Los jueces deben ser discretos y los periodistas, veraces

¡°El magistrado, en calidad de miembro de la instituci¨®n judicial, velar¨¢ por preservar la imagen de la Justicia mediante su conducta¡±. Lo dice el c¨®digo de obligaciones de la magistratura francesa, pero en t¨¦rminos muy parecidos se recoge en casi todos los c¨®digos deontol¨®gicos de jueces y magistrados en medio mundo democr¨¢tico,...

¡°El magistrado, en calidad de miembro de la instituci¨®n judicial, velar¨¢ por preservar la imagen de la Justicia mediante su conducta¡±. Lo dice el c¨®digo de obligaciones de la magistratura francesa, pero en t¨¦rminos muy parecidos se recoge en casi todos los c¨®digos deontol¨®gicos de jueces y magistrados en medio mundo democr¨¢tico, incluido Espa?a. No se trata de que los jueces no puedan expresar sus opiniones, pero s¨ª de que lo hagan con la contenci¨®n m¨ªnima a que les obliga su trabajo profesional. En Espa?a, eso es un problema evidente: hay demasiados jueces muy locuaces que dicen y escriben con muy poca contenci¨®n y prudencia. Hace bien poco, un magistrado del Supremo escrib¨ªa que en Espa?a hay demasiados ejemplos del desd¨¦n de los pol¨ªticos hacia el parecer cient¨ªfico o profesional, ¡°como ocurri¨® con la prohibici¨®n legal de toda actuaci¨®n m¨¦dica en casos de homosexualidad¡±.

El Consejo General del Poder Judicial, con su recobrada legitimidad al ser renovados sus miembros por el Congreso de los Diputados, tras cinco a?os de bloqueo, intenta ahora poner un poco de orden, por lo menos abriendo expedientes a aquellos cuya facundia no ayuda a preservar la imagen de la Justicia, sino a ponerla en entredicho. Ha abierto expediente, por ejemplo, a un juez que menospreci¨® a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y a otro, por atacar en sus redes sociales al presidente del Gobierno. Bien est¨¢, aunque habr¨¢ que estar atentos a c¨®mo se cierran esos expedientes y con qu¨¦ argumentos. No se sabe que haya llamado la atenci¨®n a ese magistrado al que le parece que deber¨ªa haber actuaciones m¨¦dicas en los casos de homosexualidad y que, para colmo, lo justifica como si eso fuera un criterio cient¨ªfico o profesional aceptado y no la mera charlataner¨ªa de determinadas sectas.

La excesiva locuacidad de jueces y magistrados es un problema casi end¨¦mico en la carrera judicial, aunque el verdadero mal end¨¦mico no es el excesivo desparpajo de algunos de ellos, sino algo m¨¢s inquietante: las continuas filtraciones que se producen en los juzgados de lo Penal en Espa?a. La ¨²ltima muestra ha sido la filtraci¨®n de la grabaci¨®n de la declaraci¨®n del exministro ?balos en una sala del Tribunal Supremo. Inquietante porque, seg¨²n la denuncia presentada, se produjo antes de que esa declaraci¨®n llegara al ministerio fiscal y a las partes, luego no puede proceder m¨¢s que de un lugar: el juez concreto que tom¨® la declaraci¨®n y los funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia que trabajan con ¨¦l.

El caso del Supremo llama la atenci¨®n, precisamente porque se trata del m¨¢s alto tribunal, al que se supone que llegan los profesionales m¨¢s capacitados y con mayor experiencia, y los m¨¢s preocupados por la imagen de la Justicia, pero las filtraciones son extremadamente frecuentes en juzgados de instrucci¨®n, audiencias provinciales o en la Audiencia Nacional. Los tribunales espa?oles son manifiestamente incapaces de guardar reserva de sus actuaciones, tal y como establece la ley, seg¨²n la cual esas actuaciones no tendr¨¢n car¨¢cter p¨²blico hasta que se abra el proceso oral. Si el juez cree que debe mantener una mayor transparencia por la relevancia social del caso que instruye o juzga, lo suyo no es que act¨²e mediante filtraciones, sino mediante comunicaciones p¨²blicas.

Es curioso que cada vez que el ¨¢mbito jur¨ªdico trata de este mal end¨¦mico, reconocido sin empacho por revistas profesionales y estudios acad¨¦micos, se hable de la necesidad de atajar el problema impidiendo a los medios de comunicaci¨®n que publiquen esas filtraciones mediante fuertes multas o sanciones. No se habla de pedir responsabilidades a los jueces y funcionarios de donde procedi¨® esa informaci¨®n y que son quienes ten¨ªan la obligaci¨®n de reservarla. A los periodistas solo se les puede exigir que la informaci¨®n que transmitan sea veraz y de inter¨¦s p¨²blico. Es decir, que no publiquen las filtraciones que les llegan por el mero hecho de ser una filtraci¨®n, sino que examinen con atenci¨®n su contenido y determinen su valor o inter¨¦s informativo para una sociedad afectada por un delito grave. Esa es la obligaci¨®n profesional del periodista y del medio que acoge su trabajo. Pero la de los jueces es otra bien distinta, y es a ellos a los que la ley exige discreci¨®n y reserva, incluso aunque las actuaciones no hayan sido declaradas expresamente ¡°secretas¡±.

El magistrado del Tribunal Supremo en cuya sala se ha producido la filtraci¨®n de la declaraci¨®n de un testigo deber¨ªa dar explicaciones p¨²blicas r¨¢pidamente y, en cualquier caso, el Consejo General del Poder Judicial deber¨ªa ped¨ªrselas. Y quiz¨¢s los magistrados del Supremo podr¨ªan empezar el a?o haci¨¦ndose el buen prop¨®sito de aplicarse con algo m¨¢s de rigor la norma general de prudencia y contenci¨®n, y de controlar un poco a aquellos de sus colegas que tanto parecen disfrutar vulner¨¢ndola a diestro y siniestro.