Berlusconi consigue la aprobaci¨®n de la pol¨¦mica ley de escuchas
Estar¨¢n limitadas a delitos de terrorismo y mafia.- La nueva legislaci¨®n establece penas de hasta tres a?os de c¨¢rcel para los que se salten estas restricciones.
El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprob¨® hoy un proyecto de ley para limitar las escuchas judiciales a los delitos m¨¢s graves y aumentar hasta tres a?os la pena para quien las publique de manera ilegal, lo que ha despertado duras cr¨ªticas de la oposici¨®n y los periodistas.
El ministro italiano de Justicia, Angelino Alfano, explic¨® en una rueda de prensa que el actual sistema de escuchas telef¨®nicas o ambientales en investigaciones judiciales ha "degenerado" y que el derecho a la intimidad "ha sido violado muchas veces".
Sin embargo, los cr¨ªticos consideran que la restricci¨®n de las escuchas supondr¨¢ una limitaci¨®n a los poderes de investigaci¨®n de los jueces, con lo que delitos que se pueden descubrir ahora quedar¨¢n ocultos.
Las escuchas estar¨¢n limitadas a delitos de terrorismo y mafia, todos los penados con m¨¢s de diez a?os c¨¢rcel, los que generen "grave alarma social" y algunos realizados contra la Administraci¨®n P¨²blica, como la corrupci¨®n.
La formulaci¨®n definitiva del proyecto es m¨¢s ampl¨ªa que la anunciada por Berlusconi, quien dijo que las escuchas quedar¨ªan limitadas al terrorismo y la mafia, con penas de cinco a?os para los infractores. Este anuncio caus¨® sorpresa incluso entre algunos componentes de su coalici¨®n conservadora.
Tres a?os de c¨¢rcel
El proyecto aumenta las penas para quien conoce y publica las escuchas cuando est¨¢n protegidas por el secreto de sumario con penas de uno a tres a?os c¨¢rcel, frente a la pena actual de un mes.
La reacci¨®n de los periodistas fue inmediata, a trav¨¦s del secretario general de la Federaci¨®n Nacional de Prensa, Franco iddi, quien esper¨® que el tr¨¢mite parlamentario sirva para revisar "en profundidad" el proyecto, que consider¨® "vistosamente contrario las convenciones internacionales".
El ministro de Justicia considera que el proyecto alcanza "un punto de equilibrio" entre la protecci¨®n del derecho a la intimidad de los ciudadanos y la posibilidad de intervenir contra los delitos que se puedan cometer.
Investigaciones como las realizadas por la quiebra del gigante alimentario Parmalat o, en los ¨²ltimos d¨ªas, la relativa a un hospital de Mil¨¢n donde presuntamente se dieron casos graves de mala praxis m¨¦dica no se podr¨¢n descubrir si esta norma se empieza a aplicar.
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