Un nuevo cap¨ªtulo en el esc¨¢ndalo de la ‘parapol¨ªtica’ colombiana

La reciente decisi¨®n de la Corte Suprema de Justicia colombiana de no llamar a declarar a todos los pol¨ªticos que firmaron con la c¨²pula paramilitar, en julio de 2001, un documento conocido como el Acuerdo de Ralito para "refundar la patria" y hacer un "nuevo contrato social" ha suscitado la pol¨¦mica. El proceso penal de la parapol¨ªtica, como ya se denomina al esc¨¢ndalo que desde finales del a?o pasado ha puesto en entredicho a toda la clase dirigente del pa¨ªs, ha revelado las estrechas relaciones que en algunas regiones, especialmente en los departamento de la Costa Caribe, se han establecido entre los pol¨ªticos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, ahora el m¨¢ximo tribunal ha decidido simplemente agregar el Acuerdo de Ralito a los expedientes ya abiertos dentro del proceso. La decisi¨®n de los magistrados implica que dicho documento, "confidencial y secreto", ser¨¢ una prueba v¨¢lida m¨¢s dentro de la investigaci¨®n.

"Fue por temor", se lamenta el senador Gustavo Petro, del Polo Democr¨¢tico y art¨ªfice del destape de la alianza entre paramilitarismo y pol¨ªtica. "El documento, en s¨ª mismo, es una prueba de la articulaci¨®n entre servidores p¨²blicos y mafias para lograr prop¨®sitos comunes; es asociaci¨®n para delinquir. Debieron llamarlos a todos a indagatoria", a?ade.

La parapol¨ªtica ha provocado ya el encarcelamiento de tres congresistas y colocado en el punto de mira a ex funcionarios del Estado y a seis congresistas m¨¢s; todos ellos, cercanos al presidente, ?lvaro Uribe.

El documento, que se mantuvo en secreto durante m¨¢s de seis a?os, fue revelado el viernes pasado por el diario El Tiempo y gener¨® una verdadero terremoto pol¨ªtico. Entre los firmantes figuran 11 congresistas, dos gobernadores, tres alcaldes y varios concejales de la ¨¦poca. Seis de ellos son hoy congresistas.

Este pacto entre representantes del Estado y la poderosa organizaci¨®n criminal de los paramilitares, se dio durante el Gobierno del conservador Andr¨¦s Pastrana, mientras en el sur colombiano se gestaba un intento de alcanzar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla m¨¢s antigua del pa¨ªs, que fracas¨® de manera estrepitosa.

Muchos, incluido el actual ministro del Interior y Justicia, Carlos Holgu¨ªn Sardi, han tratado de minimizar las repercusiones del esc¨¢ndalo, han mostrado el documento como algo inocente ?“no hay nada impropio”, dijo el ministro? y han obviado que el pacto se firm¨® con una organizaci¨®n criminal. El documento, con el sello de “confidencial y secreto”, fue entregado a un fiscal la semana pasada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. En el marco del proceso de paz con los paramilitares, iniciado en el primer periodo del reelegido presidente Uribe, Mancuso est¨¢ declarando sus cr¨ªmenes ante la justicia para obtener los beneficios pactados. Impecablemente vestido y sin que le tiemble el pulso, hasta el momento ha revelado 336 cr¨ªmenes y su participaci¨®n en varias masacres. Ha confesado, adem¨¢s, lo que durante d¨¦cadas se hab¨ªa denunciado: la alianza ?por acci¨®n u omisi¨®n? de los paras con sectores de las Fuerzas Armadas y con entidades estatales.

El documento pactado entre pol¨ªticos y paramilitares ha colocado contra la cuerdas al Partido Liberal, que desde la oposici¨®n ha lanzado duras cr¨ªticas contra la alianza. Uno de los firmantes, Juan Manuel L¨®pez Cabrales, es hoy senador; asegura que lleg¨® sin ser invitado a la reuni¨®n para salvar su vida, ya que estaba amenazado por los paras.

Las explicaciones de los inculpados son variadas: unos dicen que todos conoc¨ªan el texto antes de firmar; otros, que firmaron hojas en blanco... Y, en plena vor¨¢gine de versiones, han salido a relucir nuevas verdades: el entonces jefe ¨²nico del Partido Liberal, Horacio Serpa, supo de la reuni¨®n y no dijo nada. Lo hizo, afirma, para salvar la vida de su compa?ero de partido L¨®pez Cabrales.

Y mientras todos buscan disculpas y tratan de lavarse las manos, la opini¨®n p¨²blica pide que este pacto con el diablo sea duramente castigado. ?Por qu¨¦ no denunciaron, si era su deber de funcionarios p¨²blicos? ?Por qu¨¦ cedieron a las presiones? La senadora liberal Piedad C¨®rdoba ha recordado a sus compa?eros de partido que ella fue amenazada e incluso secuestrada por los paras, pero jam¨¢s cedi¨®: prefiri¨® salir del pa¨ªs.

Uribe insiste en que no debe temerse a la verdad en el caso de la parapol¨ªtica; pero, como viene haciendo desde que se inici¨® el esc¨¢ndalo, trata de poner en la misma balanza la relaci¨®n entre la guerrilla y la pol¨ªtica. Uno de sus asesores ha asegurado que, mientras se firmaba el pacto con el comando central paramilitar que habla de una “nueva Colombia”, en el sur del pa¨ªs ocurr¨ªan “cosas peores” en el marco de la negociaci¨®n con las FARC.