Familiares de los fallecidos en las residencias presentan una denuncia colectiva contra el Gobierno de Ayuso ante la Fiscal¨ªa de Madrid

La Marea de Residencias insiste en los tribunales. La ma?ana de este jueves, una veintena de familiares, en representaci¨®n de un total de 109 denunciantes, ha gritado ¡°7.291¡å frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) repetidamente para que nadie pueda olvidar que ese fue, seg¨²n sus c¨¢lculos, el n¨²mero de mayores que fallecieron sin atenci¨®n hospitalaria en residencias de Madrid en marzo y abril de 2020, en lo peor de la pandemia de la covid-19. Estos familiares han presentado una nueva denuncia conjunta a la Fiscal¨ªa de Madrid para que se investigue a altos cargos del Gobierno de Isabel D¨ªaz Ayuso y a 25 geriatras por un delito por denegaci¨®n de atenci¨®n sanitaria por motivos discriminatorios, contenido en el art¨ªculo 511 del C¨®digo Penal. La nueva denuncia se sustenta en que este delito no contempla el resultado de la infracci¨®n, si los enfermos fallecieron o no, sino que basta con no haberles prestado la asistencia m¨¦dica requerida.

Los 109 denunciantes representan a 115 personas mayores ¨Dalgunos de los denunciantes tuvieron a su padre y a su madre afectados¨D, 111 de ellas fallecidas en esas circunstancias, provenientes de 72 residencias de Madrid a los que se les neg¨® el traslado hospitalario en medio de la crisis del coronavirus. Entre los denunciados constan altos cargos del Gobierno de Ayuso y geriatras de 25 hospitales, quienes presuntamente comenzaron a prohibir el traslado de los mayores a los hospitales desde el 13 de marzo de 2020, cinco d¨ªas antes de que se aprobaran los conocidos como ¡°protocolos de la verg¨¹enza¡±. En total son 29 las personas denunciadas: los directores de Coordinaci¨®n Sociosanitaria durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Mart¨ªnez Peromingo, firmante y autor de dichos protocolos respectivamente; el entonces director de Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; el autor del plan de choque contra la pandemia, Antonio Burgue?o; y los 25 geriatras responsables de aplicar esos protocolos en los hospitales p¨²blicos de Madrid.

En la denuncia se contempla que, para la consumaci¨®n del delito continuado de denegaci¨®n de la prestaci¨®n sanitaria por motivos discriminatorios, no se requiere el resultado de esa infracci¨®n, por lo que en ella tambi¨¦n se incluyen v¨ªctimas que, aunque no fallecieron, se vieron afectadas por estos protocolos. Seg¨²n los denunciantes, la discriminaci¨®n ocurri¨® por cinco motivos, los dos de mayor peso, por no medicalizar las residencias y por impedir el traslado de los residentes a hospitales p¨²blicos. Los otros tres ¨¢mbitos son el veto de atender a las v¨ªctimas en hospitales privados, salvo que esta tuviera un seguro privado, lo cual tambi¨¦n ocurri¨® en el hospital Ifema y en los hoteles medicalizados.

Las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia para las V¨ªctimas de las Residencias aseguran que ha aportado ¡°abundante documentaci¨®n in¨¦dita¡±, como informes internos del Gobierno regional. La denuncia, de m¨¢s de 160 p¨¢ginas, recoge los datos de la escasez de personal sanitario en las residencias que, a d¨ªa 7 de abril de 2020, cifraba en 37 m¨¦dicos, 146 enfermeros y 756 gerocultores. Entre las evidencias que han entregado consta un informe de la Consejer¨ªa de Sanidad en el que certifican que lo que la Comunidad de Madrid llam¨® ¡°medicalizaci¨®n de las residencias¡± consisti¨® en enviar 24 m¨¦dicos y 25 enfermeras a estos centros.

Carmen L¨®pez Llorente, miembro de Marea de Residenicas, ha pedido a la fiscal superior Almudena Lastra que ¡°investigue y judicialice la causa¡± con las pruebas que aportan ahora, pero que creen que ¡°deb¨ªa haber aportado ella misma¡±. Los familiares han incluido algunos de los informes que la Consejer¨ªa de Pol¨ªticas Sociales enviaba a diario a la Consejer¨ªa de Sanidad con informaci¨®n de las residencias p¨²blicas y las privadas, pero piden a la fiscal¨ªa que recopile el resto de los documentos, a los que no han tenido acceso.

Los familiares creen que las pruebas que se aportan son tan contundentes que el Ministerio Fiscal judicializar¨¢ la denuncia ¡°cuanto antes¡±. La causa podr¨ªa prescribir a partir de marzo de 2025, fecha en la que se cumplir¨¢n cinco a?os de estos sucesos, cuyos culpables hasta ahora no han sido procesados. ¡°No vamos a parar¡±, ha repetido Mar¨ªa Jes¨²s Valero, presidenta de la asociaci¨®n 7291: Verdad y Justicia para las V¨ªctimas de las Residencias. ¡°Vamos a continuar estudiando m¨¢s v¨ªas para denunciar la discriminaci¨®n que sufrieron por vivir en residencias, que no tuvieron la misma oportunidad que los que viv¨ªan en su domicilio, a pesar de que las residencias eran su domicilio, pero no lo consideraron as¨ª¡±, ha a?adido Valero.