Las cuidadoras de personas dependientes de Madrid van a la huelga: ¡°En la pandemia ¨¦ramos esenciales, pero nos pagan una mierda¡±

Suenan silbatos, cacerolas y gritos a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, mientras este lunes se aprueban en pleno los Presupuestos para 2025. M¨¢s de 200 de manifestantes que se dedican a la asistencia de personas dependientes en su domicilio han ido a Cibeles a protestar para conseguir un mejor sueldo. El actual roza el Salario M¨ªnimo Interprofesional (SMI) y en la mayor¨ªa de casos est¨¢ ajustado a jornadas reducidas....

Suenan silbatos, cacerolas y gritos a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, mientras este lunes se aprueban en pleno los Presupuestos para 2025. M¨¢s de 200 de manifestantes que se dedican a la asistencia de personas dependientes en su domicilio han ido a Cibeles a protestar para conseguir un mejor sueldo. El actual roza el Salario M¨ªnimo Interprofesional (SMI) y en la mayor¨ªa de casos est¨¢ ajustado a jornadas reducidas. Las empresas en las que trabajan son privadas, pero subcontratadas con la Administraci¨®n municipal. El Consistorio les prometi¨® una subida del 10% en junio, pero medio a?o despu¨¦s ese aumento sigue sin llegar. Y es m¨¢s que probable que no llegue. ¡°En la pandemia nos dijeron que ¨¦ramos esenciales, pero nos siguen pagando una mierda¡±, se?ala sin tapujos Encarnaci¨®n Garc¨ªa, una mujer que lleva varios a?os dedic¨¢ndose a cuidar a personas mayores en sus casas, un servicio p¨²blico que ofrecen los ayuntamientos a personas dependientes y que se realiza a trav¨¦s de empresas privadas.

Solo en la capital hay m¨¢s de 12.000 auxiliares de ayuda a domicilio para cuidar a casi 90.000 personas dependientes, no solo mayores, aunque s¨ª la mayor¨ªa. El salario del sector en Madrid es de 15.875 euros al a?o en 15 pagas, 1.080 euros brutos al mes. Eso ocurre cuando la jornada es completa, pero en la mayor¨ªa de los casos no es as¨ª, porque necesitan conciliar. Seg¨²n Dar¨ªo Ferrer, portavoz de UGT, el 80% de las trabajadoras ¨Dporque en su mayor¨ªa son mujeres¨D tiene jornadas reducidas. A fin de mes, no ingresan m¨¢s de 800 euros. ¡°Esto genera much¨ªsimo desgaste¡±, se?ala Ferrer.

Una de ellas era Helen Acu?a (de Bolivia, 28 a?os), que ha ido a la manifestaci¨®n este lunes porque no llega a fin de mes. Hace jornada reducida, de 30 horas semanales y su salario neto es de, aproximadamente, 700 euros mensuales. Dice que su trabajo no es el que le prometieron porque ella se prepar¨® para cuidar a gente con problemas y la llaman para que coja la escoba o el estropajo. ¡°Yo me dedico a los cuidados, tuve que estudiar un curso de 1.400 euros para entrar a trabajar, pero la mayor¨ªa de los ancianos me quieren para que limpie sus casas¡±, dice. Ella acaba accediendo casi siempre por miedo a perder su ¨²nica fuente de ingresos. ¡°La empresa siempre les da la raz¨®n¡±.

Otro de los problemas de los que se quejan estas trabajadoras tiene que ver con el transporte y la diferencia que existe entre lo que la empresa estima que debe tardar una trabajadora en ir de una casa a otra, y lo que realmente tarda. El ejemplo lo pone Acu?a de manera muy clara. En su jornada, la boliviana debe atender a personas que se alojan en cuatro casas distintas y no siempre est¨¢n cerca unas de otras. Da igual. La empresa contempla el tiempo que deben gastar en trasladarse no debe superar los cinco minutos. Ni uno m¨¢s. ¡°Y cuando llego al siguiente servicio, el cliente est¨¢ enfadado¡±, lamenta. A eso ya se le une otra queja del colectivo, la de qui¨¦n debe pagar el abono el transporte. La empresa abona la mitad del coste. El resto sale de sus bolsillos.

Acu?a cumple el perfil medio de las personas que se dedican a los cuidados a domicilio. Es mujer y viene de un pa¨ªs de Am¨¦rica Latina a ganarse la vida dispuesta a trabajar duro para pagar un alquiler con un salario que cada vez da menos de s¨ª. Aunque ese problema no es exclusivo de las auxiliares que vienen del extranjero. Sandra Santana (de Madrid, 41 a?os) tambi¨¦n ha ido a manifestarse este lunes frente a Cibeles. Tiene tres hijos y trabaja con jornada reducida porque con la completa se le hace imposible compatibilizar su vida familiar. ¡°Nos piden disponibilidad de 7.00 a 22.00¡å, explica. ¡°No podr¨ªa pasar por casa. Tendr¨ªa que estar fuera y comer en un restaurante todos los d¨ªas. Eso la empresa no lo paga¡±, a?ade.

Lo que ha llevado a estas dos mujeres a la puerta del Ayuntamiento a protestar tiene que ver con el suelo, pero tambi¨¦n con una promesa incumplida, ya que el alcalde prometi¨® el salario subir¨ªa a partir de enero de 2025. Las empresas en las que trabajan prestan un servicio que subcontrata cada ayuntamiento. En julio de este a?o caduc¨® el contrato que ten¨ªan y lleg¨® el momento de negociar. En esa negociaci¨®n entraba en juego un nuevo convenio, m¨¢s favorable que el anterior. Fue entonces cuando el Consistorio de Almeida les prometi¨® una subida del 10% en su salario una vez aprobado el nuevo y se comprometi¨® a que entrara en vigor a principio del a?o que viene. Pero la promesa se ha desvanecido. Les han prorrogado las condiciones que ten¨ªan hasta el 30 de junio de 2025, aunque no niegan que puede alargarse dos a?os m¨¢s. No hay nuevo convenio, no se cumplen las promesas, los sueldos se quedan igual.

El Ayuntamiento de Madrid justifica su decisi¨®n en que no hay dinero suficiente. ¡°Estamos en el proceso de b¨²squeda de financiaci¨®n ante el problema que nos ha generado el Gobierno de Espa?a, que no est¨¢ aportando a las comunidades aut¨®nomas los recursos econ¨®micos para sufragar la atenci¨®n a la dependencia¡±, se?ala una portavoz del ¨¢rea de Pol¨ªticas Sociales del PP, que tambi¨¦n apunta que, pese a que el Gobierno debe financiar el 50% de lo que la Comunidad de Madrid da a sus ayuntamientos para pagar estos servicios, en la pr¨¢ctica solo paga el 30%.

Mientras los portavoces del Ayuntamiento echan la culpa al Gobierno central, la portavoz de M¨¢s Madrid, Rita Maestre, afea dentro de Cibeles la actuaci¨®n del PP y recuerda que ¡°lo que piden [las trabajadoras] no es un regalo¡±. Una postura a la que se ha sumado la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, que insiste en que hay que escuchar a las manifestantes.

La Ley de Dependencia, en todo caso, no obliga al Gobierno central a pagar a las comunidades para que cumplan este servicio. ¡°El 50% no es una obligaci¨®n, es un compromiso del Gobierno de coalici¨®n¡±, asegura una fuente oficial del Ministerio de Asuntos Sociales, que ha a?adido que no puede aumentar el gasto mientras siga con los Presupuestos prorrogados. ¡°Si el PP aprobase los Presupuestos aumentar¨ªamos el gasto en dependencia¡±, recuerda. Actualmente, el Gobierno central cubre el 29% del gasto que supone la atenci¨®n a domicilio en la Comunidad de Madrid. Es la cantidad m¨¢s alta repartida desde que se aprob¨® la Ley de Dependencia en 2006. Cuando el expresidente Mariano Rajoy estaba al frente del Gobierno, el porcentaje que aportaba estaba en torno al 15%.

Las distintas administraciones est¨¢n obligadas a prestar asistencia a personas dependientes desde la llamada Ley de Dependencia que se aprob¨® durante el Gobierno del expresidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Desde que se aprob¨® hace 18 a?os, 3,7 millones de personas han sido atendidas y han muerto m¨¢s de 900.000 personas en la lista de espera para acceder a estos cuidados. La Comunidad de Madrid, para garantizar el servicio, decidi¨® externalizarlo. Cada cuatro a?os saca un concurso con nuevas licitaciones. Sin embargo, tiene opci¨®n de prorrogar los antiguos, que es lo que est¨¢ sucediendo. El tiempo corre, el salario es el mismo, y mujeres como Acu?a o Santana seguir¨¢n luchando para llegar a final de mes. No queda otra opci¨®n.