El cambio que se avecina en las c¨¢rceles de Guatemala

Tras a?os de abandono, que permitieron a las bandas del crimen organizado apoderarse de las prisiones de Guatemala hasta el punto de convertirlas en su cuartel general de operaciones, el presidente del pa¨ªs, ?scar Berger, ha sancionado una nueva norma, la Ley del Sistema Penitenciario. El anuncio ha merecido la aprobaci¨®n de una ciudadan¨ªa cansada de la impunidad con la que las bandas criminales operan desde las prisiones, que escapan al control del Estado a trav¨¦s de los autollamados Comit¨¦s de Orden, integrados por los propios reclusos, normalmente los m¨¢s crueles y que cumplen largas condenas.

La situaci¨®n en las c¨¢rceles guatemaltecas ha degenerado hasta tal grado que los centros, lejos de cumplir con su misi¨®n de redimir al reo y devolverlo a la sociedad convertido en un ciudadano ¨²til, se han transformado en aut¨¦nticas universidades del crimen. Raterillos de poca monta abandonan los presidios, tras cumplir su condena, convertidos en delincuentes de alta peligrosidad.

Quien va a parar a las c¨¢rceles de Guatemala por cualquier falta o delito es v¨ªctima de las extorsiones de las mafias internas. Si tiene capacidad econ¨®mica, puede acceder a comodidades como casa propia dentro del recinto, licores, drogas y hasta prostitutas. A los pobres se les priva de lo m¨¢s elemental, como colchones y mantas y son obligados a realizar la limpieza de los pabellones. Quien se atreve a protestar, es v¨ªctima de palizas y todo tipo de humillaciones.

Todos estos abusos eran hasta ahora de conocimiento p¨²blico, sin que ning¨²n funcionario haya tenido la valent¨ªa de ponerles fin. El asalto a la Granja Penal de Pav¨®n, ocurrido el lunes 25 de septiembre, puso al descubierto una situaci¨®n inimaginable. En el presidio m¨¢s importante de Guatemala se encontr¨® una planta para refinar coca¨ªna y otra para fabricar aguardiente, as¨ª como armas de asalto —fusiles AK-47 y granadas de fragmentaci¨®n— y, lo m¨¢s sorprendente, un equipo de escuchas telef¨®nicas que permit¨ªa a los secuestradores elegir a sus v¨ªctimas y tener la informaci¨®n necesaria para elevar la cifra de los rescates pedidos.

Un narcotraficante colombiano, Jos¨¦ Batres, que muri¨® en el asalto de las fuerzas combinadas del Ej¨¦rcito y la polic¨ªa, era propietario de una peque?a mansi¨®n en el interior del presidio, con acceso a televisi¨®n v¨ªa sat¨¦lite, un bar muy bien surtido y hasta un cuarto de ba?o dotado de jacuzzi. Otro de los ca¨ªdos en esa acci¨®n, que se sald¨® con siete prisioneros muertos, fue Luis Alfonso Zepeda, presidente del Comit¨¦ de Orden, que cumpl¨ªa una condena de 27 a?os por asesinato y que, gracias a las extorsiones a los detenidos, percib¨ªa un sobresueldo mensual de 200.000 quetzales mensuales (unos 20.000 euros). Esto, en un pa¨ªs donde el 80% de sus 13 millones de habitantes bajo el umbral de la pobreza (menos de 2 euros al d¨ªa).

A partir de ahora, el nuevo instrumento legal permitir¨¢ al Estado recuperar el control de las prisiones y devolverles su vocaci¨®n de redimir a los reclusos. "Con esta ley y su reglamento se podr¨¢n establecer reglas claras de juego y que sea el Estado quien tenga el control de las c¨¢rceles", dijo a la prensa local el director general del Sistema Penitenciario, Alejandro Giammattei, quien, tras sobrevivir a un atentado a tiros a mediados de a?o, se vio obligado a enviar a su familia fuera del pa¨ªs hace una semana, ante el incremento de las amenazas de muerte recibidas tras el asalto a la Granja Penal de Pav¨®n.

Tambi¨¦n se eliminar¨¢n los privilegios de los que gozaban algunos reclusos, mientras se establecer¨¢n ventajas como reg¨ªmenes abiertos para quienes observen buena conducta y quieran trabajar o estudiar. Se regula el traslado de reos a otros centros, hasta ahora utilizado por las mafias para escapar o reunir a algunos de sus miembros m¨¢s relevantes y dirigir a sus c¨®mplices desde las celdas.

Retomado el control de la Granja Penal de Pav¨®n, resta hacer lo propio en los otros 16 grandes presidios de este pa¨ªs centroamericano, donde permanecen hacinados y en condiciones infrahumanas cerca de 7.000 reos.

El primer nubarr¨®n en el horizonte es de ¨ªndole econ¨®mica. Se requiere con urgencia el equivalente a ocho millones de euros, que el presidente Berger ha pedido al Congreso (legislativo, unicameral). A esto hay que sumar el factor humano. Se hace necesario dignificar y profesionalizar a los guardias de prisiones, hasta ahora insuficientes y con sueldos de miseria, extremo que los hace sumamente vulnerables a la corrupci¨®n.