La familia del diplom¨¢tico asesinado Carmelo Soria llega a un acuerdo con el Gobierno chileno
El espa?ol fue torturado durante la dictadura de Pinochet en 1976 y una vez hallados los responsables, ¨¦stos no fueron sancionados por la ley de amnist¨ªa
El Gobierno chileno y la familia del diplom¨¢tico espa?ol Carmelo Soria, asesinado en Chile por agentes de seguridad en 1976, han llegado a un acuerdo amistoso de reparaci¨®n, seg¨²n han informado fuentes judiciales.
El abogado Alfonso Insunza, representante de la familia, ha explicado que el convenio comprende la petici¨®n de reapertura del sumario criminal por la Oficina del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a cargo del abogado Luciano Fouillioux.
Tambi¨¦n el pago de una indemnizaci¨®n similar a la fijada en 1992 por la estadounidense Comisi¨®n Bryan a la familia del canciller chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington por elementos de la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), la polic¨ªa secreta de la dictadura chilena (1973-1990), en septiembre de 1976 (alrededor de dos millones de d¨®lares).
Desistir a la demanda civil
Como contrapartida, ha precisado Alfonso Insunza, la familia Soria deber¨¢ desistir de la demanda civil interpuesta contra el Estado chileno, entablada hace un par de a?os y en la que se exigi¨® una indemnizaci¨®n por da?os y perjuicios de 2.300 millones de pesos (3,2 millones de d¨®lares).
En la reuni¨®n, que mantuvieron ayer, participaron el abogado Insunza y Carmen Soria, hija del funcionario de Naciones Unidas asesinado por la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), la polic¨ªa secreta de la dictadura chilena (1973-1990). El acuerdo deber¨¢ ser formalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores durante septiembre pr¨®ximo.
Carmelo Soria, que resid¨ªa en Chile desde el final de la Guerra Civil Espa?ola, en 1939, fue secuestrado por agentes de la polic¨ªa secreta del r¨¦gimen militar el 14 de julio de 1976 y su cad¨¢ver, con huellas de tortura, fue encontrado dos d¨ªas despu¨¦s en un canal de Santiago. Desde entonces su familia ha librado una larga batalla judicial en un proceso en el que se logr¨® identificar a los culpables, que finalmente no fueron sancionados, al beneficiarse con la ley de amnist¨ªa, tras lo cual recurri¨® al organismo de la OEA.
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