El Estado colombiano, condenado por pasividad ante una matanza paramilitar
Un juez decreta una indemnizaci¨®n millonaria por la matanza de Chengue
Unos 2.500 millones de pesos (cerca de un mill¨®n de euros). Es la cantidad que deber¨¢ pagar el Estado colombiano a 195 personas de Chengue, un peque?o pueblo del Caribe donde los paramilitares, la madrugada del 17 de enero de 2001, sembraron el terror y dejaron 27 muertos.
La sentencia, conocida el lunes por la noche, la ha dictado un juez de Sincelejo, capital del departamento donde ocurrieron los hechos, en un proceso de reparaci¨®n a v¨ªctimas. Sustent¨® su fallo en la omisi¨®n de la fuerza p¨²blica, particularmente la polic¨ªa y la Infanter¨ªa de Marina.
No es la primera vez que se da esta condena, cimentada en que la fuerza p¨²blica no actu¨®, hizo la vista gorda y dej¨® que los matones actuaran a sus anchas. El a?o pasado, otro juez de Sincelejo hab¨ªa logrado reparaci¨®n para otro grupo de v¨ªctimas de este crimen.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos conden¨® ya, en fallos a demandas penales, al Estado por tres masacres de estas bandas que sembraron el terror durante dos d¨¦cadas: Mapirip¨¢n (50 muertos), La Rochela (matanza de los miembros de una comisi¨®n judicial) y Pueblo Bello, donde los paramilitares hicieron desaparecer a 37 personas y asesinaron a seis.
Estos grupos, que nacieron ligados al narcotr¨¢fico, usaron como excusa la barbarie de la guerrilla, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para matar, desplazar a campesinos y apoderarse de sus tierras. En 2004 empez¨® el proceso de desmovilizaci¨®n que llev¨® a 30.000 hombres a dejar las armas.
En el caso de Chengue, los paramilitares ten¨ªan amenazada a la poblaci¨®n; seis meses antes hab¨ªan anunciado que tomar¨ªan el pueblo. Las autoridades se quedaron de brazos cruzados.
Ese 17 de enero, a las cuatro de la ma?ana, unos 100 hombres llegaron en tres camiones, tumbaron a patadas las puertas de las casas y obligaron a los atemorizados habitantes a reunirse en la plaza; eligieron a sus v¨ªctimas y los asesinaron, uno a uno, con un golpe de mazo ?de los usados para triturar piedra? en la cabeza. Mar¨ªa Cequera perdi¨® ese d¨ªa a su esposo, su hermano, dos cu?ados, dos t¨ªos y cuatro primos. Mientras los matones hac¨ªan lo suyo, otro grupo quem¨® 32 de los 75 ranchos de la aldea.
Seg¨²n el juez que conden¨® al Estado, qued¨® comprobada la colaboraci¨®n de los integrantes de las Fuerzas Armadas para el ingreso y salida de los paramilitares de Chengue.
En su momento fueron muchas las denuncias que se escucharon en este sentido. Era dif¨ªcil entender c¨®mo los paramilitares se desplazaban por todo el pa¨ªs, en autobuses y en aviones, armados hasta los dientes, sin que nadie los viera. Para cometer la masacre de Mapirip¨¢n viajaron 500 kil¨®metros: desde el Caribe, al norte, hasta la regi¨®n l¨ªmite entre la Orinoqu¨ªa y la Amazonia, al sur.
Hace dos a?os, la fiscal¨ªa impuso una sanci¨®n disciplinaria a tres oficiales de la Armada, entre ellos el contraalmirante Rodrigo Qui?¨®nez. En la sentencia se dice que, aunque ten¨ªa en sus manos los elementos para detener a los paras que llegaron a Chengue, no hizo nada.
Adem¨¢s de miembros de la Fuerza P¨²blica, hay pol¨ªticos implicados en esta masacre. Dos de los fiscales del caso han sido asesinados. El comandante de la brutal acci¨®n, Juancho Dique, ya confes¨®, est¨¢ detenido y, seg¨²n la Ley de Justicia y Paz, marco jur¨ªdico de la desmovilizaci¨®n paramilitar, permanecer¨¢ un m¨¢ximo de ocho a?os en la c¨¢rcel.
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