Brasil no quiere candidatos con cuentas pendientes con la justicia

Seis de cada 10 parlamentarios brasile?os son objeto de procesos o denuncias judiciales. Unos 152, entre diputados y senadores, est¨¢n o han sido procesados por el Supremo Tribunal Federal. Con el objetivo de impedir que estos pol¨ªticos puedan presentarse a elecciones futuras, el Congreso de Brasil recibi¨® ayer un proyecto de ley respaldado con firmas de m¨¢s de 1,3 millones de ciudadanos, integrantes del Movimiento Combate a la Corrupci¨®n Electoral (CMCCE, en portugu¨¦s), que exigen la modificaci¨®n de la ley actual.

Es la primera vez en este pa¨ªs que el clamor de la opini¨®n p¨²blica llega hasta las puertas del Congreso. Para que la propuesta entre en vigor en las elecciones presidenciales de octubre de 2010, debe ser aprobada antes de junio del a?o entrante. La iniciativa establece que los aspirantes a cargos p¨²blicos no sean objeto de una acusaci¨®n judicial en cr¨ªmenes como robo, fraude, racismo, estupro, asesinato, entre otros. Con la justificaci¨®n de proteger el derecho de presunci¨®n de inocencia, la ley actual permite que los ciudadanos que tienen una acusaci¨®n judicial, y hasta los condenados en primera instancia, sean elegidos si no han sido condenados con una sentencia definitiva.

Con ese sistema, muchos pol¨ªticos procesados y hasta con sentencias judiciales graves se hac¨ªan elegir para que, en ¨²ltima instancia, fueran juzgados s¨®lo por el Tribunal Supremo del pa¨ªs, protegidos por el fuero de su cargo.

Las firmas recopiladas en todo el pa¨ªs piden, concretamente, que sea derogado el principio de presunci¨®n de inocencia. Los promotores de la iniciativa explican que la modificaci¨®n no culpar¨ªa anticipadamente a los acusados, s¨®lo les impedir¨ªa presentarse a unas elecciones para ocupar cargos p¨²blicos; una vez probada su inocencia, podr¨ªan hacerlo.

Al recibir la propuesta de ley, el presidente del Congreso brasile?o, Michel Temer, afirm¨® a los organizadores de la iniciativa que ¨¦sta les produce "respeto" a los congresistas, pero que dif¨ªcilmente ser¨¢ aprobada tal y como est¨¢. Seg¨²n Temer, la condena de un juez de primera instancia no ser¨ªa raz¨®n suficiente para impedir a un ciudadano presentarse a las elecciones. Es posible que la contrapropuesta de los parlamentarios consista en que s¨®lo sean no elegibles para un cargo los condenados por un colectivo de jueces (el siguiente paso judicial tras el juez de primera instancia).

La Conferencia Episcopal de Brasil, el pa¨ªs con m¨¢s cat¨®licos del mundo, es una de las 43 entidades civiles que se han sumado a la iniciativa popular. La mayor¨ªa de las firmas fueron recogidas a lo largo y ancho del pa¨ªs por militantes j¨®venes de estas organizaciones, tanto laicas como religiosas.

Los pormenores de la propuesta popular no estaban previstos en la iniciativa de reforma electoral que estudia actualmente el Gobierno de Brasil. Esta modificaci¨®n s¨®lo habr¨ªa impedido presentarse a cargos pol¨ªticos a los ciudadanos que hubieran sido condenados por delitos electorales, como la compra de votos, y no por cometer otros cr¨ªmenes.