso planteado por el partido de M¨®nica Garc¨ªa, al que ha accedido EL PA?S. ¡°La decisi¨®n recurrida restringe de manera ileg¨ªtima los derechos que integran el n¨²cleo de la funci¨®n parlamentaria de los recurrentes¡±, a?ade sobre el criterio de limitar la informaci¨®n a la presente legislatura, que ha servido para denegar muchas m¨¢s peticiones de respuesta de toda la oposici¨®n que las recogidas en el recurso. ¡°La funci¨®n de control al Gobierno (...) se manifiesta a trav¨¦s de diferentes iniciativas recogidas reglamentariamente, entre ellas las preguntas al Gobierno¡±, sigue. ¡°La limitaci¨®n alegada por la Mesa de la Asamblea de Madrid consideramos que no est¨¢ sustentada en normas legales y es in¨¦dita en la justicia constitucional¡±, critica. Y remata: ¡°Esta parte no ha observado sentencia alguna en la que el Alto Tribunal se haya podido manifestar respecto de la funci¨®n de control al Gobierno por parte del poder legislativo en su dimensi¨®n temporal¡±.
¡°Desde el punto de vista de control parlamentario no tiene sentido, hay que controlar a este gobierno, no a los anteriores¡±, discrepan en el PP. ¡°Tienen todo el derecho a exigir las comparecencias de miembros del gobierno para hablar de su gesti¨®n actual, no de las de otros gobiernos¡±, siguen. ¡°Lo que tienen que hacer es Peticiones de Informaci¨®n (documental) de todo lo que quieran, y se les da¡±, recuerda. ¡°Para hacer su trabajo se les da la informaci¨®n¡±, recalcan. ¡°Lo que no pueden pretender es que un gobierno actual responda de la gesti¨®n del anterior¡±.
El 31 de mayo, la Junta de Portavoces de la C¨¢mara debati¨® la posibilidad de reconsiderar la inadmisi¨®n de las iniciativas. El PP, que tiene mayor¨ªa en la C¨¢mara, se cerr¨® en banda. Los portavoces del resto de la oposici¨®n mostraron su extra?eza: si en noviembre se pudo celebrar un pleno monogr¨¢fico sobre la contrataci¨®n en la pandemia (un d¨ªa marcado por la expulsi¨®n de una diputada socialista por mencionar al hermano de la presidenta regional), bien se podr¨ªan celebrar estas comparecencias en la comisi¨®n de vigilancia de las contrataciones, argumentaron.
¡°Esto supone inventar la prescripci¨®n pol¨ªtica, y el borr¨®n y cuenta nueva con cada elecci¨®n¡±, apunta una fuente parlamentaria, que lamenta que el argumento del PP se est¨¦ aplicando a muchas m¨¢s iniciativas de control que las que recoge el recurso presentado ante el Constitucional.
Mayor¨ªa contra la investigaci¨®n
¡°Este caso es especialmente complejo y delicado¡±, explica otro interlocutor con conocimiento de lo ocurrido en la Mesa. ¡°La raz¨®n es que es cierto que hay un corte entre este gobierno y el anterior, pero es que ese corte se debe a que hubo un adelanto electoral decidido por la misma presidenta que hay ahora, y que mantiene una estructura en la que repiten todos los consejeros del PP que ten¨ªa entonces [salvo Eugenia Carballedo, que abandon¨® Presidencia para presidir la Asamblea]¡±, a?ade esta fuente, que recuerda que la formaci¨®n conservadora ya emple¨® su mayor¨ªa para impedir una comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la contrataci¨®n en la pandemia.
Hay, por lo tanto, una coincidencia clave y una distinci¨®n insoslayable entre las dos etapas de gobierno. La coincidencia: entonces, como ahora, la presidenta es la misma (Ayuso). La distinci¨®n: aquel era un Ejecutivo de coalici¨®n, formado por PP y Cs, con consejeros de ambos partidos, y este es monocolor, pues solo tiene consejeros conservadores.
¡°Pero hay una vulneraci¨®n de un derecho fundamental¡±, defienden desde M¨¢s Madrid. ¡°Alberto Oliver no puede hacer su trabajo parlamentario porque la Mesa niega el acceso a contratos de otras legislaturas¡±, detallan sobre el diputado del partido de M¨®nica Garc¨ªa, que ha visto denegada decenas de solicitudes sobre, por ejemplo, la mercanc¨ªa concreta que trajeron los aviones fletados desde Asia para importar material sanitario; los criterios que rigieron la adjudicaci¨®n de suministros de mascarillas; o la supuesta falta de documentaci¨®n en determinados expedientes.
Con las mismas trabas, sin embargo, se han enfrentado diputados de otros partidos para todo tipo de cuestiones. Entre los temas vetados por pertenecer a la legislatura pasada se encuentra, por ejemplo, el acceso al pliego de concesi¨®n de la plaza de toros de las Ventas, la explicaci¨®n sobre el exceso de mortalidad de 2020, o la valoraci¨®n de la contrataci¨®n de familiares directos por parte de la gerente del Hospital Universitario de Fuenlabrada cuando era Directora de Recursos Humanos de dicho centro.
Adem¨¢s, el nuevo encontronazo jur¨ªdico confirma que el Constitucional se ha convertido en el ¨¢rbitro del pulso entre el PP y el resto de partido en la Asamblea. El n¨²mero de asuntos relacionados con el Parlamento madrile?o que se agolpan en el Alto Tribunal no tiene precedentes. Desde las elecciones de 2019, la oposici¨®n ha acudido a esta instancia por la composici¨®n de la Mesa de la C¨¢mara (el Constitucional le dio la raz¨®n a M¨¢s Madrid, que se qued¨® fuera del ¨®rgano por un pacto de PP-Cs y Vox pese a tener m¨¢s diputados que la extrema derecha). Tambi¨¦n, por la aprobaci¨®n de la reforma de la Ley del suelo cuando, a su juicio, no hab¨ªa suficientes diputados presentes para que se votara. De la misma manera, ha sido objeto de recurso el cambio pactado por PP y Vox para controlar la radio y televisi¨®n p¨²blicas de la regi¨®n. Y en septiembre se han conocido el recurso de Podemos contra la llamada Ley Uber y este nuevo de M¨¢s Madrid.
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