Empiezan a declarar familiares de fallecidos en las residencias durante la pandemia tras una denuncia colectiva
La Marea de Residencias y la asociaci¨®n 7.291: Verdad y Justicia alertan del riesgo de que los delitos denunciados prescriban y piden a la Fiscal¨ªa que judicialice el caso
La Fiscal¨ªa de Madrid ha citado a declarar, a partir de este mi¨¦rcoles, a decenas de familiares de m¨¢s de un centenar de personas fallecidas en las residencias de la regi¨®n durante la primera ola de la pandemia de covid-19, en el marco de una denuncia colectiva presentada el pasado 10 de octubre. La Marea de Residencias y la asociaci¨®n 7.291: Verdad y Justicia, que coordinan y firman la denuncia, valoran ¡°positivamente este movimiento de la Fiscal¨ªa, que contrasta con la pasividad mantenida ante denuncias y querellas anteriores¡±, indican ambas entidades en un comunicado. El Gobierno regional ha reiterado en distintas ocasiones que, hasta la fecha, la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas de los familiares.
En concreto, la denuncia la presentaron familiares de 115 mayores que viv¨ªan en 72 residencias, de los cuales 111 fallecieron, contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de 25 hospitales por al menos ¡°un delito continuado de denegaci¨®n discriminatoria de la prestaci¨®n sanitaria¡±, castigado en el art¨ªculo 511 del C¨®digo Penal. La nueva denuncia se sustenta en que este delito no contempla el resultado de la infracci¨®n, si los enfermos fallecieron o no, sino que basta con no haberles prestado la asistencia m¨¦dica requerida.
Las asociaciones critican que la fiscal superior, Almudena Lastra, pese al ¡°riesgo de prescripci¨®n, dejara pasar casi un mes antes de notificar su decisi¨®n de declararse no competente¡± y remitir la denuncia a las cuatro fiscal¨ªas territoriales de la regi¨®n: la Fiscal¨ªa Provincial y las Fiscal¨ªas de ?rea de Alcal¨¢ de Henares, de Getafe-Legan¨¦s y la de M¨®stoles-Fuenlabrada-Alcorc¨®n.
Por eso, alertan nuevamente del ¡°riesgo de que los delitos denunciados prescriban ¨Dempezar¨ªan a prescribir desde la segunda quincena del pr¨®ximo marzo¨D si el Ministerio P¨²blico y los juzgados no act¨²an con rapidez¡±. Para evitarlo, solicitan a la Fiscal¨ªa que ¡°judicialice la denuncia en cuanto haya tomado declaraci¨®n a los familiares¡±, dado que los denunciantes ya aportaron ¡°abundante prueba documental para demostrar la comisi¨®n de los delitos¡±.
Las cuatro fiscal¨ªas que recibieron la denuncia colectiva acordaron abrir diligencias de investigaci¨®n por cada denunciante, 109 en total ¨Den seis casos, el denunciante tuvo a dos familiares, padre y madre, entre las v¨ªctimas¨D, y las declaraciones de los familiares se producen en este marco. Est¨¢ previsto que las primeras declaraciones se produzcan este mi¨¦rcoles 8 de enero. La denuncia se dirige contra 29 personas, entre ellos los exdirectores de Coordinaci¨®n Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Francisco Javier Mart¨ªnez Peromingo, que fueron ¡°el firmante y el autor de los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes¡±, los llamados ¡°protocolos de la verg¨¹enza¡±.
Tambi¨¦n se denuncia al entonces director del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; Antonio Burgue?o, el zar anticovid autor del plan de choque contra la pandemia aprobado por el Gobierno regional que inclu¨ªa ¡°una medicalizaci¨®n de las residencias que nunca se llev¨® a cabo¡±, y los geriatras que aplicaron el ¡°protocolo de la verg¨¹enza en los 25 hospitales p¨²blicos¡±. En el escrito detallan ¡°la discriminaci¨®n¡± a sus familiares en cinco ¨¢mbitos, al no medicalizar las residencias e impedir el traslado de residentes a hospitales p¨²blicos, adem¨¢s del ¡°veto a atender a los residentes¡± en los hospitales privados salvo que tuvieran un seguro, as¨ª como en el hospital de Ifema y los hoteles medicalizados.
Se aportaron 60 documentos, incluidos informes internos del Gobierno madrile?o que desde el 18 de marzo reflejaban cada d¨ªa la situaci¨®n en los 475 geri¨¢tricos, con el n¨²mero de residentes positivos o aislados con s¨ªntomas, el n¨²mero de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario y las necesidades de personal en cada centro. Tambi¨¦n destacan un informe de la Consejer¨ªa de Sanidad, seg¨²n el cual la medicalizaci¨®n de las residencias consisti¨® en ¡°enviar un total de 24 m¨¦dicos y 25 enfermeras a las 475 residencias que estaban operativas en marzo y abril de 2020¡å, cuando murieron 7.291 personas en esos centros ¡°sin recibir una atenci¨®n sanitaria adecuada¡±, concluyen las entidades.
La Consejer¨ªa de Familia, Juventud y Asuntos Sociales no se ha pronunciado este mi¨¦rcoles, pero ha reiterado en distintas ocasiones que, hasta la fecha, la justicia ha archivado todas las denuncias y querellas y que se est¨¢ haciendo un ¡°uso partidista¡± de este asunto, seg¨²n expres¨® la consejera del ramo, Ana D¨¢vila, el pasado octubre. La presidenta, Isabel D¨ªaz Ayuso, defendi¨® su gesti¨®n el pasado 12 de diciembre en la Asamblea, donde ley¨® una comunicaci¨®n supuestamente enviada por el hijo de un fallecido en estos centros, que afeaba con la m¨¢xima dureza a M¨¢s Madrid el uso ¡°vil y miserable¡± de la tragedia, y reclamaba que se deje de incluir a su padre entre los 7.291 muertos por cuya desaparici¨®n protesta la izquierda. La Mesa de la Asamblea, controlada por el grupo popular, rechaz¨® una solicitud del PSOE para conocer datos clave para determinar la veracidad o falsedad del caso le¨ªdo por la presidenta.