Guatemala renueva su Supremo con varios magistrados cuestionados
Diversas organizaciones rechazaron a seis de los 13 jueces por su trayectoria
La cultura de la componenda, que tiene a Guatemala al borde de la ingobernabilidad, triunf¨® nuevamente la noche del mi¨¦rcoles, cuando el Congreso (Legislativo, unicameral) eligi¨® a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre los que ha incluido a seis juristas cuya trayectoria ha sido cuestionada por diversas organizaciones, entre ellas la Comisi¨®n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el magistrado espa?ol Carlos Castresana.
La elecci¨®n de la nueva Corte Suprema levant¨® grandes expectativas, ya que por primera vez se ha realizado un proceso de selecci¨®n de candidatos al margen de la componenda pura y dura entre partidos pol¨ªticos y grupos de poder.
Hab¨ªa entrado en vigor una nueva ley de postulaci¨®n que, entre otros objetivos, persigue "que sea transparente el proceso de selecci¨®n de candidatos, que se conozcan los m¨¦ritos que llevan a postular a determinado abogado y que la poblaci¨®n conozca los nombres de los aspirantes".
La preselecci¨®n de candidatos fue efectuada por un grupo de notables presidido por los rectores de las universidades de San Carlos, Estuardo G¨¢lvez, y Mesoamericana, F¨¦lix Serrano.
De acuerdo con la nueva ley, las comisiones de postulaci¨®n eligieron a 26 aspirantes para formar parte la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales el Congreso deb¨ªa elegir a 13 titulares y 13 suplentes, de entre los 798 abogados que aspiraron a los cargos. Tambi¨¦n se escogieron 164 aspirantes a las 82 salas de la Corte de Apelaciones, para que el Legislativo, reunido en sesi¨®n permanente, procediera a su elecci¨®n, ya inapelable.
Sin embargo, las esperanzas de que se escogiera a los mejores se vieron frustradas cuando el Congreso eligi¨® a juristas con trayectorias, cuando menos, dudosas. "Es evidente que entraron en colisi¨®n dos grandes intereses: la agenda de la comunidad internacional y los grupos locales que luchan por la justicia, con los afectos de ex funcionarios y militares corruptos que mantienen cuotas de poder. Lamentablemente, el inter¨¦s de Guatemala pas¨® a segundo plano y triunf¨® la alianza de los corruptos con los partidos pol¨ªticos para elegir una corte que les garantice la impunidad", dijo a EL PA?S el analista pol¨ªtico Manuel Conde, ex candidato a la presidencia de Guatemala.
Tambi¨¦n comparte esa opini¨®n la diputada Nineth Montenegro, ponente de la Ley de Postulaci¨®n, quien se ha declarado "decepcionada" por un Congreso que ha ignorado el clamor popular para que se eligieran juristas solventes. Carmen A¨ªda Ibarra, de la fundaci¨®n humanitaria Myrna Mack, afirma que la nueva corte responde a los intereses del partido en el Gobierno. Por su parte, el ex vicepresidente del Gobierno Eduardo Stein declar¨® al diario Prensa libre que los diputados "ratificaron acuerdos pol¨ªticos evidentemente tomados en otros ¨¢mbitos".
El diputado oficialista Mario Taracena ha admitido que la formaci¨®n del Supremo es fruto de acuerdos pol¨ªticos. "Claro que existi¨® un acuerdo previo para elegir a los magistrados", dijo ante la prensa local, para a?adir que "se siente honrado" por que el acuerdo se haya cumplido. El congresista opositor An¨ªbal Garc¨ªa ha condenado la elecci¨®n y afirmado que "la debacle de la justicia en Guatemala requiere cirug¨ªa mayor".
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